¿Quién gana en el Poli?

Perplejidad: esa es la palabra que mejor describe el sentimiento generalizado ante el movimiento del IPN. Perplejidad por lo abrupto y lo multitudinario de su aparición; por la bruma que rodeaba y rodea todavía a sus exigencias, derivadas de una serie de modificaciones al reglamento que en general desconocíamos o no entendíamos; por la respuesta del secretario de Gobernación, que se arremangó (literalmente) para hablar de tú a tú con los manifestantes;  por el éxito del movimiento, que logró en pocos días que se cumplieran sus demandas, incluida la destitución de la directora Yoloxóchitl Bustamante, y desde luego por su civilizada persistencia. Proponemos, a continuación, una radiografía a vuelapluma de un movimiento con perdedores, pero, hasta hoy, sin ganadores evidentes.

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Otro fracaso: la no reforma del IPN

Axel Didriksson

Ex secretario de Educación del DF. Investigador de la Red de Investigadores sobre Educación Superior, UNAM.

Un movimiento estudiantil que tiene historia, tiene que tener futuro. Ojalá que los medios de manipulación masiva dominantes no estén en contubernio con las maniobras políticas de los que tienen que agarrar algo para no hacer evidente su descrédito, ni con los despropósitos de las autoridades ahora en el banquillo de los acusados y su oportunismo, ni para hacer de la desgracia de los jóvenes un motivo para legitimarse; y que el movimiento del IPN tenga un fin positivo e inmediato a favor de la comunidad de profesores y estudiantes, de su autonomía y de su derecho al autogobierno. Otra solución será ahondar en el clima de ingobernabilidad que se vive día a día, aquí y en otros lados.

Al igual que como se operó una reforma educativa (que no lo es en sentido estricto) que modificó en una acción fast track dos artículos constitucionales, el Tercero y el Setenta y Tres ( a finales de 2012 ya estaba preparado el resolutivo de modificación de estos artículos, y a principios del siguiente año éstos se habían aprobado con el acuerdo de una veintena de congresos locales), también, en el IPN, la aprobación de un nuevo Reglamento Interno (el anterior venía de 1998) se buscó imponer en menos de dos meses, entre agosto y septiembre del presente.

La intención de modificar el Reglamento Interno se fue impulsando desde la llegada de la ahora obligada a renunciar administración, con un modelo que se consideró como el único “institucional”, enraizado en una política pública que predominó en la educación media superior y superior desde el pasado sexenio (y último panista, el de Felipe Calderón y el dominio de la cúpula del SNTE en la SEP), con la idea de implantar un enfoque de “competencias”, estándares, de evaluación de la calidad y la excelencia, el “emprendedurismo”, desde componentes de mercantilización de tipo tecnocrático y burocrático.

Ante los primeros ejercicios que intentaron modificar el Reglamento del IPN (2013), la respuesta de los estudiantes y de muchos maestros fue puntual, pero se optó, entonces, por el diálogo y la conciliación. La dirección, a cargo de la doctora. Yoloxóchitl Bustamante, gozaba entonces de una imagen progresista por poner al frente la vida académica y escuchar a todas las voces. Con su designación para un nuevo periodo al frente del Instituto y con la urgencia por imponer su reglamento, que se hizo obligatorio y de urgente resolución, se presentó el mismo fenómeno de enajenación que le ocurrió al ex rector, Francisco Barnés, cuando de forma obcecada se pretendió modificar el reglamento de cuotas en la UNAM. Las consecuencias de esta alteración imprudente fueron, como se sabe, un paro de nueve meses en la institución. Esto mismo se vive intensamente en el IPN, con las diferencias que deben ser tomadas en cuenta, por los contextos y los distintos tiempos políticos.

Entre los meses de agosto y septiembre de este año, la dirección del IPN organizó una simulación de consulta para discutir las secciones y artículos de una modificación reglamentaria que, de forma súbita, el 24 de septiembre del presente, fue aprobada bajo la forma de un nuevo Reglamento Interno, con el subterfugio de hacerlo vigente “tan pronto se publicara en la Gaceta Politécnica”. La respuesta a este acto imprudente fue el rechazo de los estudiantes, porque ya traían antecedentes de discusión respecto a lo que se venía. Y no era para menos, dado que se trataba de alteraciones en la vida institucional y de los fines y funciones del IPN, que pretendían dar un giro al carácter de bien público y social de esa institución hacia uno de corte mercantil y tecnocrático.

En este reglamento se buscaba institucionalizar un muy confuso y poco original enfoque de “currículum por competencias”, entendido como el modelo predominante en la organización de los planes y programas de estudio y en la evaluación del desempeño académico de los profesores e investigadores, por la vía de “parámetros”, “indicadores e instrumentos” de evaluación, a través de la “medición” de su desempeño. Exactamente el mismo enfoque y la misma orientación con los que se está instrumentando la evaluación al magisterio nacional, y que ya va para año y medio en condición de conflicto.

