¿Para qué sirven cincuenta mil firmas?

El nombramiento de Eduardo Medina Mora para la Suprema Corte tuvo como respuesta una carta en la que más de 50 mil ciudadanos pedían al Senado que diera marcha atrás con su decisión. Tal vez una reacción tan contundente no deba sorprendernos. Las redes sociales, para empezar, propician formas de participación que probablemente serán cada vez más eficaces, rápidas, contundentes, un hecho que puede constatarse también con el despido de Carmen Aristegui de MVS. Ante este escenario: ¿quién y cómo representa la voz de los ciudadanos? ¿Debe ser una prioridad de las instancias públicas abrir caminos de diálogo con la sociedad? ¿Qué tan directa, en fin, puede y debe ser la democracia contemporánea?

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Este no es un texto sobre Medina Mora

José  Merino

Catedrático del ITAM.

Eduardo Medina Mora debe ser uno de los mexicanos más talentosos y capaces de nuestra vida democrática. Desde el 2000 nos ha parecido el hombre idóneo para definir las labores de inteligencia del país; después nos pareció el mejor candidato para encabezar las tareas de investigación de nuestro sistema de justicia penal; luego, ese mismo hombre, a ojos del presidente y el senado, resultó el mejor diplomático para representar a México en el Reino Unido y, posteriormente, en nuestra relación bilateral más importante: Estados Unidos. Finalmente, de nuevo para el presidente y el Senado, Medina Mora resultó también un jurista de tal calibre, que merece un asiento en la Suprema Corte de Justicia. Hay dos opciones: efectivamente Medina Mora es un hombre de múltiples e incuestionables talentos; o es simplemente un político permanentemente cercano y útil al poder, y a eso se reduce su talento.

Sobre la poca idoneidad de Medina Mora para ser ministro de la corte se ha escrito mucho y bien. No haré lo mismo aquí. En realidad, creo que Medina Mora y su trayectoria son lo menos relevante en su último nombramiento. Sirven, sin embargo, para lanzar una pregunta: ¿Por qué el presidente y una mayoría calificada del Senado promovieron e insistieron en su nombramiento? La respuesta nos lleva, pues, más allá de un individuo, y nos obliga a pensar en la democracia mexicana. En la combinación de instituciones y actores que han hecho de Medina Mora, como otros tantos, un perfil factible y deseable.

Con la complicidad de los partidos políticos dominantes y no pocos medios de comunicación, ha triunfado en México la idea de que la democracia es la ausencia de conflicto. Un armónico consenso entre élites que permite dotar de "efectividad" al gobierno en democracia e impulsar las reformas "necesarias" para ello. Digo complicidad, porque se parece más a una intención explícita por mantener el status quo que una feliz coincidencia de principios políticos.

Para funcionar, esta idea coreográfica de la democracia requiere minimizar o atrofiar dos cosas propias de... la democracia: representación política y equilibrios horizontales de poder.

Lo primero se consiguió por la herencia autocrática y su profundización desde el 2000. La no reelección (o la reelección finita sin amenaza de salida respecto al partido postulante); ausencia de mecanismos de control judicial; barreras numéricas y temporales de entrada a nuevos partidos; requisitos que imposibilitan candidaturas independientes exitosas; condiciones que garantizan la total inutilidad de mecanismos de democracia directa (i.e. consulta popular). En el ejercicio cotidiano de gobierno, los ciudadanos mexicanos no tienen una sola herramienta de incidencia. La nuestra es una democracia sin las condiciones necesarias de representación política. ¿Quién puede argumentar y fundamentar que un mexicano puede afectar los factores que inciden en su calidad de vida vía el voto?

Para lo segundo, reducir y/o neutralizar puntos de veto, se requería la ausencia de representación política; la anulación legal de entidades de monitoreo y castigo (i.e. ASP, IFAI, INE, TEPJF y SFP); y, finalmente, la anulación práctica de los otros dos poderes. Conseguidos los dos primeros, estamos en camino al tercero. ¿Suena dramático? Veamos algunos datos del Congreso mexicano.

En los primeros dos años de Felipe Calderón Hinojosa, del total de iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados se publicó el 16%, y menos del 10% de esas iniciativas publicadas fueron presentadas por el Ejecutivo. En los primeros dos años de Enrique Peña Nieto, del total de iniciativas presentadas en la Cámara de Diputados se publicó apenas el 3%, y casi 50% de estas iniciativas publicadas fueron presentadas por el Ejecutivo. Cuando de una administración a otra el porcentaje de aprobación de iniciativas presentadas por legisladores pasa de 15% a 1.5%, mientras 73% de las iniciativas del Ejecutivo fueron aprobadas, lo que atestiguamos es el brutal debilitamiento del poder legislativo como contrapeso al presidente. Esto se parece más al Arirang norcoreano (ver bit.ly/ArirangEjemplo), que a una democracia plural, representativa y deliberativa.

La Suprema Corte ha sido con frecuencia el último recurso para preservar un mínimo de equilibrio horizontal entre poderes. Desde el matrimonio igualitario, pasando por la Guardería ABC, hasta llegar, por ejemplo, a la resolución reciente a favor de un amparo contra la corrupción en el gasto educativo. Con la complicidad de un legislativo desdibujado, el nombramiento de Medina Mora busca expandir ese desdibujamiento al poder judicial de mano de un político, decíamos, cercano y útil al poder, a quien ocupe el aparato estatal. ¿Cuántos senadores hubiesen apoyado el nombramiento de Medina Mora si sus acciones pudiesen ser castigadas por sus electores?

La democracia, señores, no es la ausencia de conflicto: es el mejor mecanismo que hemos encontrado para resolverlo pacíficamente. La democracia no anula el conflicto; lo garantiza, lo procesa y cuida de su sobrevivencia. Es precisamente por ello que se arma institucionalmente de dos factores clave: rendición de cuentas vertical (i.e. representación política) y rendición de cuentas horizontal (i.e. mecanismos de control judicial y equilibrio de poderes). Justamente los dos factores que en la democracia mexicana la élite consensualista quiere terminar por desarmar.