¿Qué tan desamparados están nuestros niños?

Si quedaban dudas, quedaron disipadas tras las últimas noticias: es hora de reflexionar a profundidad sobre la situación de la infancia en México. Abundan las preguntas. ¿Las leyes protegen adecuadamente a los niños? ¿Se cumplen? ¿Qué tanto imperan la impunidad y la ineficiencia? ¿Hay infraestructura suficiente, coordinación entre las instituciones, proyectos educativos racionales, vigilancia por parte de las autoridades? Proponemos a continuación un mosaico de opiniones encontradas, cifras, propuestas, que, esperamos, traerá algunas certezas, pero sobre todo más preguntas.

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    1. Isabel  Crowley

      La información como prioridad

      Representante de UNICEF en México.
    2. Laura Vargas Carrillo

      Las leyes no bastan

      Titular del Sistema Nacional DIF.
    3. Mara Robles

      Malos tiempos

      Secretaria de Educación del DF.
    4. Ricardo Fletes Corona

      Lejos del amarillismo

      Autor de La infancia abandonada. 

Un Estado en deuda

Juan Martín Pérez García

Director ejecutivo de REDIM.

México ha firmado diversos compromisos internacionales en materia de derechos de la infancia. El principal es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN, ONU, 1989), ratificada por el Senado el 21 de septiembre de 1990. Han transcurrido pues 24 años del compromiso asumido por el Estado mexicano, sin que sea cumplido a cabalidad.

La Convención establece tres acciones centrales: 1) reconocer la ciudadanía plena de niñas y niños; 2) un nuevo diseño institucional para atender a la infancia; 3) lograr una armonización legislativa. Aun cuando han existido algunos avances en torno a estos ejes, la deuda del Estado es muy grande: seguimos sin tener una institucionalidad fuerte y garante del ejercicio de derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción.

En 2000 se decretó la primera Ley por los Derechos de las niñas y niños en el Distrito Federal.Posteriormente fue promulgada la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito federal, que fue el fundamento para la creación de leyes locales en cada uno de los 32 estados. Sin embargo, la mayoría tiene muy baja calidad en relación con la armonización esperada con la CDN. De acuerdo con el Índice de medición de calidad de las leyes en derechos de la infancia, desarrollado por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la ley federal alcanza apenas 3.2 de 10 puntos. La baja calificación se debe a que no establece responsabilidades institucionales claras, se limita a visiones asistenciales, no contempla mecanismos de coordinación de alto nivel, no asigna presupuesto para su ejecución y carece de mecanismos de exigibilidad.

La “progresividad” y fragmentación con la que las y los legisladores han formulado leyes en materia de infancia ha impedido la construcción de políticas públicas que garanticen el goce y ejercicio pleno de sus derechos a niñas y niños. Es importante recordar que la promulgación de leyes no representa en sí misma un cambio sustancial en la realidad, sino que sólo crea los marcos de referencia para la ejecución de acciones que los gobiernos realizan para dar respuesta a las problemáticas específicas. La carencia de mecanismos de exigibilidad y participación infantil y ciudadana, así como la designación de presupuesto para atender las violaciones a los derechos de niñas y niñas, anulan la posibilidad de exigir el cumplimiento de derechos y la rendición de cuentas en materia de infancia.

Quizá la mayor carencia en las leyes promulgadas hasta el momento es que no han creado un mecanismo de coordinación de alto nivel con fuerza y poder legal para mandatar la articulación de las entidades gubernamentales (secretarías de Estado, órganos desconcentrados, organismos autónomos, órganos descentralizados) en los distintos ámbitos de actuación del Estado (municipio, estado y federación). Esto ha traído como consecuencia la duplicidad de programas para atender una misma problemática y a la vez grandes vacíos o total olvido para la garantía de otros derechos, por ejemplo: participación política y ciudadanía económica de las y los adolescentes.

Mención especial merece, por el salto cualitativo que representa, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas y Niños del Estado de Coahuilapublicada en marzo de 2014, que significa el mayor esfuerzo realizado para la armonización del arreglo institucional local con los preceptos de la Convención. El desafío es la implementación y la participación ciudadana, que les llevarían a marcar la diferencia en el escenario nacional.

Actualmente están pendientes de discutir los dictámenes de dos iniciativas de ley de garantía de derechos de la infancia, una en el Senado y otra en la Cámara de Diputados, que crearían el Sistema Nacional de Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto permitiría superar el rezago de más de tres décadas que tenemos como país frente a los avances regionales en la materia. Baste decir que Bolivia, uno de los países más pobres del continente, cuenta con un Sistema de Protección de los más avanzados y una inversión que crece cada año.

Otro enorme reto está en romper con el ciclo de impunidad, corrupción y frágil institucionalidad. México está considerado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como un Estado de institucionalidad frágil. Esto significa que las y los ciudadanos en todo el territorio nacional no cuentan con las mismas posibilidades de acceso a la ley. La cultura de la ilegalidad y el desconocimiento de los derechos humanos, en funcionarios públicos y en la sociedad, impiden que las leyes se conviertan en instrumentos efectivos para el acceso a la vida digna y el desarrollo.

En conclusión, para garantizar  los derechos de la infancia y la adolescencia es necesario hacer profundos cambios institucionales, sin maquillajes, que permitan:

1)    La construcción de un Sistema Nacional para la Garantía y Protección de los Derechos de la Infancia que articule a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, las secretarías de Estado y los distintos ámbitos de gobierno, a través de una nueva Ley para la Garantía de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

2)     Integrar la participación de la sociedad civil y la academia para guiar la implementación de las políticas públicas y la rendición de cuentas.

3)    Incorporar la participación de niñas y niños en los temas que les afectan.

El gran desafío es que niñas, niños y adolescentes se reconozcan y sean reconocidos como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho.


@juanmartinmx