Se introduce, asimismo, la idea de propiciar un enfoque (de por sí viejo y anquilosado) de “capital humano” para redefinir la oferta educativa institucional, por donde se colaron unas supuestas “salidas laterales” para aquellos que así lo deseen, es decir, para aquellos estudiantes que puedan ser considerados como “no aptos” para culminar con su carrera. Esto representa un verdadero contrasentido en una institución de educación superior que debería propiciar el mejoramiento del aprendizaje integral general para alcanzar mayores tasas de titulación y trayectorias académicas exitosas, precisamente para no enviar a miles de estudiantes a un incierto, precario y bastante restringido mercado laboral. Se les ocurrió lo contrario.

Por si fuera poco, las humanidades se eliminan como materias obligatorias en el nivel medio superior y superior, y con ello se echó por tierra todo el esfuerzo que costó hacer ver a las autoridades de la SEP, por parte del Observatorio Filosófico Mexicano, la necesidad de reconsiderar la vigencia de las humanidades en los planes de estudio de este nivel. Se hizo por parte de la SEP, pero en el Reglamento del IPN se les puso a un lado.

Se modifican en el Reglamento, gravemente, las funciones sustantivas de una institución de educación superior, a saber: de docencia, investigación y difusión de la cultura, introduciendo una nueva función de “integración social” con la que se pretendía “el fomento a la cultura emprendedora, la incubación de empresas, el incremento de la productividad y la competitividad, la transferencia de tecnología, asimilación de tecnología e innovación tecnológica y otras, con el propósito de contribuir al desarrollo socio-económico del país dentro de un contexto internacional”. Y ello también se justifica con la idea de que se podrán generar “ingresos adicionales”. Se puede documentar en la experiencia internacional que cuando se impulsa este tipo de iniciativas de plataformas de transferencia tecnológica, o de incubación de empresas, lo más pertinente es organizar las mismas por fuera de la universidad, con modelos organizacionales tipo empresarial, con una administración propia y una legislación que permita, en efecto, patentes, innovaciones y aprendizajes en el contexto de su aplicación. La vida académica tiene otros caminos para su buen desempeño; la investigación y la docencia deben regirse por criterios de libertad académica y autonomía mientras el desarrollo de los conocimientos debe enfocarse en sus componentes tácitos, y lo peor es hacer depender este ethos académico de orientaciones de mercado.

También en el Reglamento se presenta de forma desmesurada, y hasta amenazante, un capitulado de responsabilidades y sanciones hacia estudiantes y profesores por encima del de sus derechos, en el que no aparece, sin embargo, nada que haga referencia a las responsabilidades de y sanciones hacia el cuerpo directivo y sus autoridades, como si éstos estuvieran, de forma cristalina, más allá del bien y del mal.

Con semejantes medidas y condiciones, un reglamento de este tipo tenía que resultar seria y fuertemente impugnado, como lo fue, y la demostración más evidente se presentó el pasado 31 de octubre, cuando miles de estudiantes llegaron hasta la Secretaría de Gobernación e hicieron salir de sus oficinas al mismísimo Osorio Chong, el secretario, para entablar un diálogo directo con los manifestantes. Esta acción se ha interpretado de diversas maneras, unas a favor del “oficio” político del Secretario y otras como la adecuada convocatoria y prudente organización de los politécnicos, que mostraron altura y disciplina. Otros secretarios de gobierno estatales no han de estar muy de acuerdo con eso de estar saliendo a “dialogar” con manifestantes de forma directa, ni tampoco muchas autoridades universitarias. Aún menos en distintos estados de la República, en donde el conflicto estudiantil, magisterial, o social en general, está al borde de la ingobernabilidad, como ocurre en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, o en otros estados y zonas del país en donde el conflicto está rebasando con mucho a todas las autoridades. Ahí, el buen oficio del secretario de Gobernación no está como para ser emulado.

¿Y la SEP, después de todo esto? Pues simple y llanamente no está presente, ni tiene iniciativas, ni altura de miras. Desde el año pasado, cuando irrumpió el conflicto de la CNTE en contra de la reforma al artículo 73 constitucional, le pasó la factura y la tarea a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de los estados, bajo la imagen cruda pero elocuente de una postura de avestruz. Ni resuelve, ni enfrenta, ni opina sobre lo que ocurre en el sistema educativo nacional; tampoco hace nada para promover su mejor desempeño, elevar las condiciones de estudio y cobertura o disminuir la profunda desigualdad al garantizar el derecho universal de una educación para todos, pero patalea con argumentos legaloides cada que puede y cuando puede.

El fin de este conflicto está en ciernes. La disyuntiva está entre si predominará la acción mediática de una Secretaría de Gobernación que hizo una actuación efímera, porque no es constante ni tampoco ha impuesto un estilo permanente frente a coyunturas posibles de ser utilizadas; o bien si se harán presentes un paro y un conflicto permanentes, con la radicalización que esto conlleva, tal y como ocurre en muchos de los innumerables procesos que están vigentes y se viven día con día y que no tienen alguna salida oportuna, ni tampoco son resueltos desde una simple acción mediática afortunada.