¿Se debe negociar con el crimen organizado?

Es cíclico... La violencia no cede, la persecución de los cárteles no deja resultados precisamente alentadores por mucho que los capos son detenidos día a día, la desesperación crece entre los ciudadanos y la pregunta vuelve a aparecer: ¿y si pactamos con el crimen organizado? El último en plantearla fue el ex presidente Vicente Fox, con el revuelo que suelen concitar sus intervenciones públicas y con al menos una consecuencia positiva: invita a discutir a fondo el tema. ¿Es ético, es útil, más aún: es posible pactar con las mafias? Esta semana en Tribuna.

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    1. Ernesto López Portillo

      Fox el chacotero

      Director y fundador del Instituto para la ...
    2. Juan Salgado

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      Profesor investigador del CIDE.
    3. Roberto Gil Zuarth

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La estrategia de Mefistófeles

Alfonso Valenzuela

Director del Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social.

Cuenta la leyenda germánica que el Doctor Fausto pacta con Mefistófeles para que, a cambio de su alma, acceda a conocimientos, dinero y poder ilimitados por un cierto tiempo. Terminado el plazo, Fausto se percata aterrado de que tiene que ingresar a los infiernos, y el abismo termina cerrándose tras él.

Es a partir de las recientes declaraciones de Vicente Fox sobre la necesidad de pactar con los grupos criminales, que surge nuevamente la discusión acerca de la legitimidad de una estrategia de negociación con el crimen organizado que, además del negocio de la droga, se dedica a la extorsión, el secuestro y la trata de personas. Fox ha manifestado en varias ocasiones su interés por participar en el mercado de la mariguana una vez que este sea legalizado. Sin embargo, es interesante que, más allá de su interés pragmático y empresarial, retome la discusión sobre la necesidad de combatir el narcotráfico con medios no violentos. Esto sonaría razonable, si bien estamos de acuerdo en que existen causas sociales que deben ser atendidas para ofrecer una mejor perspectiva a la población vulnerable y marginal, pero no podemos olvidar que los instrumentos para lograrlo pasan necesariamente por el combate a la corrupción y la impunidad, ausente en el sexenio foxista.

Todos sabemos que la estrategia adoptada a continuación por el ex presidente Felipe Calderón, la cual intentaba cortar la cabeza de la hidra del narcotráfico de un solo tajo, se encontró con la aparición de diez mil cabezas más, por lo que hoy en día la idea de pactar con medio centenar de organizaciones, entre cárteles y células afiliadas, se vuelve una empresa más allá de cualquier negociación gubernamental. El argumento que sostiene que deberíamos regresar a la “Paxmafiosa” de antaño, en donde se dejaba operar a las organizaciones criminales a cambio de no violentar a la ciudadanía, es una opción viciada desde su origen, en el entendido de que se basa en un acuerdo paralegal entre los poderes político y criminal, pero en donde el camino al infierno de Mefistófeles está garantizado.

En el ejemplo siempre presente de Colombia, con quien ahora nos vemos en desventaja en cuanto a la fase en que nos ubicamos con respecto a la violencia generada por la guerra contra las drogas, sus gobernantes nos refieren una y otra vez que los pactos cupulares que ellos intentaron concretar nunca fueron de gran alcance. De hecho, el mismo ex presidente Álvaro Uribe, quien no se caracterizó por ser un pacifista, reconoció que “es un mal negocio pactar con el crimen organizado” y que, en última instancia, no sería el camino para la democracia de un país. Pero, ¿por qué no es el camino? De entrada, porque las organizaciones criminales tienen un comportamiento dinámico e inestable, de modo que los acuerdos nunca son definitivos, y en todo caso no existen los mecanismos para sancionar el incumplimiento de un pacto de esta naturaleza.

Existen, sin embargo, algunos analistas que sugieren la posibilidad de concertar una tregua entre grupos delictivos para disminuir la violencia, como se hizo en su momento con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha en El Salvador. Sin embargo, aun cuando disminuyó el índice de homicidios, otros delitos como la extorsión y el secuestro se dispararon. La desmovilización de paramilitares en Colombia es otro ejemplo recurrente en donde se ofrecían beneficios a cambio de confesiones, reparación del daño a las víctimas y entrega de bienes obtenidos de manera ilícita, el cual funcionó apenas parcialmente. En Brasil tenemos el caso del Primer Comando de la Capital (PCC), una organización delictiva que después de generar una ola de violencia particularmente cruenta negoció un acuerdo cupular con el gobierno paulista, logrando así una tregua temporal que le permitió a la capital brasileña ufanarse de la reducción de la violencia, aun si por un periodo limitado. En la provincia de Buenos Aires se regularon las actividades del narcotráfico a través de un pacto policial-criminal que, sin embargo, no logró hasta ahora generar las capacidades de gobernabilidad política que requiere la seguridad pública.

En los casos latinoamericanos referidos, el buen resultado inicial de las intervenciones dio paso al resurgimiento de la violencia a niveles similares a los iniciales. Esto no permite dilucidar si se trata de ciclos en donde los índices oscilan dependiendo de un conjunto de factores, si los arreglos entre las partes se desgastan con el tiempo, o simplemente si los acuerdos pueden considerarse como medidas paliativas para ganar un poco de tiempo mientras se ordena un poco la casa y se establece un marco legal más consistente.

Ahora, que no pactar con el crimen organizado no quiere decir que entonces no se tenga que hacer nada. Esto sería un falso dilema que deja a la ciudadanía escogiendo entre la violencia desmedida o el gobierno compartido con las organizaciones criminales. Las acciones que permiten acotar la economía ilegal pasan por establecer controles más estrictos de los flujos de capital, como son el legislar contra la transferencia de capitales a los llamados paraísos fiscales, detectar las grandes inversiones inmobiliarias que sirven como mecanismos de lavado de dinero, aplicar controles rigurosos en las fuerzas armadas y del orden, así como combatir la corrupción, por ejemplo aprobando de una vez la Ley 3 de 3.

La legalización de la mariguana y la despenalización de las drogas son una estrategia del combate al narcotráfico, pero el pactar con el crimen organizado no lo es tanto. El camino a la democracia exige mayores controles sobre las actividades ilegales, por lo que la consolidación de un narco-Estado en México es un paso en falso que deja a la ciudadanía todavía más desprotegida y alejada del Estado de derecho, por más atractiva que pueda sonar la oferta de Mefistófeles.