¿Por qué no pasaron las leyes anticorrupción?

Los medios hablan de la corrupción; los políticos y parlamentarios debaten la corrupción; hay organizaciones civiles con bastante fuerza que se dedican a combatir, denunciar e intentar acotar con leyes la corrupción; las redes sociales están invadidas de videos con policías grabados en el acto de aceptar o pedir una mordida, y los poderosos son denunciados constantemente ahí mismo por actos superlativos de corrupción. La corrupción, en fin, ya no es un tabú ni un apartado menor en la agenda pública, ni un mal menor ni una muestra graciosa de nuestra esencia folclórica. ¿Por qué entonces, se preguntarán, siete leyes anticorrupción, incluida la famosa 3de3, se atoraron en el Senado? En esta Tribuna nos lo preguntamos también.

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El peligro del hartazgo

Marco Antonio Fernández

Profesor de la Escuela de la Gobierno del Tec de Monterrey. Investigador de México Evalúa.

Ha habido mucha confusión y polémica en torno a la discusión legislativa para construir el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México. Terminó el periodo de sesiones en el Senado, y la iniciativa ciudadana Ley 3de3, como las otras seis propuestas de ley como parte del primer paquete anticorrupción, no fueron dictaminadas, ni votadas.

En medio de la cacofonía legislativa que ha caracterizado la discusión en los últimos días, es necesario clarificar dónde estamos y hacia dónde sería óptimo que se dirigiera este proceso legislativo.

La Ley 3de3 es una de las propuestas para crear una nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dentro de este proyecto legislativo, dos puntos son los que han causado mayor controversia. Por un lado, qué información debe ser pública de las declaraciones patrimonial, de posible conflicto de interés y fiscal. Por otro lado, la posibilidad de otorgar recompensas a quienes denuncien casos de corrupción.

Encontrar un punto medio entre el derecho a la privacidad de los funcionarios y su obligación de rendir cuentas, siendo la publicidad de estas declaraciones uno de los instrumentos para hacerlo, no es cosa fácil. La experiencia internacional demuestra que ante problemas serios de legitimidad hay clases políticas que se hacen cargo y asumen la necesidad de recuperar la confianza ciudadana, comenzando a adoptar versiones públicas más detalladas de estas declaraciones. Es el caso de Chile y la presidenta Bachelet, quien ante la crisis de legitimidad que produjo el conflicto de interés asociado a su hijo ha decidido hacer pública su declaración patrimonial con detalle de sus bienes, montos y características tanto de sus propiedad inmuebles como de sus bienes muebles (http://transparenciaactiva.presidencia.cl/). En México existe un sector de la clase política que se resiste a hacer más detallado este tipo de documentos bajo argumentos de seguridad y derecho a la privacidad, e incluso hay quienes piensan que si se fuerza a aquellos funcionarios que tienen ingresos por fuera del servicio público a detallar sus montos, abandonarían la función pública. En lo que respecta a la publicidad, es imprescindible –y ahí hay consenso entre las fuerzas políticas– establecer una verificación de la veracidad del contenido de dichas declaraciones y contemplar sanciones administrativas y penales contra quienes mientan sobre lo declarado.

El otro punto controvertido sobre la futura ley de responsabilidades tiene que ver con la posibilidad o no de crear un sistema de recompensas a quienes denuncien casos de corrupción. Se propone dar 10% de lo recuperado en las investigaciones anticorrupción. Dichas recompensas se harían válidas una vez que hayan sido acreditados los hechos relacionados a la denuncia ante la autoridad administrativa y/o judicial. El pago se haría una vez que la investigación haya derivado en una sentencia firme de la que el Estado mexicano recupere recursos desviados por estos problemas de corrupción. Quienes se oponen a este sistema sugieren que esto crearía una cacería de brujas o una industria de falsas denuncias. Dichos argumentos ignoran nuevamente esquemas similares que existen en democracias que han avanzado en controlar este problema de corrupción, por ejemplo los Estados Unidos. Peor aún, el escepticismo de quienes se resisten a la idea de las recompensas no está acompañado de una alternativa para incentivar la denuncia que facilite la cooperación con las autoridades en este tipo de investigaciones.

A los puntos anteriores se suman diferencias en algunas atribuciones hacia la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo multas más fuertes que incluyan el arresto administrativo para aquellos funcionarios o particulares que reiteradamente se nieguen a darle la información requerida a dicha autoridad en sus investigaciones asociadas a mal uso de los recursos públicos.

Existe un consenso en torno a que, para que funcione el Sistema Nacional Anticorrupción, es imprescindible acompañar el catálogo de faltas administrativas graves con ajustes a los tipos de delitos en el orden penal asociados a hechos de corrupción. No obstante, pese a que hay conciencia de su importancia, este ajuste no se ha analizado hasta ahora en las comisiones en el Senado.

Finalmente, hay un reconocimiento de que para que un sistema nacional anticorrupción funcione, una pieza institucional clave es contar con una fiscalía especializada en el combate a la corrupción. Dicha fiscalía debe contar con autonomía técnica y de gestión, en la que el nombramiento de sus policías ministeriales y ministerios públicos sea con base en un servicio civil. La ley debe proteger al fiscal y sus colaboradores al establecer con claridad los causales de su posible remoción, y así acotar la tentación de despidos motivados por razones políticas o de otra índole como reacción a un trabajo profesional que hagan los futuros miembros de la fiscalía.

Pese a que existe conciencia de esta pieza fundamental, y aunque hay una propuesta del PAN y el PRD para modificar la ley orgánica de la PGR y así crear las condiciones para su surgimiento, existen desafíos jurídicos serios para ver si es posible crear mediante esta vía dicha fiscalía. Cabe señalar, en pocas palabras, que la controversia gira alrededor de si el Congreso tiene o no facultades para reformar dicha ley, dado el artículo transitorio constitucional que contempla la creación de la fiscalía general de la república. Sea a través de esta vía o mediante la aprobación de la ley de dicha fiscalía general, en la que se contempla esté asignada la fiscalía anticorrupción, el hecho es que sin fiscales con independencia, reclutados con base en el mérito y no en las lealtades políticas, con salarios que los protejan de la tentación de la corrupción y con la formación que les permita desarrollar buenas investigaciones, difícilmente tendremos resultados tangibles a partir del nuevo marco jurídico que se apruebe. Así, luego del reto legislativo de las próximas semanas vendrá un largo camino para transformar las instituciones encargadas de aplicar estas nuevas facultades jurídicas.

Postergar una discusión de esta naturaleza, como lo hemos advertido los miembros de la academia y sociedad civil que estamos participando con propuestas técnicas en este debate, sólo contribuirá a mermar más la confianza ciudadana ante nuestras instituciones y su clase política. Los miembros de esta élite tienen que entender los tiempos que se viven en el país, donde el pluralismo político de la joven democracia ha sido acompañado de una multiplicación de la corrupción sin distingo partidista. Ante ello, el hartazgo ciudadano está creciendo peligrosamente. Hacerse cargo de la crisis de legitimidad que enfrenta dicha clase política debe reflejarse en un marco jurídico sólido, aprendiendo correctamente las lecciones de aquellos países que han podido avanzar en el combate de la corrupción y en donde no puede haber lugar a legislaciones a medias o a retrocesos legislativos inaceptables por preocupaciones electorales.

Twitter: @marco_fdezm