Los funcionarios públicos, ¿valen lo que cuestan?

Magistrados con pensiones vitalicias que terminan por durar dos años y rechazadas por sus mismos beneficiarios; directoras de canales televisivos del Estado que ganan más que el secretario de Educación o el mismísimo presidente de la República; profesores de la educación pública con 600 mil pesos de salario mensual… Lo que ganan nuestros funcionarios públicos y magistrados, lo que nos cuesta, pues, ser gobernados y legislados, es el tema con el que debuta Tribuna Milenio, un espacio de debates integrado por especialistas que estará con ustedes, queridos lectores, cada semana. Cuatro de esos especialistas contestan ahora a la pregunta de nuestros desvelos: “Los funcionarios públicos, ¿valen lo que cuestan?” Los invitamos a ejercer la virtud de no estar de acuerdo.

REGRESAR
    1. Mauricio Merino

      Ocultos en los rincones

      Profesor e investigador en el Centro de ...

“Ni tanto que queme al santo…”

Manuel J.  Molano

Director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad.

En la teoría neoclásica, el salario es un espejo de la productividad de cada trabajador. En ese mundo simple, la productividad es observable y hay competencia perfecta en los mercados. No hay dificultades para encontrar talento y contratarlo, ni costos al despedir. Ni el trabajador ni la empresa mienten sobre sus capacidades laborales  o la naturaleza del trabajo.

En el gobierno, es difícil medir la productividad. No es cierto que el gobierno no produzca nada. Sí produce bienes públicos (la infraestructura carretera es un ejemplo clásico), corrige externalidades (las multas por contaminar) y también establece las reglas del juego, a través de las políticas públicas. El Estado crea consensos alrededor de ideas, mismas que acaban dirigiendo la acción colectiva en temas importantes. Pero ¿cuánto vale todo eso?

La pregunta de cuánto debe ganar Pedro López, agente de inspecciones de ganado, o Juan Pérez, auditor fiscal de empresas aseguradoras, es compleja. A veces, si solamente observamos la rutina diaria de Pedro o Juan, parecería que el gobierno les está pagando de más. Hacen un trabajo simple donde el método está establecido, y no se premia la creatividad. ¿Por qué les pagamos más que a un veterinario privado, o a un auditor de empresa? La respuesta es que les estamos encargando asuntos costosos para la sociedad. Al decidir dónde ubicamos a estas personas en el tabulador, nos damos cuenta de que si el salario es muy bajo, los incentivos a la corrupción se vuelven evidentes y la probabilidad de corrupción crece.

Desde esta perspectiva de riesgos, requeriríamos un Estado muy efectivo en detectar las malas prácticas de sus trabajadores y muy eficaz en aplicarles castigos por esas malas prácticas, para poder tener burócratas mal pagados pero que no incurrieran en malas conductas. La capacidad para establecer castigos no es uno de los puntos fuertes de nuestro Estado de derecho.

Podemos concluir que el premio salarial a los burócratas con respecto al sector privado se explica como una prima de riesgo. Como sabemos que el estado de derecho no funciona, les pagamos más con la esperanza de que cuiden su empleo y no incurran en malas prácticas, dado que sabemos que seremos relativamente ineficaces a la hora de castigarlos por esas malas prácticas.

Un tabulador que no puede crecer con la productividad del trabajador también genera pérdida de capital humano para el estado. Un supervisor de bancos de la CNBV acaba ganando más en el sector privado. Su capacidad de detectar riesgos en el balance y la operación de bancos es una habilidad muy escasa que el sector financiero está dispuesto a pagar mejor que en la función pública.

El otro tipo de error, el sobrepago, también tiene sus riesgos. Un burócrata sobrepagado que no tiene un costo de oportunidad en el sector privado se amarrará a la silla y hará todo lo posible para construir barreras que impidan su despido. Eso pasó con muchos de los burócratas con contratos sindicales rígidos generados en los 70. Quien era talentoso y tenía un costo de oportunidad afuera, dejaba esos empleos por poco meritocráticos, corruptos y aburridos; quien no tenía talento, se aguantaba el escalafón, la corrupción y la modorra y ahí se estacionaba.

Hay una solución moderna y democrática al problema. Finalmente, el gobierno es un estructura corporativa en donde los trabajadores tienen interacción con otros burócratas. Es indispensable coordinarse para agregar valor. ¿Qué tal si obligáramos a todos los burócratas a tener un perfil público en una red social para evaluarlos? ¿Qué tal si los usuarios intragubernamentales de sus servicios, y los ciudadanos de a pie, pudiéramos ponerles una calificación a partir de nuestra interacción con ellos? Podríamos saber con un sistema de puntos si el burócrata agrega valor o no. A partir de ahí, podríamos escandalizarnos por su alto o bajo salario. Esa información debería ser insumo para tener mayor dinamismo en el tabulador, y para tener el talento adecuado en el gobierno.


Las opiniones aquí expresadas son a título personal, y no son la postura institucional de IMCO.