¿Qué hacemos con la migración?

No hay cinismo que dé para cerrar los ojos al hecho de que miles de niños centroamericanos se juegan la vida para llegar a los Estados Unidos. El tema de los migrantes lo han discutido las autoridades nacionales y las centroamericanas, las ONG, los académicos, los medios y los congresistas aquí y en el país del norte. Finalmente, el presidente Obama tomó la decisión de obviar al Congreso y tomar cartas en el asunto. Cómo tratamos a los centroamericanos que pasan por nuestro país, cómo determinan nuestras leyes ese trato, qué debemos cambiar en nuestras políticas, qué debemos preservar de ellas: a eso se dedica Tribuna esta semana.

REGRESAR
    1. Gretchen Kuhner

      ¿Discriminación ...

      Directora del Instituto para las Mujeres en la ...
    2. Salvador Beltrán del Río

      Una crisis sin precedentes

      Ex comisionado del Instituto Nacional de ...
    3. Margarita Zavala

      Emergencia humanitaria

      Abogada. Presidenta del DIF Nacional 2006-2012.
    4. Antonio Musi Veyna

      Desactivar una bomba de tiempo

      Ex director jurídico del INM.
    5. Santiago  Corcuera

      La doble moral

      Vicepresidente de la Comisión Mesoamericana de ...

Tiempo al tiempo

Gustavo Mohar

Ex subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos.

En fechas recientes se ha generado una intensa discusión sobre la política migratoria que México tiene respecto a los flujos de centroamericanos que transitan por nuestro país con el objetivo, en su gran mayoría, de internarse por la frontera Norte para alcanzar a sus parientes o encontrar un trabajo en los Estados Unidos.

Es dramático conocer que, desde hace tiempo, decenas de miles de menores de edad viajan solos o con un amigo, un tío, un vecino a los que sus padres han pedido llevar para reunificar a la familia.

Los números son de tal magnitud que su principal explicación es el reflejo del deterioro económico, social y político de Guatemala, Honduras y El Salvador, que se expresa, de manera brutal, en una violencia exacerbada de pandillas y la creciente delincuencia organizada, que dominan espacios territoriales y barrios completos de las principales ciudades al tiempo que amenazan y extorsionan a la población, en especial a los menores de edad que se resisten a sumarse a sus grupos o pagar su protección.

Esa realidad regional genera en México un enorme y complejo dilema de política pública. Existen mucho más interrogantes que respuestas. Por ejemplo: ¿Debe el gobierno mexicano otorgar visas o permisos de tránsito a esta población indocumentada para minimizar la vulnerabilidad que les acarrea a sus integrantes estar indocumentados en México? En ese caso, ¿qué sucedería con esos jóvenes y niños al llegar a la frontera con Estados Unidos? Lo más probable es que tendrían los mismos problemas que los migrantes mexicanos para evadir la patrulla fronteriza, y serían objetivo de los traficantes y delincuentes que hoy engañan, abusan, secuestran a esa población vulnerable que queda varada en las ciudades fronterizas. ¿Cómo reaccionaría la población de Tijuana, Nogales, Laredo, Piedras Negras frente a miles de personas sin trabajo o dinero que no tienen ni manera de regresar al lugar de donde vinieron? ¿Qué podemos exigirle a los Estados Unidos, cuya política migratoria es la razón de fondo de esta “tragedia humanitaria”?.

Los párrafos anteriores expresan realidades que requieren una respuesta de política pública basada en el marco legal que atiende este tipo de fenómenos sociales: la Ley de Migración y su Reglamento.

Ambas disposiciones son muy recientes: la Ley fue publicada 25 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación y su Reglamento el 28 de septiembre de 2012. Es decir, la primera lleva apenas tres años y un mes de estar en vigor, y la segunda menos de dos años.

Parece que se olvida que es la primera ocasión que nuestro país cuenta con una ley “de orden público y de observancia general en toda la República…” dedicada de manera específica y única al asunto migratorio. Durante décadas, este crítico tema nacional se reguló en un capítulo de la Ley General de Población y en algunas disposiciones reglamentarias.

La Ley atiende pendientes fundamentales en toda policía migratoria. Por ejemplo: la autoridad responsable de su aplicación no tenía reconocimiento legal (aspecto que se otorga al Instituto Nacional de Migración), actuaba con una enorme discrecionalidad en virtud de su complejidad (había cerca de 32 categorías de visas contra tres nuevas condiciones de estancia) y no existían mecanismos de rendición de cuentas o de diálogo y participación de la sociedad civil. En cambio, hoy se cuenta con el Consejo Consultivo de Política Migratoria, presidido por el Secretario de Gobernación y los presidentes de las comisiones responsables de este tema en la Cámara de Senadores y de Diputados, de la CONAGO, de la Comisión de Derechos Humanos, entre otros, así como con el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, cuerpo integrado por personas y organizaciones civiles especializadas en los derechos de la niñez y de las mujeres, y en la atención a víctimas.

La amplitud de aspectos que contienen la nueva Ley y el Reglamento rebasa la extensión prevista para este breve artículo. Sin embargo, se puede sostener que se trata de dos cuerpos normativos que buscan equilibrar los aspectos humanitarios, de salvaguarda y protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos y extranjeros, con su influencia en el desarrollo nacional y la necesaria preservación de la soberanía y la seguridad nacionales. Tarea nada fácil.

