¿Para qué sirven cincuenta mil firmas?

El nombramiento de Eduardo Medina Mora para la Suprema Corte tuvo como respuesta una carta en la que más de 50 mil ciudadanos pedían al Senado que diera marcha atrás con su decisión. Tal vez una reacción tan contundente no deba sorprendernos. Las redes sociales, para empezar, propician formas de participación que probablemente serán cada vez más eficaces, rápidas, contundentes, un hecho que puede constatarse también con el despido de Carmen Aristegui de MVS. Ante este escenario: ¿quién y cómo representa la voz de los ciudadanos? ¿Debe ser una prioridad de las instancias públicas abrir caminos de diálogo con la sociedad? ¿Qué tan directa, en fin, puede y debe ser la democracia contemporánea?

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    1. Alejandro Madrazo Lajous

      Por sus canicas

      Abogado constitucionalista. Investigador del CIDE.
    2. José  Merino

      Este no es un texto sobre ...

      Catedrático del ITAM.
    3. Mara I.  Hernández Estrada

      Facultad legal y razón pública

      Profesora-investigadora de la Escuela de ...

¿83 o 55 mil?

Roberto Gil Zuarth

Presidente del Senado.

Desde que la pluralidad se instaló como un hecho determinante en la conformación y ejercicio del poder, la Constitución se ha convertido en la norma que recoge un conjunto de valores en constante tensión entre sí, que ganan o pierden terreno conforme se desenvuelve el sistema de decisiones o se expresan las realidades de poder. En la democracia pluralista, la Constitución es el tablero en el que se definen las habilitaciones para mandar, los márgenes de lo lícito y de lo ilícito, las orientaciones de la acción estatal. Es ley dúctil, texto abierto, material maleable. Así las cosas, la integración del órgano que decide en última y definitiva instancia sobre sus alcances, es una trinchera fundamental de la disputa por influir en las relaciones entre los poderes y por hacer prevalecer ciertas posiciones ideológicas sobre otras. En la medida en que la Corte ha adquirido poder para dirimir sobre el poder, tiende a crecer la relevancia de la procedencia política de quienes compiten por la toga, las tendencias interpretativas en las que militan, las posibles afectaciones a los equilibrios internos y externos, las mayorías o minorías que se forman o se disuelven con los votos. Nombrar a un ministro es una decisión política que incide en la lectura y aplicación de la Constitución y, en consecuencia, significa mucho más que un concurso de oposición o un examen de méritos profesionales. Es una dimensión más de nuestra política, al fin, en la que toman lugar distintos actores. Bajo esta lógica, es explicable –y muy deseable– el intenso debate sobre los sitiales en la Corte. Hábito regular, por cierto, en otras coordenadas. Extraña práctica todavía entre nosotros, en razón de nuestra muy reciente –e inacabada– emancipación de los poderes al presidente.

La afortunada movilización social que suscitó el último nombramiento en la Corte ha puesto en evidencia los defectos e insuficiencias de la mecánica de nominación y elección de sus integrantes. El sistema vigente inhibe la deliberación sobre su conformación ideológica y política. El modelo de terna diluye la responsabilidad del presidente en la justificación de su nominación y en el desenlace de la elección. Lo libera del deber de comprometerse explícitamente con un perfil determinado. Tres opciones no multiplican las posibilidades del consenso. Por el contrario, es un poderoso incentivo para la simulación, sobre todo en un sistema electoral que tiende a dar la llave de la mayoría, y por tanto el poder de veto, al partido del presidente. Las cláusulas que la Constitución incorporó para remediar situaciones de bloqueo reducen los alcances del escrutinio senatorial. Por tiempo o por ausencia de acuerdo, el Senado pierde su facultad de incidir en el nombramiento. La regla que otorga al presidente la potestad final de designar a un ministro en caso de indecisión, se convierte en una amenaza creíble a la oposición entre aceptar hoy el equilibrio precario o perder todo mañana. La secuencia de renovación parcial en duplas de retiro promueve la partidización de los nombramientos, es decir, para convenir uno a cambio de otro, sobre todo cuando las vacantes se generan en los tiempos de transición sexenales.

Pero el reciente proceso visibilizó, también, un problema de naturaleza esencialmente política: no hay vías eficientes para canalizar las preferencias de la sociedad a los espacios en los que esas decisiones se adoptan y, por tanto, estos procesos dejan una secuela de insatisfacción. El sistema está diseñado para dejar en manos de los poderes democráticamente electos la integración de la Corte. Y es que así sucede en la gran mayoría de las democracias desarrolladas. ¿Pero qué sucede cuando un sector de la sociedad se moviliza para evitar o producir un determinado resultado? ¿Se requiere un mecanismo más participativo para legitimar la decisión? ¿Es un problema de la mecánica constitucional o un reflejo del rompimiento del vínculo de la representación política, en un contexto de baja credibilidad de nuestras instituciones? ¿Cómo dar poder a 55 mil firmas? ¿Deben prevalecer éstas sobre 83 votos que proceden cada uno de otros miles? ¿La decisión de esos 83 es ilegítima por su inferioridad cuantitativa o por el peso moral de los firmantes? ¿Son motivo suficiente para decidir o dejar de decidir? ¿La razón aritmética en la plaza o en las plataformas digitales debe suplir a la ficción en la que se sostiene la democracia representativa, la ficción que convierte al órgano representativo en reflejo del cuerpo representado y que, por tanto, lo habilita a tomar decisiones en su nombre y por su cuenta? Si esos 83 votos de senadores se respaldan con tres millones de firmas, se supera o confina el problema de legitimidad?

No hay democracia saludable sin vigilancia ciudadana, sin la presión vigorosa de la sociedad. La participación debe ser una vía para incidir, no para suplir los dispositivos de la representación e instalar en su lugar el populismo asambleario. La razón pública alumbra en la comprensión y reducción de la complejidad de un cuerpo social, como diría Luhmann. Se revela en secuencias de deliberación de lo mayor a lo menor, en distintas oportunidades y espacios para agregar voluntades. Los 83 y los 55 mil son actores con distintas posiciones y grados de decisión tratando de influir en los sentidos de la Constitución, procurando la prevalencia de ciertos valores, defendiendo verdades inevitablemente probables. Ciudadanos falibles y libres haciendo política. Ni más, ni tampoco menos.