¿Qué pasa si abandonamos a los municipios?

Con toda su importancia, la última captura de 'El Chapo' Guzmán tuvo un efecto negativo: arrojó una sombra sobre el asesinato de Gisela Mota, la alcaldesa de Temixco, y por lo tanto sobre la necesidad imperativa de pensar en soluciones profundas y viables a la vulnerabilidad de los municipios, es decir, el primer orden de gobierno, tan codiciado por el crimen organizado, que ve en ellos el pilar de su injerencia en la política. ¿Qué dicen las cifras económicas sobre los municipios mexicanos? ¿Y las de crímenes? ¿Por qué la ejecución de tantos y tantos alcaldes en los últimos años? ¿Qué se juega en los municipios? ¿Qué pierde nuestro país si los municipios caen? Esta semana en Tribuna.


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    4. Oliver D.  Meza

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Política sin evidencias

Carlos  Vilalta

Director de Investigación del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas

Entre los romanos, el municipio era una ciudad libre, es decir, que se gobernaba por sus propias leyes y sus residentes –los libres, claro está– tenían los mismos derechos que los ciudadanos de Roma. Cabe mencionar que estos derechos llevaban un precio: debían tributo a Roma. La etimología de la palabra municipio no es trivial y la palabra conlleva una idea de política. Municipio proviene de municipium que a su vez proviene del latín munus, que significa cargo o regalo, y capere, que significa tomar algo. El municipio es un lugar donde se toman los cargos o deberes de administrar lo que sucede en ese lugar.

Hoy en día, en México, el municipio no tiene sus propias leyes, pero sí tiene sus propios reglamentos. Y mantiene, constitucionalmente, muchas de sus funciones y servicios públicos originales: seguridad pública, limpia, mercados, etc.

En este respecto, la realidad de las cosas es que muchos municipios del país no tienen la capacidad para ofrecer algunos de estos servicios de manera aceptable. Y hay que reconocer que algunos municipios (nadie sabe cuántos) son particularmente vulnerables o frágiles frente al ataque corruptor o la amenaza de daño que realiza el crimen organizado.

Precisamente, en la actualidad no hay mejor ejemplo de esta fragilidad de la institución municipal que la crisis de seguridad pública por la que atraviesan algunas regiones del país. Que, por cierto, el uso de la palabra "crisis" en la frase anterior, a mi parecer, no es exagerado. 2015 lo dejamos atrás con un incremento en la tasa de homicidios dolosos y con una tasa de victimización por todos los delitos también muy elevada (la más alta registrada) y estancada en los niveles de 2014.

Una de las pocas coincidencias existentes entre la clase política y la sociedad civil es la opinión bastante generalizada de que las policías preventivas municipales no son capaces ni de prevenir el delito ni de ordenar el tránsito; que son cosas que tienen a su cargo. Y esto se agrava cuando se trata de prevenir la delincuencia organizada, la cual destaca, entre otras cosas, por su probada efectividad para corromper y/o atacar frontalmente a la institución municipal.

La solución que se propone a esta crisis es un ejemplo clásico y predecible de desesperación, y que es la propuesta de cambiar las cosas por la vía de centralizar funciones. Desde el sexenio pasado se viene discutiendo la idea de crear un mando policial único. En este sexenio se propuso la creación de una policía estatal única. Nótese aquí que no debe confundirse mando policial único (del cual existen varios modelos) con policía estatal única. El primero no implica necesariamente la desaparición de las policías municipales, mientras que la segunda sí implica su desaparición para integrarse con las policías estatales.

Esta solución se halla actualmente en debate. No hay acuerdo ni al interior de la clase política ni al interior de la sociedad civil. Parece ser que la idea de cambiar las cosas por la vía de eliminar a las policías municipales e integrarlas con las policías estatales es la que lleva la mano en el debate. Esto dado que el presidente es el primer proponente de esta solución. Pero antes de inclinarnos por una u otra posición, les hago a los tomadores de decisión cuatro preguntas elementales antes de proceder con la desaparición de las policías municipales: ¿Qué alternativas tenemos?, ¿qué costos sociales y económicos tiene cada una?, ¿qué evidencia sobre la efectividad se tiene de cada una? y finalmente, y una vez realizado el cambio, ¿saben qué pasará?

Hago estas preguntas porque me parece que el debate está plagado de anécdotas y emociones. Hay muchas intuiciones y poco raciocinio y método. Por un lado, los proponentes de la policía estatal única "sienten" el alivio de la solución antes de que exista. Por el otro, los que se oponen "sienten" un miedo a la centralización de fuerza en una sola policía estatal, también antes de que exista. Pero sobre todo, y esto me preocupa más, entre los primeros no veo que se tenga previsto lo que sucederá una vez realizada la desaparición de la institución policial municipal. Desaparecer a todas las policías municipales, incluidas las que funcionan bien, me parece una visión categórica y reducida de la realidad. Y me cuesta trabajo pensar que la creación de una policía estatal única no conlleve sus problemas. Nadie presenta evidencia, al menos tentativa o inicial, de que ésta solución pueda reducir la fragilidad municipal, la coerción y la amenaza del crimen organizado, y los homicidios y la victimización delictiva general de la población.

No pensar más allá de las consecuencias políticas inmediatas, especialmente las electorales, es un rasgo característico de la clase política. Pero entre los que nos dedicamos a otras cosas, las decisiones políticas sí tienen consecuencias mediatas. Desaparecer a las policías municipales, todas y por decreto, tendrá efectos previstos e imprevistos, y seguramente algunos no serán deseables. Por eso hay que hacer un esfuerzo por reducir las emociones y anticipar las consecuencias de una decisión de esta magnitud. Hay que plantear alternativas convincentes y soluciones incrementales, tal vez con modelos de mando único ad hoc a cada lugar.

Al final, frente a problemas tan serios, el que afirma tiene la carga de la prueba. Si los proponentes del cambio no pueden responder de manera convincente las cuatro preguntas previas, su propuesta entonces no pasa la prueba básica de un proceso de toma de decisiones. Se queda en el nivel de una política de hacer algo por hacer algo. Nótese que lo contrario, la inacción, también es un problema.

Termino diciendo que el mérito de una política pública no está en sus intenciones ni en lo deseable de sus objetivos. El mérito está en sus resultados, los cuales se fundamentan en la comprensión evidenciada de las causas del problema que pretende resolver. Una política pública sin evidencias es una política de emociones.