¿Qué hacemos con la migración?

No hay cinismo que dé para cerrar los ojos al hecho de que miles de niños centroamericanos se juegan la vida para llegar a los Estados Unidos. El tema de los migrantes lo han discutido las autoridades nacionales y las centroamericanas, las ONG, los académicos, los medios y los congresistas aquí y en el país del norte. Finalmente, el presidente Obama tomó la decisión de obviar al Congreso y tomar cartas en el asunto. Cómo tratamos a los centroamericanos que pasan por nuestro país, cómo determinan nuestras leyes ese trato, qué debemos cambiar en nuestras políticas, qué debemos preservar de ellas: a eso se dedica Tribuna esta semana.

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Desactivar una bomba de tiempo

Antonio Musi Veyna

Ex director jurídico del INM.

México, por su vecindad con la mayor potencia económica del mundo, es país de salida y tránsito de migrantes, por un lado, y de llegada y retorno, por el otro.

El fenómeno migratorio no se agota con los cientos de miles de personas que cruzan anualmente nuestro territorio, o que simplemente abandonan el país buscando mejores oportunidades. Esa es sólo una parte del problema. Falta abordar lo que debe hacerse con quienes ante las dificultades que hoy posee Estados Unidos, están regresando; así como con aquellos otros que fueron expulsados del vecino del norte contra su voluntad y que –hoy sabemos– suman cerca de cuatrocientos mil sólo en la administración de Obama.

Nos preguntamos cuál será la solución, y nos pasa por la cabeza si ésta no consistirá simplemente en facilitar a los migrantes, por ejemplo, viajar en el ferrocarril conocido como “La Bestia”, soslayando la respuesta a la pregunta de si ello garantizaría que al llegar a la frontera norte la pudieran cruzar. Nos enfrentamos así a un problema cada día más grave: la cantidad de migrantes que están llegando a las ciudades fronterizas constituye una bomba de tiempo, pues mientras cruzan la frontera requieren un lugar para hospedarse, alimentos, instalaciones sanitarias, zonas específicas para los menores y un largo etcétera y, mientras eso llega (si es que llega), van formando cinturones de pobreza donde reinan la inseguridad, la insalubridad y la vagancia.

Cada vez son más las solicitudes de las autoridades de municipios fronterizos de apoyo del gobierno federal para hacer frente a este fenómeno.

Así, parecería lógico que la solución pasara por revisar cómo han enfrentado el fenómeno migratorio los países considerados industrializados. El punto es que más que de un problema técnico, se trata de una serie de decisiones políticas, donde no existe un conjunto de mejores prácticas o estándares a nivel internacional que podamos adaptar y adoptar.

Volvemos al punto de inicio: dado que somos un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, tenemos la realidad migratoria más compleja del mundo. Ningún Estado cuenta con una experiencia que pueda servirnos como marco de referencia. Ahora bien, con absoluta independencia de lo que otros países han hecho, la actual Ley de Migración, de 2011, representó un avance significativo. Fijémonos en tres aspectos:

En primer lugar, se descriminalizó la migración irregular. Hoy, carecer de papeles ya no constituye un delito. Parece casi una obviedad. No lo es: en muchos países, carecer de documentación en regla es motivo suficiente para privar de la libertad al migrante.

En segundo lugar, se reconoce el acceso de los migrantes a los servicios de salud y educación. Además, a nadie se le niega el reconocimiento a los actos concernientes a su estado civil.

En tercer lugar, ningún migrante irregular puede ser alojado en una estación migratoria si previamente se acercó a las autoridades para regularizar su situación. Además, se prevén plazos y términos para la permanencia en una estación migratoria.

Tristemente, el papel que le toca desempeñar al Instituto Nacional de Migración es ingrato y contradictorio. Por un lado, la carga de trabajo que tiene que desahogar es descomunal. Por el otro, los sueldos de los servidores públicos que trabajan ahí son francamente bajos. Ambos elementos son un caldo de cultivo más que propicio para la corrupción.

Ante ello, han comenzado a tomarse ciertas decisiones acertadas: aplicación de controles de confianza, realización de operativos para detectar corrupción entre los servidores públicos tanto en el Distrito Federal como en el resto de las delegaciones y, en fin, recopilación de evidencias suficientes sobre la necesidad de contratar personal de mayor capacidad y menor propensión a la corrupción mediante la renivelación de sueldos.

Lo anterior considera que, después del narcotráfico, la trata de personas es la actividad ilícita que representa las mayores ganancias a nivel mundial. Los servidores públicos que trabajan en la institución diseñada para hacer frente a esa problemática deben recibir sueldos que representen la dignidad y la trascendencia de su labor.

Falta todavía adecuar el marco jurídico para que cuando en los exámenes de control de confianza se detecten actos de corrupción en cualquiera de sus formas, dichos resultados sirvan para rescindir la relación laboral con el INM.

Pero sigamos hablando del rol que desempeña el INM. Por un lado, muestra una faz inclusiva al operar a los llamados Grupos Beta, cuyo objetivo es orientar a los migrantes y, en ocasiones, apoyarlos con ciertos bienes. Por otro lado, la ley le impuso la obligación de detectar migrantes irregulares y manejar las estaciones migratorias, en las que –con el migrante alojado contra su voluntad– se sustancia el llamado “procedimiento administrativo migratorio”, en virtud del cual se investiga la nacionalidad del migrante para, de ser el caso, devolverlo a su país.

No sorprende la mala imagen que algunas Organizaciones No Gubernamentales han divulgado de la Ley y, en especial, del INM. Es obvio que sus intereses son opuestos a la encomienda del INM relativa a evitar la migración irregular.

Son frecuentes los casos en que los migrantes alojados en las estaciones migratorias, hartos de estar ahí, manifiestan su deseo de regresar a su país, pero no pueden hacerlo porque el abogado de la ONG que decía ayudarlo –nunca de forma gratuita, debe aclararse– promovió un amparo en virtud del cual el procedimiento administrativo migratorio se detuvo, y nada se puede hacer hasta que se resuelva el juicio o el migrante desista (con el correspondiente desembolso de los honorarios que debe pagar a sus “defensores”). Bajo el argumento de proteger los derechos de los migrantes, muchas ONG abusan de la ignorancia y desesperación de sus “clientes” para exprimirles los pocos recursos con que cuentan. Esa es una realidad. Y ejemplos, sobran.