Migración: ¿el buen juez por su casa empieza?

Esta no es una Tribuna feliz, entre otras razones porque ofrece un retrato poco enaltecedor de México en su doble condición: la del país que, con plena justicia, se queja del trato que reciben sus emigrantes y vitupera a personajes como Donald Trump, al tiempo que somete a condiciones inaceptables a la inmigración centroamericana que se instala en o transita por su territorio, niños incluidos. ¿A quién responsabilizar de ese maltrato? ¿Es sólo un problema de las instituciones mexicanas? ¿Y el crimen organizado? ¿Y los Estados Unidos? ¿Y los países de origen? ¿Y nosotros, los ciudadanos comunes?


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No hay fronteras

Luis Raúl  González Pérez

Presidente de la CNDH.

El anhelo de las personas migrantes por buscar mejores perspectivas de desarrollo y de vida no tiene fronteras. La pobreza, la desesperanza y, cada vez más, la violencia son las causas por las cuales muchos de nuestros hermanos centroamericanos emprenden su largo camino.

Para contextualizar estadísticamente la situación a la que me refiero, acudo a la numeralia de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la cual reportó el año pasado 127,149 “eventos” de extranjeros presentados ante la autoridad del Instituto Nacional de Migración (INM), de los cuales 119,714 fueron de personas de Centroamérica, lo que representa más del 90% de las presentaciones ante la autoridad migratoria mexicana.

Durante el presente año, de enero a agosto, las cifras reportadas por la misma Unidad (UPM) son de 130,723 eventos de personas extranjeras presentadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM), siendo un total de 120,380 los eventos de personas procedentes de América Central. Lo que significa que en este año, en el mes de agosto, ya habíamos superado la cifra total del año pasado.

Esta situación nos impulsa a la acción de políticas concretas de protección, promoción, difusión y estudio de los derechos humanos de este grupo de personas en situación de vulnerabilidad. La política pública para la protección de personas en contexto de migración en México es un proceso inacabado, una actividad del Estado que no termina de construirse.

Toda política pública, entendida como las actividades o acciones del Estado que tienen un sentido, un propósito de atender las necesidades de la población, debe estar transversalizada en materia de derechos humanos.

El Estado mexicano ha mantenido una política exterior garantista. La gran mayoría de los gobiernos del mundo, incluido el nuestro,  han centrado sus esfuerzos en contener el flujo migratorio, olvidando en múltiples ocasiones la visión más importante, la de las personas y sus necesidades y, sobre todo, sus derechos humanos. Con objeto de contribuir en este campo, en mayo de 2015 la CNDH participó en la Primera Cumbre Iberoamericana sobre Derechos Humanos, Migrantes y Trata de Personas. Se propuso a 23 defensores nacionales de derechos humanos integrar un “Programa Iberoamericano de protección de los derechos de los migrantes y víctimas de trata de personas transfronterizo”. Como resultado de la cumbre se emitió “La Declaración de Bogotá”, en la que los participantes nos comprometimos a visibilizar el hecho de que la migración no es una dinámica que atañe de manera exclusiva a la jurisdicción interna de los estados, sino que es una problemática que requiere de un abordaje holístico de los derechos humanos.

En junio pasado, en Tapachula, presidí una reunión de trabajo convocada por la CNDH con las instituciones nacionales de derechos humanos de México y Centroamérica. En dicha reunión, se aprobó un documento con conclusiones y compromisos para reforzar las acciones encaminadas a proteger a las personas en contexto de migración, contra toda acción o forma discriminatoria en las fronteras de la región. Menciono algunas conclusiones significativas:

  • Es necesario elaborar de manera conjunta un protocolo de actuación de promoción y protección de los derechos humanos de las personas en contexto de migración, el cual permita unificar criterios entre las instituciones nacionales de Derechos Humanos de México y Centroamérica, e impulsar la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, a través de la Federación Iberoamericana del Ombudsman.
  • En nuestro país contamos con una reciente Ley de Migración y su reglamento, así como una Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo y con un Programa Especial de Migración 2014-2018. Desde la CNDH reconocemos que el debate sobre estas leyes no está terminado y debe continuar para incrementar su nivel garantista.
  • Para lograr que verdaderamente se observen los derechos que se indican en las leyes y reglamento referidos, es necesario también un cambio estructural en la ideología colectiva en relación con la persona que migra, pues las violaciones a los derechos humanos no sólo los comete la autoridad, sino también los particulares.

A pesar de que el 30 de abril de 2014 fue publicado el “Programa Especial de Migración 2014-2018”, cuyos objetivos y estrategias se transversalizan en la observancia de los Derechos Humanos, esta Comisión Nacional ha tenido un incremento de quejas presentadas por personas en contexto de migración. Durante 2014 se recibieron 548 quejas y de enero a octubre del presente año se han presentado 670 quejas.

Si bien la movilidad de la persona es un derecho fundamental, lo ideal es implementar acciones que prevengan la migración involuntaria o forzada; que los estados proporcionen a sus nacionales las condiciones mínimas necesarias que garanticen y protejan sus derechos humanos  para evitar que la población se movilice sin desearlo. Suscribir tratados internacionales binacionales o multinacionales es una acción urgente, a efecto de favorecer los flujos migratorios de manera legal y ordenada.