¿Para qué sirve un ex presidente?

De unas décadas y hasta hace poco, el ex presidente era un hombre que, pensión del Estado en mano, se retiraba, silencioso, a fundar instituciones académicas, administrar ranchos o dar conferencias mientras pasaba la primera oleada de descrédito público y como un modo amable de superar el síndrome de abstinencia del poder, droga –dicen– dura. Esa vieja práctica priista parece haber pasado a mejor vida. De un modo más próximo al norteamericano o el europeo, los presidentes parecen dispuestos a volver al ring político. ¿Es conveniente este nuevo estatus para sus partidos, para la sociedad, para la vida política mexicana?


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La postal imposible

Carlos Silva

Historiador por la UNAM.

Para Renata

En la iconografía contemporánea existe una imagen emblemática para la historia de México. Se trata de la reunión pública, frente al Palacio Nacional, de los ex presidentes posrevolucionarios (a excepción de Álvaro Obregón, asesinado en 1928, y Adolfo de la Huerta, exiliado en los Estados Unidos) al lado del presidente en funciones, Manuel Ávila Camacho. En 1942, bajo la política de la “Unidad Nacional” y sin aparentes diferencias ideológicas o personales, cinco ex mandatarios se reunieron para hacer un llamado a enfrentar la crisis que sufría el país por su ingreso a la Segunda Guerra Mundial. La medida nacionalista causó el clamor del pueblo mexicano, que en decenas de miles se dio cita en el Zócalo de la capital para aclamar a sus gobernantes.

Con el tiempo, este mensaje de unidad y solemnidad se fue desgastando. Años más tarde, la percepción popular de los gobernantes en funciones, antes cuajada de admiración, confianza y buenos augurios, se transformó, al término o durante su misma gestión, en hartazgo, animadversión y odio. Así, ante el desastre político o económico, quienes votaron por aquellos representantes políticos, al ver afectado sus derechos básicos, se sintieron (se sienten) traicionados y defraudados.

Una fecha paradigmática para pulsar de manera clara este sentimiento es el 2 de octubre de 1968. La represión al movimiento estudiantil marcó profundamente el desarrollo del sistema político mexicano. Ese momento terminó por consolidar la imagen del gobernante como corpus de toda la maldad y todos los vicios que puede contener un ser humano. Con sus asegunes, antes de este hecho histórico, los ex mandatarios podían vivir con cierto grado de reconocimiento a su obra y tranquilidad (Miguel Alemán y Adolfo López Mateos pueden contarse entre ellos). Sin embargo, después de Tlatelolco todo cambió radicalmente. Con excepción de Miguel de la Madrid, quien después de su gestión pasiva y gris se podía dejar ver en restaurantes y ser saludado con alguna cortesía, todos los expresidentes han sido condenados al escarnio popular (si se pudiera, lo serían a la picota o la guillotina). Aquella sacudida de conciencia social se ha manifestado en epítomes que califican o descalifican al hombre y no estrictamente a sus gestiones políticas. Díaz Ordaz: “feo”, “asesino” y “represor” (“Sal al balcón, hocicón”); Luis Echeverría: “autoritario”, “populista” y “demagogo”; José López Portillo: “perro”, “corrupto” y “falso-Quetzalcóatl” (“Agarren a López por pillo”); Carlos Salinas de Gortari: “el innombrable”, “Salinillas” (“El hombre que quería ser rey”); Ernesto Zedillo: “traidor de la familia revolucionaria”; Vicente Fox: la investidura presidencial al servicio de la comicidad (“¿Y yo por qué?”); Calderón: “parte de guerra de la guerra no declarada”…

Históricamente México ha sufrido para transitar hacia la madurez política y la democracia total. Durante casi todo el siglo XIX y después de la guerra de Independencia, los gobernantes mexicanos consideraron a la nación y a su pueblo incapaces de gobernarse a través de instituciones (leyes, constituciones, poderes Legislativo y Judicial). El pueblo, al asumir un actitud sumisa y en parte por el desconocimiento del papel de sus gobernantes, postrado en la ignominia espera y fomenta la llegada, como lo ha señalado Will Fowler, “de una figura paterna, un tlatoani, un déspota ilustrado, una figura benévola aunque autoritaria, que decida por ellos, que nos guíe con su probada sabiduría y experiencia y que incluso nos haga sufrir por nuestro bien, que sepa lo que hace falta para que el país progrese, mejore, salga adelante”. Luego entonces, al “fallar” el gobernante, el pueblo se siente defraudado.

Para abonar más al descrédito de los ex mandatarios y a la furia de la población contra ellos, como una mofa involuntaria del Estado mismo, pueden mencionarse las pensiones vitalicias de que gozan los primeros y que se pagan con los impuestos. Hasta 2008, el gobierno federal erogaba la cantidad escalofriante de 40 millones de pesos anuales, divididos entre el sueldo de los siete ex presidentes (en ese momento), el de 168 colaboradores, entre civiles y militares, así como el pago de seguros médicos y de vida, autos, luz, predial, jardinería, limpieza, renta de oficina, etcétera. Para 2012 este gasto se redujo a causa de la muerte de José López Portillo y Miguel de la Madrid (aunque algunos de sus deudos continúan cobrando parte de la pensión), amén de la renuncia voluntaria a sus pensiones por parte de Ernesto Zedilllo y Carlos Salinas de Gortari.

Esta visión histórica a vuelo de pájaro sobre los ex mandatarios, repleta de promesas incumplidas, poder ilimitado, gastos excesivos, corrupción en despoblado y favores discrecionales, se resume en una querella personal entre la clase política y cada uno de los miembros de las familias de esta nación. El discurso oficial mañosamente continúa utilizando “frases retóricas que apelan al interés nacional o al amor a la patria”, pero tras ellas, quienes las patrocinan atentan contra el bolsillo del ciudadano común, que sufre para cubrir sus necesidades básicas del día a día.

Queda claro que en la actualidad las reuniones públicas de nuestros ex gobernantes, como aquella de 1942, coloreada con solemnidad y algarabía simultáneamente, no habrán de repetirse, ni siquiera como una postal para ser contemplada por las generaciones futuras.