¿Qué hacemos con Avenida Chapultepec?

Pasos peatonales a los que sólo puedes sobrevivir si corres los 100 metros en nueve segundos, embotellamientos, ruido, bocas de metro atestadas de piratería, pollos rostizados con el sazón inigualable de las partículas suspendidas… Avenida Chapultepec provoca consenso: no le gusta a nadie. Es la imagen viva de la pesadilla citadina, de la disfuncionalidad urbanística. A esa realidad es que responde el Corredor Cultural Chapultepec, un proyecto de cuya necesidad pocos dudan, pero que ha provocado abundantes críticas por su diseño y sobre todo por la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos que muestran las autoridades chilangas. A eso dedicamos la Tribuna.

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El beneficio de la duda

Onésimo Flores

Investigador en Urbanismo Avanzado por el MIT.

La transición a la democracia parece no haber tocado todavía la manera en que hacemos obra pública en el Distrito Federal. La autoridad sigue diseñando los proyectos en lo oscurito, concursándolos entre conocidos, discutiéndolos entre simpatizantes y anunciándolos como hechos consumados. Por su parte, la sociedad civil encuentra solo dos caminos disponibles: aplaudir o encadenarse frente a los bulldozers. El procedimiento está tan viciado, que el promotor solo triunfa cuando la autoridad impone su proyecto, y el crítico solo gana cuando el proyecto se suspende. El mensaje a la ciudadanía es lamentable: o aceptamos el nirvana que otros nos prometen, o nos resignamos al caos que ya existe en nuestras calles.

Todavía recuerdo el aeropuerto de Fox. El gobierno le puso más atención a los arquitectos estrella y a los magos desarrolladores que a los vecinos de la megaobra. En aquel momento, alguien concluyó que detener el proyecto para escuchar a los vecinos sería económicamente ineficiente y políticamente injustificable. El país, a todas luces, necesitaba de un nuevo aeropuerto en su capital. ¿Bajo que lógica cabría someter el interés nacional a los intereses inmediatos de los directamente afectados? Al final, todos perdieron. Los vecinos, el gobierno, las empresas desarrolladoras y el país entero. Hubo funcionarios que perdieron sus trabajos, activistas que pisaron la cárcel y empresarios que perdieron fortunas. Una década después, aún no ponemos la primera piedra.

Pienso también en la Supervía de Ebrard. Los técnicos hicieron su parte, presentando estudio tras estudio justificando la obra. Nos dijeron que la Supervía eliminaría la congestión y que haría al Distrito Federal mucho más competitivo. Nos dijeron que la obra no representaba amenaza alguna contra el medio ambiente. Dijeron exactamente lo que sus clientes les pidieron. La obra es hoy una realidad, pero el rigor de esos técnicos ha desaparecido. Aún no existe evaluación alguna que demuestre que no hubo tráfico inducido, ni auditoría pública que revele cuánto ha pagado el concesionario como contraprestación a las autoridades, ni vínculo claro entre lo pagado y las obras de transporte público que en su momento prometió la autoridad. Lo que sí sabemos es que esa obra comenzó a la medianoche, que decenas de familias perdieron sus hogares y que el proceso fue tan autoritario como cuando Hank gobernaba la ciudad.

En las últimas semanas, he dado seguimiento a la polémica que acompaña el proyecto del Corredor Cultural Chapultepec. El gobierno de la ciudad propone construir un parque lineal elevado que conecte a la Glorieta de los Insurgentes con el Parque de Chapultepec, y que reconecte a las colonias que hoy separa la avenida del mismo nombre. Para financiar la obra, el gobierno propone que sea un privado quien construya el parque lineal, y que éste reciba autorización para colocar espacios comerciales en el nuevo desarrollo. Si bien tengo mis dudas con el diseño propuesto, el proyecto me parece necesario. Creo además que el mecanismo escogido, si se cuida, podría ser adecuado. El problema estriba en que nuevamente la ciudadanía ha sido invitada muy tarde al proceso. La autoridad estudió las alternativas, seleccionó un diseño arquitectónico y otorgó el contrato a un desarrollador. No sabemos si el diseño es el mejor posible, ni si las condiciones del contrato protegen cabalmente el interés público. La autoridad, otra vez, parece obligarnos al todo o nada: o aceptamos absolutamente todo lo que está planteado, o permitimos que Avenida Chapultepec quede tan abandonada como siempre.

Este proyecto puede y debe ser distinto, no solo para que la ciudad obtenga una mejor obra, sino también para que terminemos con esta racha de proyectos descarrilados o impuestos de forma autoritaria. Estoy convencido de que la ciudad será una mejor ciudad con este proyecto que sin él, pero también estoy convencido de que muchas de las dudas son razonables y que deben atenderse de forma puntual, para beneficio de todos –incluidos los empresarios involucrados. Creo que Simón Levy ha mostrado apertura, y estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda. En un texto publicado en Animal Político (http://bit.ly/1J86pNB), sinteticé dudas que muchos activistas, urbanistas y ciudadanos comparten. Aún tengo la esperanza de que estos planteamientos serán atenidos. Más allá del debate sobre los detalles, creo que podemos convertir al Corredor Cultural Chapultepec en un punto de inflexión sobre la forma en que impulsamos megaproyectos de obra pública en la ciudad. No tenemos por qué seguir sosteniendo esta tradición tan lamentable de imponer y simular. Ya es tiempo de aprender a "decidir juntos."