Migración: ¿el buen juez por su casa empieza?

Esta no es una Tribuna feliz, entre otras razones porque ofrece un retrato poco enaltecedor de México en su doble condición: la del país que, con plena justicia, se queja del trato que reciben sus emigrantes y vitupera a personajes como Donald Trump, al tiempo que somete a condiciones inaceptables a la inmigración centroamericana que se instala en o transita por su territorio, niños incluidos. ¿A quién responsabilizar de ese maltrato? ¿Es sólo un problema de las instituciones mexicanas? ¿Y el crimen organizado? ¿Y los Estados Unidos? ¿Y los países de origen? ¿Y nosotros, los ciudadanos comunes?


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La migración como síntoma

Yolanda  González Cerdeira

Coordinadora del Servicio Jesuita con Migrantes, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), El Progreso, Honduras. 

Desde hace más de un año, la política migratoria de México hacia Centroamérica está más presente en el debate público. Se discute si México hace el papel del “gendarme” para que las personas centroamericanas no lleguen a Estados Unidos, o si la nueva “frontera sur” de ese país es ahora Chiapas. Varios informes han destacado el número de personas deportadas por México y Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador. Más de 840,000 migrantes deportados entre 2010 y 2014. ¿Una cifra impactante para la sociedad mexicana? En realidad, no tanto, si consideramos que en ese mismo periodo fueron deportadas más de un millón y medio de personas migrantes mexicanas.

La suma de la población de Guatemala, Honduras y El Salvador, 30 millones de habitantes, no es mucho más que la que vive en la zona metropolitana de México, DF. Si “traducimos” esas cifras al contexto mexicano, partiendo de que 2.8% de la población centroamericana ha sido deportada, esto supondría el equivalente a 3’400,000 mexicanos deportados en cinco años.

Lo cierto es que los nuevos escenarios de la realidad migratoria tienen un impacto directo en la situación y en los derechos de las personas que son obligadas a volver a su país de origen. Autoridades y funcionarios reconocen que, desde esa fecha, han tenido que hacer frente a una situación de emergencia que se ha “normalizado”, pese a contar con una sociedad civil que lleva años impulsando programas de atención y acogida. Aun cuando hay funcionarios gubernamentales que consideran que la promesa de 500 dólares para un año y un fogón es la mejor medida social de integración, la mayor parte de los gobiernos y organizaciones señalan la necesidad y a la vez la dificultad de ofrecer algo más que una “recepción” de las personas migrantes deportadas, es decir, un proceso de integración real, que incluya la dimensión psicosocial, laboral y familiar.

Como dicen que de la necesidad hay que hacer virtud, esta llamada “crisis de los menores migrantes” ha logrado poner en la agenda de incidencia, desde el año 2011, los procesos de detención, deportación y recepción de los menores migrantes que no respetan el principio universal del interés superior del niño y la niña, y se han formulado recomendaciones muy concretas para mejorar la situación.

Por otro lado, esta mayor visibilidad de la deportación desde México tuvo como efecto positivo una creciente presencia de organizaciones en aquellas fronteras donde llegan los migrantes en una situación más vulnerable. A su vez, estas organizaciones pueden monitorear más de cerca la actuación de las autoridades y exigir con mejores evidencias la responsabilidad del Estado con sus conciudadanos. La deportación de personas que se habían ido por la inseguridad o violencia generalizada es uno de los grandes desafíos que están enfrentando quienes trabajan en atención directa, y organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) lo tienen ya en su agenda.

Podrían mencionarse muchos otros desafíos de la “agenda de la deportación e integración”, como la inserción de las personas que regresan con alguna discapacidad, la migración circular, la necesidad de fortalecer el sistema consular, el cambio del imaginario colectivo que ve a la persona deportada con sospecha…

Sin embargo, hay una pregunta de fondo que no podemos dejar de hacer. Hablamos de reintegración y la Conferencia Regional de Migración (CRM) tiene como tema la reinserción productiva, pero ¿es que ha habido integración en algún momento para estas personas? Si escuchamos a los propios migrantes deportados, las respuestas son muy claras: “Huimos por el hambre y la inseguridad”, nos dice una mujer joven deportada. ¿Es posible hablar de reinserción de una persona en un país del que había “huido”? Los propios coyotes tienen claro su análisis, tal y como uno explicaba a un medio de comunicación hondureño: “Esto (la migración irregular) es una mina que está en explotación, hay mucha gente enriqueciéndose. ¿Quieres parar el tráfico de indocumentados? Para el hambre en estos países”.

¿Cómo podemos hablar de reintegración de la juventud, si en los barrios de los que se van es más probable que les peguen un tiro a que obtengan un empleo? ¿Cómo hablar de reinserción si el país que les vuelve a “acoger” sigue con los mismos cánceres de desigualdad, falta de oportunidades, violencia, inseguridad y ausencia de Estado de derecho?

Nos encontramos con una disyuntiva en la que o bien nos resignamos a que la realidad migratoria siga siendo una expresión de un modelo económico excluyente, o bien nos arriesgamos a proponer un nuevo modelo de desarrollo que tenga como fin último el bienestar de las mayorías y un sistema migratorio que pueda ser motor de ese otro tipo de desarrollo.