¿Se debe negociar con el crimen organizado?

Es cíclico... La violencia no cede, la persecución de los cárteles no deja resultados precisamente alentadores por mucho que los capos son detenidos día a día, la desesperación crece entre los ciudadanos y la pregunta vuelve a aparecer: ¿y si pactamos con el crimen organizado? El último en plantearla fue el ex presidente Vicente Fox, con el revuelo que suelen concitar sus intervenciones públicas y con al menos una consecuencia positiva: invita a discutir a fondo el tema. ¿Es ético, es útil, más aún: es posible pactar con las mafias? Esta semana en Tribuna.

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Negociar a la Fox

Roberto Gil Zuarth

Presidente del Senado.

¿Tiene sentido considerar la propuesta de negociar con el crimen organizado?. ¿Es políticamente razonable y éticamente legítima la sugerencia foxista? ¿Existe algún precedente o experiencia que sirva como asidero para tomarla en cuenta? ¿Es verdaderamente la única opción, la última ratio, que tiene el país para pacificar nuestra convivencia?

Por negociación con el crimen organizado se puede entender, al menos, tres cosas. En primer lugar, un acuerdo explícito o implícito con el Estado para establecer márgenes de tolerancia a las actividades de estas bandas criminales. A cambio de relajar o dosificar la acción persecutora del Estado –menos coacción pública–, los criminales se comprometen a disminuir el impacto de sus actividades –menos violencia privada–. La cláusula de esta suerte de contrato establecería que, por ejemplo, las bandas pueden traficar drogas, personas o bienes de procedencia ilícita con cierto grado de libertad, siempre y cuando no roben, secuestren o extorsionen. O dicho de una manera coloquial: el Estado los deja hacer si y solo si se mantienen a raya.

En segundo lugar, por negociación podría sugerirse una política de desarme y desmovilización de las bandas criminales, esto es, un programa de salida de la actividad criminal, en la lógica de los procesos seguidos en los casos de movimientos políticos armados. Siguiendo el símil, el Estado reconocería legitimidad política a la causa y al grupo criminal, renunciaría de forma relativa al ejercicio de su potestad sancionatoria y, bajo ciertas circunstancias, abriría una puerta para el regreso a la sociedad de un conjunto de personas que se apartaron de la ley. Esta opción implicaría reconocer que el cartel del Golfo o los Zetas, por ejemplo, tienen alguna condición que hace legítima su existencia, es decir, que son movimientos armados que surgieron como resultado de injusticias, vacíos o excesos de autoridad, ausencia de libertades o derechos, etcétera. Los zetas como los zapatistas o los revolucionarios del siglo XXI.

Finalmente, por negociación también se puede entender el uso de ciertos instrumentos de política criminal o del derecho penal y, en general, la discreción con la que cuenta el Estado para priorizar y gestionar el monopolio de la coacción. Esto no es otra cosa que un conjunto de herramientas encaminadas a la óptima utilización de los recursos institucionales, por definición escasos, con el propósito de aumentar la probabilidad de que un delito se castigue y crear percepciones disuasivas para la sociedad en su conjunto: criterios de oportunidad, testigos colaboradores, mecanismos alternativos de solución de controversias penales, reclasificación de delitos a cambio de la reparación integral del daño, procedimientos abreviados, suspensión del proceso, liberación anticipada o condicionada de sentenciados, entre un largo etcétera. Todos estos instrumentos responden a una decisión de política pública: dónde colocar la sábana de la eficacia estatal, cómo alcanzar el equilibrio del 80/20 de los recursos disponibles, qué conductas perseguir con mayor severidad y cuáles derivar al ámbito de lo no penal.

Vicente Fox confunde las tres y, por ello, es sumamente difícil advertir alguna mínima profundidad en su propuesta. Justamente por esas confusiones, el dardo no tiene punta. No podemos volver a la época de la “paz narca” por la sencilla razón de que las bandas criminales se han pulverizado y diversificado: evolucionaron de pocas dedicadas al trasiego de drogas a muchas especializadas en la extracción de rentas de la sociedad –robo, secuestro, extorsión, trata, economía ilegal–. Independientemente del reproche ético que un acuerdo de este tipo implica, es iluso pensar en un acuerdo estable con cientos de organizaciones que se disputan entre sí el mercado de lo ilícito, y no nada más el submundo de las drogas. No me imagino qué legitimidad podría tener un Estado que permita que los criminales roben poquito, secuestren poquito o maten lo mínimo indispensable.

Tampoco encuentro razones para justificar éticamente los objetivos del crimen organizado y, en consecuencia, para otorgarles amnistías, indultos, perdones o, en general, para diluir su responsabilidad frente a la ley. Su desarme y desmovilización puede realizarse a través de instituciones restaurativas y dinámicas resilentes; atacando las causas criminógenas de la violencia y reconstruyendo el tejido social; desde la generación de oportunidades para los jóvenes hasta el debido proceso; desde el respeto a los derechos humanos y el trato justo e igual que activa motivaciones internas para respetar la ley; desde la reparación efectiva del daño y la reinserción social.

Y, por lo demás, usar los instrumentos del derecho penal y una buena y razonable política criminal no supone negociación ni claudicación: sólo un poco de técnica para enfrentar los problemas de nuestra convivencia. Ahí donde Fox ve negociación, sólo hay ejercicio de la razonabilidad y proporcionalidad penal.

La paz de México, el fin de la ola de violencia, exige tomar en serio los consejos del ex presidente: contención de los criminales, fortalecimiento institucional, reconstrucción del tejido social, reducción del mercado negro de las drogas.  Sí, las propuestas del ex presidente Felipe Calderón; no las temeridades tardías del hombre que logró la transición.