Los funcionarios públicos, ¿valen lo que cuestan?

Magistrados con pensiones vitalicias que terminan por durar dos años y rechazadas por sus mismos beneficiarios; directoras de canales televisivos del Estado que ganan más que el secretario de Educación o el mismísimo presidente de la República; profesores de la educación pública con 600 mil pesos de salario mensual… Lo que ganan nuestros funcionarios públicos y magistrados, lo que nos cuesta, pues, ser gobernados y legislados, es el tema con el que debuta Tribuna Milenio, un espacio de debates integrado por especialistas que estará con ustedes, queridos lectores, cada semana. Cuatro de esos especialistas contestan ahora a la pregunta de nuestros desvelos: “Los funcionarios públicos, ¿valen lo que cuestan?” Los invitamos a ejercer la virtud de no estar de acuerdo.

REGRESAR
    1. Manuel J.  Molano

      “Ni tanto que queme al santo…”

      Director general adjunto del Instituto ...

Ocultos en los rincones

Mauricio Merino

Profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Autor de Sobre la evaluación de políticas públicas (Auditoría ...

Gracias a la creciente apertura de la información pública, podemos saber cuánto nos cuesta la administración pública --incluyendo los salarios de los funcionarios--, y también podemos rastrear el destino general de los recursos públicos asignados a cada programa. Pero todavía no es posible correlacionar esos datos con exactitud, en función de los objetivos que se persiguen y de los resultados que se obtienen. Nos faltan piezas para completar el rompecabezas de la rendición de cuentas. En la práctica, debemos resignarnos a observar los datos que nos ofrece el gobierno federal en las llamadas "matrices de indicadores para resultados" --que están lejos de cubrir la totalidad del presupuesto asignado y mucho más lejos de decirnos por qué los objetivos trazados por cada unidad burocrática son los deseables--, mientras que los datos contenidos en la cuenta pública anual son, por  decir lo menos, insuficientes para producir una evaluación medianamente confiable. Lo que quiero decir, para escapar de esta parrafada técnica, es que, como bien decía el clásico, "es un necio quien confunde valor con precio". 

Esa relación entre lo que nos cuesta la gestión pública y lo que obtenemos por el trabajo de quienes la encarnan se complica todavía más cuando tratamos de situarnos en las personas y no en las unidades administrativas. ¿Qué valor añade un funcionario en particular, desde cualquier puesto que ocupe, a la calidad de vida de la sociedad en su conjunto? Imposible saberlo: si ya resultan confusos y vagos los objetivos que dicen buscar las dependencias y los órganos públicos, la asignación de tareas a cada uno de sus integrantes es una gran incógnita. No tenemos un servicio profesional de carrera consolidado, ni evaluaciones de desempeño bien hechas, porque nadie sabe a ciencia cierta qué papel le corresponde jugar a cada funcionario. Cuando una organización no es capaz de establecer con toda claridad los propósitos que persigue, es mucho menos factible fijar la misión que le toca a cada uno de sus integrantes. Así que nuestra administración pública funciona por jerarquías y grupos de autoridad y no por individuos conscientes de que sus ingresos son pagados por el conjunto social, a cambio de los resultados que su trabajo debe ofrecerle al país. Y desde luego no tenemos información suficiente para establecer los valores que nos permitan juzgar ese intercambio entre salarios y méritos.

Y si todo esto es cierto para la administración pública federal, donde los instrumentos de gestión pública se encuentran más avanzados, lo es mucho más para los gobiernos locales y los poderes legislativos y judiciales, donde la oscuridad es mucho mayor. Me ahorro el comentario sobre los municipios, porque ni siquiera las excepciones exitosas se acercan a la posibilidad de contar con medios para evaluar el trabajo de sus funcionarios, peso por peso. Es verdad que en el Poder Judicial hay ensayos de evaluación que han intentado poner algunos parámetros de desempeño, basados en las sentencias emitidas, en la rapidez con la que actúan los jueces y en su apego a los derechos fundamentales. Pero en conjunto, lo cierto es que los pasillos interiores de la justicia siguen llenos de sombras y que sobre las carreras de los juzgadores pesan sobradas sospechas sobre la forma en que ingresan, permanecen y ascienden. Y creo que no es necesario añadir mucho más a lo que ya sabemos sobre nuestro Poder Legislativo, comenzando por el lamentable hecho de que ni siquiera sabemos a qué candidatos estamos votando, porque los partidos nunca nos han ofrecido las biografías completas de quienes integran sus listas, ni tampoco hemos conseguido establecer criterios de evaluación razonables y completos sobre sus labores legislativas --más allá de obviedades como sus asistencias a las comisiones, sus participaciones en la tribuna o el número de iniciativas que impulsan. ¿Cómo, entonces, establecer una correlación sensata sobre el valor que agregan a la vida pública, a cambio del dinero que reciben y ejercen?

En ausencia de una política articulada, completa y coherente de rendición de cuentas, nuestros juicios sobre este tema se basan en los defectos y no en las virtudes: en los escándalos de corrupción, los efectos de la negligencia, los abusos revelados del presupuesto público, los actos de prepotencia, etcétera. Y de aquí que la percepción pública sobre la honestidad y la eficacia de nuestros funcionarios sea, de manera estadísticamente estable, muy negativa. ¿Cómo pedirle a la gente que se sienta satisfecha y orgullosa de sus servidores públicos, si lo poco que saben de ellos es, casi siempre, lo peor de su desempeño? ¿Cómo justificar que ganen salarios equivalentes a los que perciben los ejecutivos de las grandes empresas, si no tenemos forma de evaluar sus éxitos y sentirnos retribuidos en nuestro bienestar, en la calidad de los servicios que ofrece el gobierno, en nuestra seguridad, en la solidez de nuestra justicia o en la precisión y utilidad de las reglas que nos gobiernan? No se le puede pedir peras al olmo: si la gran mayoría de las personas opina que los funcionarios no merecen los sueldos que ganan, es porque no tenemos argumentos para probar lo contrario. 

A veces pienso que la secuencia de escándalos de corrupción y negligencia que llenan las páginas de la prensa aconsejaría que los funcionarios tomaran como prioridad personal la construcción de esos mecanismos que hoy no tenemos para evaluar con justicia su esfuerzo y aprender a reconocerlo. Pero entiendo que me equivoco: cuando se repiten tanto y con tanta frecuencia, los mismos escándalos acaban siendo la vacuna de la vergüenza. Y al final, los funcionarios prefieren pasar desapercibidos y mezclarse con el colectivo. Nada ni nadie los ha persuadido de la importancia que, para su propia fama y beneficio, tendría contar con información y métodos claros para evaluar la calidad cotidiana de su trabajo. Parece que se han acostumbrado a vivir ocultos entre rincones y a recibir sus generosos emolumentos sin hacer “muchas olas”.

Pero los demás tendríamos que seguir insistiendo en que eso cambie, aunque sea por curiosidad; sólo para saber si de veras estamos pagando lo justo por sus servicios y, eventualmente, si podemos sentirnos legítimamente orgullosos de ellos. Y en última instancia, para poder responder la pregunta que ha motivado esta reflexión.