¿Para qué sirven cincuenta mil firmas?

El nombramiento de Eduardo Medina Mora para la Suprema Corte tuvo como respuesta una carta en la que más de 50 mil ciudadanos pedían al Senado que diera marcha atrás con su decisión. Tal vez una reacción tan contundente no deba sorprendernos. Las redes sociales, para empezar, propician formas de participación que probablemente serán cada vez más eficaces, rápidas, contundentes, un hecho que puede constatarse también con el despido de Carmen Aristegui de MVS. Ante este escenario: ¿quién y cómo representa la voz de los ciudadanos? ¿Debe ser una prioridad de las instancias públicas abrir caminos de diálogo con la sociedad? ¿Qué tan directa, en fin, puede y debe ser la democracia contemporánea?

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    1. Roberto Gil Zuarth

      ¿83 o 55 mil?

      Presidente del Senado.
    2. José  Merino

      Este no es un texto sobre ...

      Catedrático del ITAM.
    3. Mara I.  Hernández Estrada

      Facultad legal y razón pública

      Profesora-investigadora de la Escuela de ...

Por sus canicas

Alejandro Madrazo Lajous

Abogado constitucionalista. Investigador del CIDE.

¿Cuál es el saldo de lo ocurrido? La pregunta me ha sido planteada en radio y en privado muchas veces desde el martes pasado, cuando una mayoría calificada del Senado (presente) designó ministro de la Suprema Corte a Eduardo Medina Mora. La designación se dio al final del que ha resultado ser, sin duda, el debate público sobre nombramientos de ministros de la Suprema Corte más intenso y difundido de la historia reciente de ese órgano. Se dio sin que se escuchara un sólo argumento sustantivo –ni de quien lo propuso ni de quienes lo ratificaron– sobre por qué Eduardo Medina Mora tiene un perfil –ya no idóneo– aceptable para el cargo que se le confirió. Se dio, también, tras un proceso formal en el que poco o nada se conoció acerca de los candidatos; en el que el Senado se limitó a fungir como oficialía de partes; y en el que apenas se recabó la información que los propios participantes en la terna tuvieron a bien ofrecer.

Pero a la vez, el nombramiento se dio después de un proceso en que la ciudadanía se movilizó como nunca en torno a los nombramientos de ministros; en que a falta de cauces formales e institucionales –audiencias y comparecencias públicas en la Comisión, peticiones abiertas de información, etc.– la ciudadanía tuvo a bien improvisar un mecanismo –change.org y las redes sociales– para hacerse escuchar y para obtener más información de la que el Senado se había molestado en recabar. Sobre todo, fue un proceso en el cual los ciudadanos ofrecimos razones, respondimos cuestionamientos, exigimos seriedad de los gobernantes (Senado y Presidencia) y respeto a las instituciones (SCJN). Un proceso, en síntesis, en que la ciudadanía se hizo presente y se hizo escuchar, aun ante oídos sordos.

El saldo, entonces, es positivo para la ciudadanía, pero negativo para casi cualquier otro actor involucrado: el ministro Medina asume el cargo más cuestionado –y en consecuencia, debilitado– que cualquier otro ministro en memoria; el Senado queda exhibido como un broker político con vocación de burócrata que se limita a estampar un sello y no en el órgano republicano y parlamentario que debería ser; el presidente quedó exhibido como alguien poco dispuesto a dar razones de su actuar y, sobre todo, de no estar nada comprometido con reformar a las apenas presentables instituciones encargadas de la justicia en este país. La Suprema Corte, por su parte, deberá asumir el peso de su nuevo miembro, y corregir, con su actuar colectivo a través del tiempo, el golpe a la credibilidad que el Senado y el presidente le infligieron. En síntesis: los ciudadanos hicimos nuestro trabajo; el Senado no; y la Corte pagará los platos rotos.

Pero el saldo no puede ser leído fuera de contexto. Quizá lo más impactante, para mí, es que el espacio radiofónico que contribuyó sensiblemente a darnos voz, a encauzar en forma propositiva el desasosiego ante el actuar de las autoridades, que nos abrió su micrófono en tres ocasiones, mientras el Senado cerraba sus oídos, hoy no existe. Carmen Aristegui fue censurada a través de la empresa a la que ha contribuido a dar prestigio y audiencia como pocos. ¿Por qué? Por razones que no han sido expresadas, pero que todos adivinamos.

¿Cuál es el balance conjunto de lo ocurrido? Para mí, el balance es que el gobierno ya decidió cómo responder a la profunda, inusitada e histórica crisis de legitimidad; crisis de régimen. Tras meses de parálisis, sin poder articular una respuesta coherente y creíble ante los reclamos de la ciudadanía que se desataron tras los crímenes cometidos por el Estado en Tlatlaya y Ayotzinapa, el gobierno ha por fin entrado en acción. Y lo ha hecho mal, y lo ha hecho mal encaminado. La clase política que nos gobierna ha optado por cerrarse y cerrar filas para protegerse y proteger sus intereses; callar las voces críticas, como a Aristegui y su equipo, y desoír a la ciudadanía que aún se expresa con razones y con firmas, no con balas. Fuimos 55 mil los firmantes (que, por cierto, han sumado otros 4,000 aún después de la ratificación) que ofrecimos razones; ni un solo senador nos devolvió la cortesía. Su silencio es elocuente. Me temo que la clase política nos anuncia esta semana, con sus actos, que no sólo va por todas las canicas; sino que va tras ellas por sus canicas, no por buenas razones.