¿Quién gana cuando gana el Verde?

Lo que el viento a Juárez: eso parecerían hacerle al PVEM las multas como las que acaba de propinarle el Tribunal Electoral, los videoescándalos como el protagonizado por uno de sus líderes históricos, la acumulación de firmas para exigir su desaparición y hasta los roces con la nota roja de algunos de esos mismos líderes. Porque los verdes, a pesar de todos los pesares, son eficaces: según algunas encuestas, en las próximas elecciones podrían alcanzar un número histórico de votos, quizá hasta un 10% del total. ¿Cuál es el secreto de su éxito? ¿Hay algo más allá de la publicidad y la repartición de regalos?

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El color de la impunidad

Alfredo Figueroa

Ex consejero del IFE.

Puede uno no tener precisamente simpatía por un partido cuyos dirigentes han sido grabados en actos de posible corrupción. Puede parecernos que su estilo de "niños bien" es entre penoso y repugnante. Puede incluso entenderse que su función en el poder legislativo sea la defensa de los intereses de empresas privadas, como es el caso de Televisa, y que sean el corazón de eso que se llama la telebancada. Sin embargo, todos estos asuntos son más o menos comunes a las democracias en el mundo. El problema del Partido Verde es otro: su actuación sistemática, dolosa y reiterada, como partido político, en contra de las reglas de la competencia electoral.

Cerca de 300 mil spots ilegales, cineminutos, tarjetas platino, uso de programas sociales, kits escolares, uso de datos personales, lentes, espectaculares y más, todos para posicionar anticipadamente al Verde, rompiendo con la equidad en la contienda. Esto es lo que resulta inadmisible en términos democráticos, porque la naturaleza de la igualdad jurídica reside precisamente en no obtener ventajas y privilegios ilegales frente a otros. La magnitud extraordinaria del fraude a la Constitución y a las leyes por parte del Verde es inocultable.

En las democracias también hay corrupción, delitos y fraudes. Lo que les distingue de un régimen autoritario es la capacidad de enfrentar por medios institucionales y jurídicamente válidos prácticas que pongan en peligro su existencia. No es la corrupción política, es la impunidad el problema central.

Las autoridades electorales toleraron durante meses que el Verde actuara de este modo contra las reglas del juego. Desde septiembre de 2014 simuló la promoción de informes legislativos a través de spots donde, en realidad, se promovía como partido político mediante una campaña millonaria en televisión. El costo de esos spots (en una estimación conservadora) es de alrededor de 400 millones de pesos, más que todos los recursos que ese partido obtiene en un año. Las denuncias sobre fiscalización que no ha resuelto el INE siguen sin decirnos cuál es la magnitud del gasto, cuál es el origen de esos recursos o si, como podría especularse, son una aportación en especie de las empresas de televisión a cambio de la nueva telebancada del Verde en la Cámara de Diputados.

Las primeras reacciones del INE llegarían hasta el último día de 2014 para suspender las campañas ilegales en espectaculares y cineminutos, después de una sentencia del Tribunal que finalmente ordenara la suspensión de los spots legislativos, calificándolos como "acciones y conductas que denotan una actuación sistemática" de buscar "un posicionamiento de un partido político", y por la ausencia fortuita de dos consejeras (Favela y Galindo) que desde la Comisión de Quejas venían siendo la garantía de impunidad del Partido Verde. A ello se han sucedido desacatos, denuncias, sanciones, nuevos y reiterados episodios de violación a la ley. La estrategia no es nueva, no era imprevisible; todos quienes hemos estado en la vida electoral sabemos que desde 2009 el Verde ha intentado mecanismos similares de fraude a la ley.

En medio de la crisis de confianza que viven los partidos políticos, las instituciones y los gobernantes, un grupo de ciudadanos iniciamos una petición en la plataforma change.org (#QuitenRegistroAlVerde) que ha sido suscrita por cerca de 70 mil personas, porque entendemos que más allá de las legítimas preferencias que cada quien tenga a la hora de ejercer su voto, nos corresponde a todos la defensa de las reglas de la democracia. Se trata de una exigencia pública al INE y al Tribunal Electoral para que actúen y garanticen una competencia equitativa, porque no es admisible que supongan que la ruptura de la equidad en esta magnitud pueda restablecerse, porque la reforma de 2014 puso en el centro el tema de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos –y sin embargo, hasta la fecha, las quejas presentadas por las campañas emprendidas por el Verde aún no han sido resueltas–, y porque es claro que su actuación ha sido tardía e insuficiente.

Se trata de pedirles solamente que cumplan con la ley en sus términos, aunque Lorenzo Córdova (presidente del INE) califique el derecho constitucional de petición como una estridencia. Su muy respetable y muy estética opinión de los derechos no lo exime de la obligación por su resguardo. Porque esta suerte de extendido y conservador concepto de "legalidad" que no tutela principios, debido proceso, que todo lo simula, es equiparable más bien a la vieja definición de sexualidad victoriana: retenida, muda, hipócrita.

Lo que está en juego es algo más que una resolución, incluso más que la pérdida de un registro; lo que nos jugamos es la legitimidad de la representación popular, la posibilidad de recuperar el camino civilizado del cambio democrático, o la confirmación de que la restauración autoritaria ha encontrado los medios y las instituciones para instalarse de vuelta en nuestra vida.

                                                                                                                                                                                    @FigueroaAlfredo