Me limito en esta ocasión a comentar algunos de sus apartados más sensibles y relevantes, dada la naturaleza de los temas que trata la Ley de Migración en sus Capítulos VI, VII y VIII: los derechos de los migrantes extranjeros sin permiso de estar en territorio nacional, los derechos de los menores de edad no acompañados, la forma y procedimiento en que la autoridad migratoria debe cumplir con las obligaciones internacionales de México en materia de protección consular y la institucionalización del concepto de “protección a migrantes”.

Los servicios que está obligada a proporcionar la autoridad en las estancias migratorias (instalaciones dedicadas a alojar a los migrantes mientras se resuelve su situación legal y su eventual retorno o concesión de refugio) incluyen asistencia médica, psicológica y jurídica a través de sus representantes legales o la asistencia consular; deben preservar la unidad familiar, e inclusive facilitar actividades deportivas o culturales. El migrante tiene derecho a conocer su situación legal, a comunicarse por teléfono, a ser visitado por sus familiares. Destaco que se pone particular énfasis en cuidar los aspectos de género, al obligar a tener espacios separados para hombres y mujeres, las cuales deberán ser atendidas, y de manera exclusiva, por personal del sexo femenino.

En cuanto a los menores migrantes no acompañados, tanto la Ley como el Reglamento señalan los derechos que tienen, y la obligación del Instituto a garantizar el respeto a sus derechos humanos; también, proporcionar la atención adecuada mientras se resuelve su situación migratoria y, en todos los casos, valorar su interés superior a través de personal capacitado y especializado. Se reconoce la existencia de las llamadas Oficiales de Protección a la Infancia, personal entrenado para atender a los miembros de esta vulnerable población, darles seguridad, responder a sus miedos y angustias y propiciar el diálogo que permita conocer el origen de su decisión de emigrar y resolver lo que proceda en su beneficio.

Otro de los temas intricados a legislar es el relativo al retorno a sus lugares de origen de aquellas personas que no tienen derecho a permanecer o transitar por el territorio nacional. La Ley y el Reglamento multicitados establecen que su traslado debe ser hecho de manera digna, segura, ordenada y humana, principio que México ha demandado de los Estados Unidos cuando deporta a nuestro país a nuestros paisanos indocumentados. Es decir, se busca dar congruencia en nuestra política respecto a lo que exigimos a terceros.

De manera inédita, se fija como regla un plazo máximo de 15 días hábiles para que las autoridades resuelvan, conforme a derecho, la situación migratoria de cada persona, plazo que sólo se puede alargar bajo las excepciones y requisitos que la misma Ley enumera y limita.

Por último, se da legalidad a la existencia de facto de los llamados Grupos Beta, creados desde 1992 con el objetivo primordial de proveer protección y apoyo a los migrantes mexicanos y extranjeros, en especial en la frontera norte del país, pero también ahora en nuestra frontera sur. Los artículos 71 de la Ley y 188 del Reglamento reconocen la existencia de estos grupos, que tienen como objetivo “proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, orientación e información a los migrantes sobre sus derechos”.

Esta breve narrativa no pretender ser una apología de los ordenamientos objeto de la misma. Persigo sumarme a la legítima discusión pública sobre sus bondades, sus limitaciones e inclusive sus errores. Hay quien opina que se sobredimensionó una visión humanitaria, dejando de lado los aspectos de seguridad inevitables en el mundo globalizado en que vivimos, donde no podemos negar la existencia de riesgos y amenazas de organizaciones delictivas internacionales o inclusive del terrorismo internacional. En el extremo opuesto, hay quien opina que la Ley y la Política Migratoria han “securitizado” un fenómeno social. Hay críticas porque la Ley no contempla el tratamiento a la población mexicana radicada en el extranjero, de enorme trascendencia para el país, o que no estimula la llegada a México de extranjeros con capacidades profesionales o técnicos necesarios para el desarrollo económico, cultural o científico.

En suma, lo que se debe monitorear, evaluar e impulsar, es la adecuada aplicación de este nuevo marco normativo. Antes de empezar a enmendarla por motivos de oportunidad política, de problemas coyunturales, habría que darlo a conocer a todos los involucrados en su aplicación: autoridades de los tres niveles de gobierno, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y sobre todo, a los potenciales migrantes mexicanos y extranjeros. Es prematuro hacer juicios sobre su enfoque y contenido dado el corto período que llevan en vigor.

En este asunto, como en toda política pública, no basta contar con leyes, reglamentos y disposiciones administrativas bien pensadas y estructuradas si no se cuenta con los recursos presupuestales necesarios para su adecuada implementación; con personal capacitado, profesional, con ingresos dignos y sistemas de monitoreo a su desempeño, pero sobre todo con la voluntad política de los tres poderes de la unión para que cada uno, en el ámbito de su competencia, apoye que la política migratoria mexicana adquiera la relevancia que tiene bajo un estado de derecho transparente y de aplicación universal.

gustavomohar@gmail.com

@GustavoMohar