¿Hay un cambio de fondo en la política de drogas?

Cómo cambian las cosas. El presidente Enrique Peña Nieto, que en algún momento anunció que no asistiría a la Sesión Especial sobre Drogas de la ONU, no sólo fue sino que volvió con una serie de anuncios que marcan un cambio rotundo en la política de drogas, al menos en lo que respecta a la mariguana. Anuncios que van de la despenalización de hasta 28 gramos, contra los cinco contemplados hasta ahora, hasta la aprobación del uso medicinal del cannabis. ¿Marcan esos anuncios un cambio real en la política de drogas? ¿Son suficientes? ¿Están bien planteados o exigen una revisión a fondo?


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El camino simultáneo: mercado y Estado

Arturo Rocha

Investigador del CIDE.

Cerrar el paso del GIEI y, al mismo tiempo, repudiar la histórica cumbre de drogas en Naciones Unidas era una combinación suicida. Con la presión de Ayotzinapa en la mira, el gobierno de Peña Nieto se hizo de una necesaria válvula de escape, profundizando la fractura al prohibicionismo abierta por la vía judicial. El extraño paso adelante de un presidente reacio a la regulación de drogas es acertado y bienvenido –sobre todo la libertad anticipada para consumidores cannábicos presos, un acierto excepcional–, pero también es timorato y doblemente insuficiente.

No es una propuesta de vanguardia: Holanda rompió formalmente con la prohibición mundial de drogas en 1976; California abrazó la regulación terapéutica de la mariguana en 1996, mientras que Portugal despenalizó los delitos no sólo del cannabis sino de todas las drogas en 2001.

Tampoco es una política pública acabada y comprometida con la “eficaz regulación” que el presidente prometió en la Asamblea General. Aunque el aumento de la cantidad permisible de cannabis va en la dirección correcta, los consumidores están obligados a comprar mariguana del mercado negro. Además, el objetivo liberal en contra del encarcelamiento queda muy por debajo de una reforma cabal: de los 30 mil reos federales que cumplen condenas por delitos de drogas, en el mejor de los casos, sólo un máximo de 4,000 podrían salir excarcelados.

Afortunadamente, la propuesta de regulación de Peña permite trasladar la conversación, por fin, de la rústica dicotomía prohibición-legalización al diseño e implementación de una política de drogas. El tiempo del cómo ha llegado, desde la regulación exclusivamente terapéutica hasta el mercado libérrimo, pasando por los clubes cannábicos o el monopolio estatal.

En el Congreso, la iniciativa del Ejecutivo se topará con una propuesta mucho más nutrida. El presidente del Senado, Roberto Gil, ha formulado un sistema de regulación que incluye un pensado arsenal de mecanismos de abastecimiento, como el autocultivo, las “cooperativas de producción”, las farmacias y el control del mercado recreativo de mariguana desde un monopsonio estatal. El esquema de Gil Zuarth propone la creación del Instituto Mexicano de la Cannabis, órgano regulador, y el surgimiento de Cannamex, empresa que funcionaría como intermediario entre producción y venta de marihuana.

Los defensores del modelo uruguayo, como el senador Gil, aducen que las ganancias futuras de los empresarios cannábicos financiarán ejércitos de cabilderos, doblando las regulaciones de la industria a placer: de no adoptar el modelo estatista, publicidad y bajos impuestos esperan en el horizonte. La idea es mantener a raya un mercado competitivo cuya ganancia incrementa conforme lo hacen el consumo y el vicio generales.

Olvidan, sin embargo, que el consenso científico señala que la mariguana es menos nociva que el tabaco o el alcohol. En Estados Unidos, por ejemplo, casi medio millón de personas fallece anualmente por fumar tabaco, mientras que poco menos de 90 mil perecen por padecimientos vinculados al alcohol. En contraste, no hay registro de muertes por sobredosis de cannabis. Desde esta visión, está permitido jugar con fuego pero queda prohibido hacerse del encendedor.

Aumentar la torpe y pesada burocracia, dándole el control exclusivo de la mariguana al Estado –el mismo de los 43–, es una idea riesgosa. Nuestra paraestatal vital, incluso sin competencia y administrando petróleo, falló al discernir entre inversiones rentables y naufragios financieros, como ejemplifica el fiasco de Aceite Terciario del Golfo, un proyecto que recibió 146 mil millones de pesos y aun así fracasó. El reporte de competitividad global del Foro Económico Mundial coloca a México en el número 123 de 140 en términos de regulación eficaz gubernamental. El Estado como eficiente proveedor, o intermediario, es una quimera.

No obstante, hay evidencia que también apunta hacia el lado contrario: el mismo reporte subraya las deficiencias del Estado mexicano en la aplicación de las normas de regulación, particularmente en términos ambientales. Impulsado por las grandes refresqueras, el exitoso impuesto en contra de las bebidas azucaradas, que buscaba paliar la crisis de obesidad nacional, reculó recientemente en la Cámara de Diputados.

El Estado mexicano es un deficiente regulador y un mediocre proveedor de servicios. En política de drogas, ¿debemos apostar por el mercado regulado o por el Estado monopsónico? La solución está en el punto medio aristotélico: dejémoslos coexistir y evaluemos quien lo hace mejor, a posteriori. Que el Estado provea la industria médica, mientras grava y regula el mercado recreativo. Que sea la experiencia concreta, y no la ideología, la frontera única entre una vía u otra.