¿Me va a servir de algo la reforma energética?

Cuando de la reforma energética se trata, en la Cámara se discute casi todo, desde presuntos afanes privatizadores hasta la “ilegalidad” del  formato de debate, y desde las cifras macroeconómicas hasta el papel de la industria y el Estado en nuestro salto al primer mundo. Luego estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, a los que los litros de 800 mililitros de gasolina nos salen cada vez más caros y nos llegan recibos de luz por cinco mil pesos. Para nosotros, ¿qué hay en la reforma? Esta semana en Tribuna.

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Las demasiadas reglas

Miriam Grunstein

Profesora e investigadora del CIDE.

La nueva visión energética suponía un cambio en nuestro modelo de industria y también una ruptura de creencias. Se esperaba que dejáramos que el mercado, con todos sus asegunes, brindara el bienestar que el Estado ya no nos puede brindar. Era de suponer que el modelo estatalizado estaba llegando a un nivel de agotamiento insostenible. De haber vivido bajo un esquema asistencial, obeso de burocracia y a punto de infartarse, entraríamos en la disciplina de los mercados.

Sin embargo, las reglas mínimas para hacer buenos negocios no se ven en las leyes secundarias. Se entiende que todos los incentivos no tienen que ser siempre consignados en las leyes. Una legislación que contiene todas las reglas de las transacciones no deja nada a la voluntad de los que quieren hacer negocios, y la libertad es una condición esencial para llegar a acuerdos interesantes. Sin embargo, y especialmente en un entorno tan cambiante como el nuestro, hay que tener reglas mínimas del juego para que los que vienen sepan si quieren, o no, participar.

Ya decía Adrián Lajous que en esta reforma energética necesitamos más Estado y más Mercado (ambos con mayúsculas). Y creo entender que se refería a tener un Estado fuerte, ordenador de una actividad energética lo más dinámica y diversificada para que los mexicanos disfrutemos de mejores energéticos. Sin embargo, en las leyes secundarias no se ve claro ese Estado fuerte y flexible que abre oportunidades y dinamiza flujos de inversión enderezados al bienestar del usuario. En todo caso, lo que se ve es un afán de fiscalización burocrática que podría ser una amenaza más que un despliegue de verdadera capacidad reguladora. Este país necesita no solo ogros que señalen y apunten, sino personas conocedoras de los incentivos y sanciones que hacen que esta industria marche.

Hay reglas mínimas que deben consignarse en las leyes. ¿Qué garantía de estabilidad tendrán los contratos a largo plazo? ¿Qué contenidos mínimos habrá en ellos? ¿A qué tendrán derecho por los próximos 30 a 35 años? La omisión de estas reglas, me dicen, se debe a que los contratos deben ser “flexibles,” que pueden plasmarse “caso por caso” y “licitación por licitación.” Sin embargo, eso que para algunos significa “flexibilidad” para otros podría ser una fuente de opacidad y discrecionalidad en el trato a las empresas entrantes. Y eso atenta contra las condiciones mínimas de la creación de negocios sanos, tanto para el Estado y las empresas como para los usuarios de los energéticos, quienes deben ser los primeros y centrales beneficiarios de estos cambios.

Queda claro que muchos tomadores de decisión no saben hacer otra cosa que generar burocracia. Y la multiplicidad de capas burocráticas no conforma un Estado fuerte. Nuestra tradición se ha construido sobre una carencia de reglas necesarias y un superávit de controles que llevan al internamiento en laberintos administrativos donde se cocina el caldo de cultivo de la corrupción. Un Estado fuerte, que puede hacer buenos negocios, no necesita muchas reglas; en cambio, sí precisa de las mínimas y puntuales.