¿Por qué no pasaron las leyes anticorrupción?

Los medios hablan de la corrupción; los políticos y parlamentarios debaten la corrupción; hay organizaciones civiles con bastante fuerza que se dedican a combatir, denunciar e intentar acotar con leyes la corrupción; las redes sociales están invadidas de videos con policías grabados en el acto de aceptar o pedir una mordida, y los poderosos son denunciados constantemente ahí mismo por actos superlativos de corrupción. La corrupción, en fin, ya no es un tabú ni un apartado menor en la agenda pública, ni un mal menor ni una muestra graciosa de nuestra esencia folclórica. ¿Por qué entonces, se preguntarán, siete leyes anticorrupción, incluida la famosa 3de3, se atoraron en el Senado? En esta Tribuna nos lo preguntamos también.

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Un ingrediente del sistema

Ernesto Villanueva

Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

La corrupción es un ingrediente del sistema político mexicano. No es fácil por esa razón avanzar en una propuesta que brinde resultados. Las siete reformas legales no son, en modo alguno, una decisión política inédita en el mundo. Todos sus contenidos forman parte de los estados democráticos de derecho desde hace tiempo. Hay cuatro rubros en donde hay consenso: a) La reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; b) La reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reinventar (es un decir) la Secretaría de la Función Pública, cuya desaparición se había establecido en 2013 por su conflicto de interés de origen; c) La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establece atribuciones y diseño institucional a las distintas dependencias y organismos que permitan funcionar operativamente el Sistema Nacional Anticorrupción; y c) Las reformas legales para ampliar las atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación para que pueda llevar a cabo auditorías en tiempo real.

Por el contrario, hay diferencias en otras tres disposiciones legales: a) La General de Responsabilidades Administrativas, que ampliaría el número de conductas sujetas a una sanción legal y donde estaría incluida la iniciativa 3de3; b) La reforma al Código Penal para crear nuevos tipos penales, de suerte que hubiera simultáneamente faltas administrativas y delitos por acción u omisión de conductas relacionadas con la corrupción; y c) la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sustituiría a la Procuraduría General de la República para darle cierta independencia y no sea como hoy una dependencia del Ejecutivo Federal con el conflicto de interés, la parcialidad y la politización de sus atribuciones que ello conlleva.

La iniciativa 3de3 representa un avance formal porque obliga al servidor público a hacer pública su declaración patrimonial, su declaración de interés y su declaración fiscal. La idea se ha vendido bien, pero se pide a la sociedad que emita un acto de fe creyendo que lo que dicen los políticos que tienen es verdad. Nadie ha explicado cómo se va a verificar una declaración con los hechos. Veo casi imposible que se pueda hacer un escrutinio global para conocer la identidad (si la hay) entre lo que se dice que se tiene y lo que en verdad se posee en todos los confines del mundo. Las reformas a leyes han demostrado que no son la panacea; habría que abordar el tema entonces desde una perspectiva distinta.

La naciente agrupación integridadpública.mx tiene dos características que la hace muy distinta a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas al combate a la corrupción: a) Sus integrantes no provienen del mundo habitual en los OSC dedicadas a estos temas, sino que combina la presencia de abogados y tecnólogos con miembros distinguidos de la psiquiatría y la neuropsicología que, por el hartazgo, por vez primera incursionan en una organización social; y b) proponen una solución científica y técnica para combatir la corrupción: no firmas, no declaraciones, no leyes, sino que los servidores públicos y los candidatos a cargos de elección popular se sometan a un "Test de Integridad" en centros independientes del gobierno, que mediría: a) Consumo de drogas ilegales en los últimos dos años; b) Delitos que el candidato haya cometidos a lo largo de su vida; c) Compromisos con el crimen organizado y el terrorismo y d) Participación en actos de corrupción. Estos rubros se medirían con tres exámenes: a) El uso del polígrafo; b) El uso del EyeDetect, y c) Pruebas toxicológicas por especialistas renombrados.

Este test es preventivo, tiene un nivel de confiabilidad del 98% y asegura una respuesta certera para identificar la confiabilidad o no de los candidatos. Esa aproximación me parece la más idónea que no se encuentra en el radar de las reformas que hoy se proponen, las cuales siguen la misma línea de siempre: mayor carga presupuestal, incremento de la burocracia e incertidumbre de resultados.

Twitter: @evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com