¿Por qué hay tanta corrupción en México?

La buena noticia, estimados lectores, es que no estamos destinados a la corrupción. No hay un condicionamiento histórico o un cromosoma traidor que nos orille sin remedio al enjuague, al carterazo contra el erario, a la ley del diez por ciento, al “No me den, pónganme donde hay”. La mala noticia es que, sin embargo, somos un país persistente, extendidamente corrupto, y que explicar las razones de esa corrupción –un requisito ineludible para solucionarla– es una tarea compleja. Proponemos enseguida unas cuantas respuestas. Esperamos, como siempre, las suyas.

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El pacto que nació roto

Eduardo  Bohórquez

Director de Transparencia Mexicana.

Empecemos desde cero. La corrupción es el abuso de la confianza de los demás para obtener un beneficio privado. La definición de corrupción incluye al ámbito público tanto como al privado. Si los vecinos de un edificio eligen entre ellos a un administrador y éste busca hacerse de ingresos adicionales distintos a los acordados, este vecino-administrador está traicionando la confianza social y obteniendo un beneficio privado. En una empresa, el ejecutivo que acumula bonos y beneficios mientras los accionistas pierden dinero, participa de la corrupción empresarial. En el ámbito público, la clase política incurre en corrupción cuando confunde la defensa del interés público con la defensa de sus intereses como grupo dominante. Se corrompen, pues, quienes traicionan la confianza de otros que esperan un tipo de conducta o decisiones apegadas a cierto marco normativo, formal o informal. Por ello la corrupción no es una conducta determinada exclusivamente por nuestros valores; es un conjunto de delitos de naturaleza económica donde el individuo valora lo que a su juicio le conviene más y pone sus intereses por delante –o en contra– de los del colectivo.

Nuestro país ha sido calificado reiteradamente como corrupto. En los últimos 15 años nos hemos estancado por debajo de la media tabla. México ocupa hoy la posición 106 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, muy lejos de países como Dinamarca, Finlandia o Nueva Zelanda, que ocupan los primeros lugares; pero también muy por debajo de Chile, que pese a compartir una historia colonial y una transición democrática reciente, se encuentra más de 70 lugares por encima de México.

Las explicaciones para esta imagen del país no pueden encontrarse, claro está, en el genoma de los mexicanos. Tampoco de forma exclusiva en la descomposición colonial previa a la gesta de independencia o en el anecdotario del México posrevolucionario. La corrupción no está en los genes de los mexicanos, ni anclada en la muy citada frase sobre la falta de respeto a las leyes coloniales: “Acátese, pero no se cumpla.” Quienes responden a las encuestas con las que se construyen estos índices basan su percepción en la experiencia concreta al tratar con presidentes municipales, al hacer negocios con hombres y mujeres que representan a empresas mexicanas, o al leer en la prensa nacional e internacional sobre los efectos de una sociedad que permite que se corroan sus estructuras políticas y económicas.

México tiene una sociedad y un gobiernos afectados por la corrupción porque no ha logrado establecer cabalmente un Estado de Derechos. Leyó usted bien. Estado de Derechos, en plural, y no de Derecho en singular. Porque no basta con que la autoridad mantenga el orden o promueva la aplicación de la ley para que los derechos se cumplan. También se necesita que las instituciones y los sistemas funcionen apropiadamente. Pensemos en nuestro adorado artículo 3º Constitucional, que garantiza educación de calidad para todos los mexicanos. Gastamos varios puntos del Producto Interno Bruto en educación, mucho más que otros países de la OCDE, pero seguimos hablando de escuelas en ruinas y telesecundarias sin energía eléctrica. El pacto social, la Constitución, no se cumple en la práctica, y los derechos se van transformando en privilegios: unos cuantos tienen acceso a educación de calidad y otros tienen que arreglárselas por cuenta propia. Y de forma todavía más cruda, hay quienes convierten los derechos en monedas de cambio políticas: si me apoyas en las elecciones tendrás agua y alumbrado público. O el reverso de la moneda: si quieres mantener tus privilegios, déjame seguir gobernando o dirigiendo tu empresa. El pacto social que cumplirá 100 años en 2017 en realidad siempre ha estado roto.

Ejemplos de la fractura del pacto social hay en abundancia. Desde el cubre-placas para evitar la foto-infracción, hasta el manejo de las relaciones obrero-patronales en Pemex, expresiones de una sociedad de privilegios y excepciones, y no de derechos generalizados para todos los mexicanos. Incluso nuestro lenguaje marca nuestras profundas diferencias, hablando con frecuencia de “ciudadanos de a pie”, cuando en una democracia sólo hay un tipo de ciudadanos.

Como en todo pacto quebrantado, ambas partes –sociedad y gobierno– buscan beneficios adicionales. Los mexicanos gastamos más en una tarde dominical en el cine que en pagar lo que cuesta el impuesto predial promedio. Y si a ello sumamos los numerosos amparos para no pagar el impuesto base del financiamiento de los servicios municipales, no resulta casual que México sea el país que menos predial recauda en toda la OCDE. Pagar el predial no significa acceder a servicios públicos de calidad, sino ser el vecino “ñoño” que sigue las reglas cuando podría gastarse esa misma cantidad en crecer su combo de palomitas.

Aquejada por una débil legitimidad, la clase política hizo poco por restaurar el pacto social. No sólo permitió que la corrupción invadiera a la administración pública, sino que fue tolerando otras formas de corrupción a cambio de protección e impunidad. ¿Con qué autoridad un policía de tránsito puede detener al hampón que usa un cubre-placas en su auto si todos sabemos que seis de cada 10 veces que un policía de tránsito interactúa con un particular no busca aplicar la ley sino llevarse una mordida?

El pacto social en México no va a restaurarse sólo con reformas políticas o con nuevas leyes. Se trata de establecer nuevas relaciones entre sociedad y gobierno. Relaciones donde al cumplir con las obligaciones se obtengan servicios públicos o trámites sencillos y eficaces. Hay ejemplos de que es posible hacerlo: la licencia permanente de tránsito en el Distrito Federal, el pasaporte o trámites basados en el concepto de gobierno electrónico. Para tener servicios públicos de calidad, el pacto social también supone una regulación efectiva del sector privado: que las tarifas correspondan a la calidad de los servicios y que las concesiones a particulares, en el transporte público, por ejemplo, se cumplan estrictamente. Para construir un auténtico Estado de Derechos, hace menos falta una agencia anticorrupción que sistemas que realmente funcionen. Y los mexicanos saben, como los finlandeses, los noruegos o los chilenos, que cuando los sistemas funcionan y los derechos se cumplen, la corrupción no sólo es inmoral, sino completamente prescindible.

@ebohorquez