¿Qué tan desamparados están nuestros niños?

Si quedaban dudas, quedaron disipadas tras las últimas noticias: es hora de reflexionar a profundidad sobre la situación de la infancia en México. Abundan las preguntas. ¿Las leyes protegen adecuadamente a los niños? ¿Se cumplen? ¿Qué tanto imperan la impunidad y la ineficiencia? ¿Hay infraestructura suficiente, coordinación entre las instituciones, proyectos educativos racionales, vigilancia por parte de las autoridades? Proponemos a continuación un mosaico de opiniones encontradas, cifras, propuestas, que, esperamos, traerá algunas certezas, pero sobre todo más preguntas.

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    1. Laura Vargas Carrillo

      Las leyes no bastan

      Titular del Sistema Nacional DIF.
    2. Mara Robles

      Malos tiempos

      Secretaria de Educación del DF.
    3. Juan Martín Pérez García

      Un Estado en deuda

      Director ejecutivo de REDIM.
    4. Ricardo Fletes Corona

      Lejos del amarillismo

      Autor de La infancia abandonada. 

La información como prioridad

Isabel  Crowley

Representante de UNICEF en México.

En los últimos meses han salido a la luz pública una serie de casos relacionados con situaciones de violencia, explotación y abuso en contra de niños, niñas y adolescentes en el país, ya sea en situaciones de migración, bajo cuidados institucionales o causados por la violencia en el hogar, o debido a la violencia pública. Esta preocupante coyuntura nos llama a la acción urgente. Por ello UNICEF reitera la necesidad de avanzar hacia la estructuración de un sistema integral de garantía de derechos, que cuente con mecanismos de protección especial para responder de manera eficiente a los casos en los que han sido vulnerados y violados esos derechos.

En esta época de planeación y preparación para el presupuesto público del año 2015, se hace evidente la importancia de tomar en consideración las necesidades presupuestarias para la conformación de un sistema integral de garantía de derechos para niños y niñas. Un sistema integral encabezado por un órgano rector al más alto nivel, con presupuesto propio, que coordine y de seguimiento a las prioridades establecidas en planes nacionales y estatales, aseguraría que los diferentes sectores de atención a la infancia en el país, como son educación, salud y asistencia social, entre otros, y las diferentes instancias públicas a nivel federal, estatal y municipal operen de forma coordinada y eficaz para proteger efectivamente a niñas, niños y adolescentes. De esa manera se garantizaría el cumplimiento de sus derechos, especialmente de los más vulnerables, mediante protocolos estandarizados de operación, servicios de calidad, políticas integrales y procedimientos judiciales amigables para la infancia.

En el caso particular de todas las instituciones tanto públicas como privadas que albergan y tienen bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, y haciendo referencia a los hechos ocurridos en la institución conocida como La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán, UNICEF enfatiza la urgencia de colocar en el centro de la agenda nacional la revisión de los procesos de institucionalización y cuidados alternativos de niños privados de su medio familiar, tomando como marco de referencia la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Estado mexicano en 1990, y las Directrices de Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños.

Esta revisión tendría que hacer énfasis en la urgencia de contar con un sistema nacional de registro de albergues y casas de cuidado, que entre otras cosas proporcione información actualizada sobre cuántos niños y niñas están institucionalizados y cuál es su situación, así como el establecimiento de un sistema de supervisión de dichas instituciones y estándares de cuidado acordadas por las autoridades que hagan una revisión regular de la situación y las razones por las que niñas y niños privados de su medio familiar se encuentran en instituciones de cuidado y promover soluciones alternativas. Este proceso tendría que ir de la mano de un sistema de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad como un mecanismo de prevención de la institucionalización de niños y niñas.

Al respecto, la CDN establece que:

  • Todos los niños y niñas tienen derecho a vivir en familia, siendo éste el espacio primordial para su crecimiento. En este sentido, incumbe a los padres o representantes legales la responsabilidad primaria de la crianza, protección y desarrollo del niño.
  • El Estado debe apoyar a las familias, prestar asistencia a los padres y representantes legales para el desempeño de sus responsabilidades y velar porque ningún niño sea separado de su familia, salvo en los casos en que tal separación sea necesaria porque el niño esté siendo objeto de violencia, abuso, descuido, malos tratos o explotación mientras se encuentre bajo la custodia de los padres, un representante legal o cualquier persona que lo tenga a su cargo.
  • Cuando un niño se encuentre temporal o permanentemente privado de su medio familiar, o cuando por el interés superior del mismo se exija que no permanezca en ese medio, tiene derecho a la protección y asistencia especiales. Para ello, se debe garantizar el acceso a cuidados alternativos y, si es necesario, la colocación en instituciones adecuadas para su protección.

Al respecto, las últimas observaciones formuladas a México por el Comité de los Derechos del Niño, en 2006, dejaron manifiesta la preocupación de éste por la falta de información sobre el número y las condiciones de vida de los niños que han sido separados de sus padres y viven en instituciones. El Comité recomendó reforzar las medidas vigentes para evitar la separación de los niños de sus familias y adoptar medidas eficaces para evaluar el número y las condiciones de vida de los que viven en instituciones, incluyendo las administradas por el sector privado. En particular, el Comité recomendó reforzar las acciones de capacitación del personal y asignar mayores recursos a los órganos pertinentes.

Este año, la Convención sobre los Derechos del Niño celebra 25 años. Es la primera ley internacional que establece que todas las niñas, niños y adolescentes de todos los países tienen derechos y que su cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado. México entre ellos.

Al establecerse en la CDN que garantizar los derechos de los niños y niñas es una tarea compartida entre el Estado y las familias, UNICEF hace un llamado a todos los miembros de la sociedad a tomar un rol protagónico en la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia.

En general, sólo es posible convertir estas normas en una realidad cotidiana cuando todos los miembros de la sociedad las conocen y las respetan: los padres y madres, los miembros de la familia y de la comunidad; los maestros y autoridades escolares; los trabajadores de las instituciones públicas y privadas que tienen niñas y niños a su cuidado, y las autoridades del orden público en todos los niveles del gobierno.

Cada niña y cada niño es un recurso precioso del país con un potencial enorme para crecer y desarrollarse y poder contribuir de maneras inimaginables a sus comunidades y sociedades. No verlo así sería muy costoso en términos de viabilidad para el presente y para el futuro desarrollo social y económico de México.