¿Qué tan desamparados están nuestros niños?

Si quedaban dudas, quedaron disipadas tras las últimas noticias: es hora de reflexionar a profundidad sobre la situación de la infancia en México. Abundan las preguntas. ¿Las leyes protegen adecuadamente a los niños? ¿Se cumplen? ¿Qué tanto imperan la impunidad y la ineficiencia? ¿Hay infraestructura suficiente, coordinación entre las instituciones, proyectos educativos racionales, vigilancia por parte de las autoridades? Proponemos a continuación un mosaico de opiniones encontradas, cifras, propuestas, que, esperamos, traerá algunas certezas, pero sobre todo más preguntas.

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    1. Isabel  Crowley

      La información como prioridad

      Representante de UNICEF en México.
    2. Mara Robles

      Malos tiempos

      Secretaria de Educación del DF.
    3. Juan Martín Pérez García

      Un Estado en deuda

      Director ejecutivo de REDIM.
    4. Ricardo Fletes Corona

      Lejos del amarillismo

      Autor de La infancia abandonada. 

Las leyes no bastan

Laura Vargas Carrillo

Titular del Sistema Nacional DIF.

La protección de los derechos de los niños y su reconocimiento internacional data de 1924, con la Declaración de Ginebra, que posteriormente se concreta en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Treinta años después, impulsada por la Asamblea General de la ONU, se adopta, el 20 de noviembre de 1989, la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento jurídico vinculante que representa el primer acuerdo internacional sobre derechos humanos que protege de forma expresa a la infancia y que precisamente durante el presente año celebra el vigésimo quinto aniversario de su aprobación. Es importante subrayar que México fue uno de los países que promovió la Primera Cumbre Mundial a favor de la Infancia, celebrada en Nueva York (1990), y un decidido impulsor de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que es Estado Parte a partir de 1991.

Como consecuencia de esta ratificación, nuestro país asumió el gran reto de atender el bienestar de las niñas y niños. Así, en el año 2000, se eleva a rango constitucional los derechos de la infancia mediante reforma al artículo 4°, y ese mismo año se promulga la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que pese a las críticas, y las que para algunos son inconsistencias, permitió impulsar las respectivas leyes en las entidades federativas e inclusive reformas a códigos civiles y penales, lo que significó un esfuerzo considerable en la tarea de armonizar la legislación nacional con las disposiciones de la Convención.

Posteriormente, en octubre de 2011, se reformó al artículo 4º constitucional para elevar a ese rango “el interés superior de la niñez”, uno de los principios básicos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que deberá ser observado en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos.

Actualmente, nuestra Carta Magna les reconoce a la infancia y la adolescencia los derechos humanos y garantías individuales que consagra para todas las personas, entre los que destacan los contemplados en los artículos 1º, 2º, 3º 4º y 18, así como en el apartado “A” del 123. Las más recientes adiciones constitucionales (junio de 2014) al artículo 4° y al apartado “A” del 123 establecieron el derecho a la identidad y al registro inmediato al nacer, así como la prohibición al trabajo de los menores de quince años, respectivamente. Dentro del orden jurídico nacional se subraya la trascendencia de leyes secundarias como la Ley General de Salud (1984); la Ley General de Educación (1993); la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación(2003); la Ley de Asistencia Social (2004); la Ley General de Desarrollo Social (2004); la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003); la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007); la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos (2012), y la Ley General de Víctimas (2013), por mencionar algunas. Por lo que respecta al marco jurídico internacional, México es Estado Parte de la mayoría de los instrumentos internacionales de protección de los derechos de la infancia.

Sin duda contamos con un marco jurídico muy importante que tiene que irse adecuando a las necesidades de la sociedad, y en la presente administración estamos comprometidos en trabajar en ello, atendiendo en todo momento el interés superior de la infancia. Estamos diseñando, formulando, implementando y evaluando diversas políticas públicas de protección a la infancia, siempre en busca de impulsar su bienestar y su calidad de vida. Pero no debemos olvidar que la infancia es responsabilidad de todos: de la familia, el espacio idóneo para su formación y que en múltiples ocasiones es la primera en violentar sus derechos, de los maestros y de la sociedad en su conjunto, porque todos en menor o mayor medida debemos contribuir a lograr un verdadero sistema de protección para nuestras niñas y niños.

De conformidad con datos proporcionados por el INEGI, en México hay una población de 43’541,908 niñas, niños y adolescentes en el rango de edad de 0 a 19 años, lo que representa el 38.7 % de la población total. Estas cifras nos brindan una dimensión del desafío por atender. Por ello, podemos afirmar que el goce efectivo de los derechos de nuestra infancia solo se logrará con la suma de esfuerzos y voluntades de todos los mexicanos.