¿Para qué sirven cincuenta mil firmas?

El nombramiento de Eduardo Medina Mora para la Suprema Corte tuvo como respuesta una carta en la que más de 50 mil ciudadanos pedían al Senado que diera marcha atrás con su decisión. Tal vez una reacción tan contundente no deba sorprendernos. Las redes sociales, para empezar, propician formas de participación que probablemente serán cada vez más eficaces, rápidas, contundentes, un hecho que puede constatarse también con el despido de Carmen Aristegui de MVS. Ante este escenario: ¿quién y cómo representa la voz de los ciudadanos? ¿Debe ser una prioridad de las instancias públicas abrir caminos de diálogo con la sociedad? ¿Qué tan directa, en fin, puede y debe ser la democracia contemporánea?

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    1. Alejandro Madrazo Lajous

      Por sus canicas

      Abogado constitucionalista. Investigador del CIDE.
    2. Roberto Gil Zuarth

      ¿83 o 55 mil?

      Presidente del Senado.
    3. José  Merino

      Este no es un texto sobre ...

      Catedrático del ITAM.

Facultad legal y razón pública

Mara I.  Hernández Estrada

Profesora-investigadora de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Es desalentador que el debate en torno a la legitimidad de la elección de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte se haya centrado tanto en comparar el peso de las 52 mil firmas con el voto en mayoría calificada de 83 senadores. Desalienta porque remite a una lucha de fuerza absurda y desvía la atención respecto de lo sustantivo: la calidad de la deliberación pública que sustentó una decisión tan trascendental como la designación de un integrante del máximo intérprete de nuestra constitución.

Se trata de una lucha de fuerzas absurda porque nos regresa al viejo y ya superado debate entre democracia directa y democracia representativa. Las experiencias internacionales de las últimas décadas demuestran que se trata de un falso debate. Los ejercicios más exitosos de democracia directa han tenido por resultado fortalecer la democracia representativa al aumentar la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes. Por ejemplo, en los ejercicios de presupuesto participativo en ciudades como Porto Alegre y Bogotá, este aumento en la confianza ciudadana se tradujo incluso en incrementos en la recaudación fiscal de los gobiernos municipales. El propio Mancera rompió récords de votación en el DF con una campaña que no prometía más que eso: consultar a la ciudadanía. A nivel federal, nuestro marco legal es ya uno que reconoce la naturaleza complementaria de estas formas de democracia, con figuras como la consulta popular o la consulta pública en materia ambiental.

La tragedia de Ayotzinapa, otras graves violaciones a los derechos humanos que han sido objeto de atención internacional y los escándalos de corrupción al más alto nivel de toma de decisión, se suman a los ya de por sí bajos niveles de credibilidad de nuestras instituciones. En este contexto de grave crisis de legitimidad, los principales interesados en propiciar formas de involucramiento directo de la ciudadanía tendrían que ser los propios legisladores. Tan es así que "(e)l acuerdo parlamentario que rige el procedimiento de análisis y discusión de la terna que envió el Presidente de la República, prevé la posibilidad de que ciudadanos emitan opinión con respecto a los candidatos de las ternas", como lo subrayó el senador Gil Zuarth durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia, en la que se votó el dictamen que asentó la elegibilidad de los tres integrantes de la terna.

Sin embargo, en esta misma sesión, el senador Gil Zuarth razonó su voto a favor de la elegibilidad de Medina Mora refutando puntualmente los cuestionamientos a su residencia y apuntando que "(h)ace dos años el Senado de la República aprobó por una amplísima mayoría que el licenciado Medina Mora tiene competencia, categoría y méritos suficientes para representar al Estado Mexicano. Y yo voté ese acuerdo en el Pleno del Senado. Por congruencia (...) no me puedo apartar de mi propio precedente". Bajo este mismo argumento evadió abrir el debate para analizar los distintos cuestionamientos, relativos a la reputación, capacidad y profesionalismo del candidato, presentados por la sociedad civil y dos senadoras del PRD. Como si se tratara de cargos con requisitos de idoneidad equivalentes. Como si la Corte no mereciera una valoración ex profeso. Y como si no fuera factible que entre uno y otro nombramiento se visibilizaran nuevos argumentos de peso que pudieran poner en tela de juicio la idoneidad del candidato en cuestión para un cargo distinto y de mucha mayor trascendencia.

Entre otros cuestionamientos, la senadora Padierna citó un resolutivo de la propia SCJN, que adjudica "responsabilidad directa del entonces secretario de Seguridad Pública sobre las deficiencias operativas, logísticas y de supervisión de la actuación de la policía federal (...) que redundaron en violaciones a los derechos humanos y que son imputables en cadena de mando" al candidato a ministro. Ni este ni los demás cuestionamientos fueron puntualmente respondidos por ninguno de los senadores que votó el dictamen de eligibilidad a favor.

Las comisiones legislativas no aprueban directamente ni nombramientos ni leyes. Su tarea consiste, nada más y nada menos, en argumentar y deliberar los distintos asuntos que se someterán a votación, con el fin de fundar y motivar las decisiones mayoritarias del Pleno del Senado. No obstante, bajo la débil línea de argumentación de Gil Zuarth, la Comisión de Justicia aprobó un dictamen que hacía caso omiso de una participación ciudadana novedosa, espontánea, unificada y nutrida que el propio Congreso ofreció tomar en consideración. Y cuando digo caso omiso no me refiero a que no hayan retomado los cuestionamientos, me refiero a que sencillamente nunca se discutieron los argumentos vertidos.

La facultad legal de votar a los ministros de la SCJN es exclusiva del Senado de la República. Pero la razón pública no es monopolio de ninguna institución. Tampoco está relacionada con el número de firmas que suscriban el alegato. La razón pública es el bien común que nutre de legitimidad a las decisiones de nuestros representantes y sólo puede construirse en el intercambio recíproco de argumentos, de cara a la ciudadanía; nunca por encima de ella.