¿Qué tan desamparados están nuestros niños?

Si quedaban dudas, quedaron disipadas tras las últimas noticias: es hora de reflexionar a profundidad sobre la situación de la infancia en México. Abundan las preguntas. ¿Las leyes protegen adecuadamente a los niños? ¿Se cumplen? ¿Qué tanto imperan la impunidad y la ineficiencia? ¿Hay infraestructura suficiente, coordinación entre las instituciones, proyectos educativos racionales, vigilancia por parte de las autoridades? Proponemos a continuación un mosaico de opiniones encontradas, cifras, propuestas, que, esperamos, traerá algunas certezas, pero sobre todo más preguntas.

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    1. Isabel  Crowley

      La información como prioridad

      Representante de UNICEF en México.
    2. Laura Vargas Carrillo

      Las leyes no bastan

      Titular del Sistema Nacional DIF.
    3. Mara Robles

      Malos tiempos

      Secretaria de Educación del DF.
    4. Juan Martín Pérez García

      Un Estado en deuda

      Director ejecutivo de REDIM.

Lejos del amarillismo

Ricardo Fletes Corona

Autor de La infancia abandonada. 

Un punto de partida que reduciría discusiones estériles, miradas amarillistas y pleitos innecesarios sobre lo que hacemos o dejamos de hacer como miembros de una sociedad y como sociedad respecto de la infancia de nuestro país, es observar a la infancia desde la perspectiva de sus derechos. Por cierto, ¿sabía usted que la infancia tiene derechos? ¿Los conoce? ¿Qué hace para cumplirlos? ¿Sabe de la existencia de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por México desde 1990?

Las cifras que publicó el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas, en abril de este año, nos indican que en México existen 4.7 millones de niños y niñas en condiciones de pobreza extrema. Es una cifra que nos indica el número de personas cuyos derechos están siendo violados de múltiples formas, pues un niño o niña en tales condiciones carece de alimentación adecuada y su correspondiente derecho a un sano desarrollo (artículos 6, 24, 26 y 27); también carece de educación (artículo 28), de esparcimiento (artículo 31), etc. En este caso la pobreza, la exclusión social, la sociedad que las reproduce, podrían ser los culpables; pero dicho de esta manera la discusión sería aún vaga.

Para tratar de ser más claros, veamos el contenido íntegro del artículo tercero de la Convención:

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y compe­tencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

El contenido de este artículo nos serviría para ver si los casos de la guardería ABC, Los Elegidos de Dios, Casitas del Sur, y muchos otros casos menos visibles, están siendo violatorios a los derechos. Si se cumpliera con regularidad el párrafo 3 de este artículo, seguramente no tendríamos noticias que implican violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Pero hay que tener precaución de hacer una crítica mecánica a la responsabilidad estatal, pues también hay que preguntarnos si las universidades están formando profesionales competentes para el cuidado de la infancia; si las instituciones de protección civil están haciendo correctamente su tarea para supervisar la seguridad en instituciones públicas y privadas; si las que deben vigilar las cuestiones de sanidad lo hacen de manera regular. ¿Quién supervisa que cada institución que protege (o dice proteger) a la infancia tenga el personal en cantidad y calidad suficientes? Y si la instancia encargada de hacer este último trabajo no lo hace bien, ¿a qué sanciones se hace merecedora? ¿Quién vigila que la instancia supervisora cumpla su papel? ¿Qué puede y debe hacer el ciudadano para fungir también como supervisor y reportar cualquier anomalía percibida a la autoridad competente?

La mirada que nos permite la Convención implica que revisemos profundamente lo que estamos haciendo como individuos, como ciudadanos, como grupos social y, a final de cuentas, como sociedad. La Convención nos traza un camino de respeto a los derechos de la infancia. Ese camino es ideal para construir una sociedad mejor.