¿Hay un cambio de fondo en la política de drogas?

Cómo cambian las cosas. El presidente Enrique Peña Nieto, que en algún momento anunció que no asistiría a la Sesión Especial sobre Drogas de la ONU, no sólo fue sino que volvió con una serie de anuncios que marcan un cambio rotundo en la política de drogas, al menos en lo que respecta a la mariguana. Anuncios que van de la despenalización de hasta 28 gramos, contra los cinco contemplados hasta ahora, hasta la aprobación del uso medicinal del cannabis. ¿Marcan esos anuncios un cambio real en la política de drogas? ¿Son suficientes? ¿Están bien planteados o exigen una revisión a fondo?


REGRESAR
    1. Fernando  Belaunzarán

      El primer paso

      Ex diputado federal por el PRD.
    2. Lisa  Sánchez

      El diablo está en los detalles

      Coordinadora del Programa Latinoamericano para ...
    3. Jorge Javier Romero

      Lo bueno, lo malo y lo feo

      Investigador de la UAM. Coordinador del ...
    4. Arturo Rocha

      El camino simultáneo: ...

      Investigador del CIDE.

Sí, pero no

Jorge  Hernández Tinajero

Presidente de Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas e integrante de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis.

Finalmente, terminaron los foros nacionales sobre el uso de la mariguana convocados por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación. El Presidente Peña Nieto acudió a la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York los días 18 y 19 de abril pasados, en donde presentó la posición de México frente las drogas; y este circuito culminó con una ceremonia en la que el jefe del Ejecutivo anunció la presentación de una iniciativa de ley en materia de cannabis, que propone tres cambios en la política federal hacia ella: 

1) Autorizar la fabricación e importación de medicamentos a base de cannabis, bajo una estricta fiscalización sanitaria.

2) Impulsar la investigación científica de la planta.

3) Descriminalizar la posesión de hasta 28 gramos de mariguana, y potencialmente liberar a quienes se encuentren recluidos por posesión menor a ésta cantidad.

Cada una de estas medidas merece algunas consideraciones particulares.

Que el Estado reconozca que la cannabis tiene potencial terapéutico es, sin duda, un paso en la dirección correcta: sin tal reconocimiento formal la autoridad no tendría posibilidad –en el marco de las convenciones internacionales recientemente reconocidas y refrendadas por el presidente ante la Asamblea General de la ONU– de organizar el mercado de los productos herbolarios y de medicamentos derivados de la planta.

Esta propuesta no contradice los tratados internacionales vigentes sobre drogas y abre la puerta a que personas con padecimientos susceptibles de ser tratados con mariguana puedan acceder a ellos de forma segura y legal, algo que no es menor y reviste una gran importancia en términos de la salud pública.

El problema con la medida, tal y como está planteada, es que se estipula que cualquier medicamento a base de cannabis tendría que cumplir con todas las reglas que observan los fármacos de patente, quitándole de esta manera a la planta el valor natural que tiene por ser accesible, segura, de fácil administración y rápida acción.

Además, la mayoría de los pacientes de cannabis medicinal requiere básicamente de fumar, inhalar o comer un poco de mariguana, ya que sus efectos positivos también están ligados a la presencia del THC psicoactivo, mismo que pretende eliminarse para utilizar únicamente el CBD, que no es psicoactivo. En este sentido, medicamentos ya aprobados en otros países hechos a base de cannabis tienen precios que no necesariamente están al alcance de todos los que los requerirían, y pareciera ser que sólo los grandes jugadores de la industria farmacéutica serían los autorizados para proveer al mercado. 

En cuanto a impulsar la investigación científica, desde luego, se trata de una medida positiva. Aquí el asunto es lograr agilizar lo que actualmente constituye un suplicio administrativo para lograr cualquier autorización; que la comunidad científica se anime a entrarle al tema; y finalmente, como siempre, que se destinen recursos económicos que la hagan posible. Por el momento, la iniciativa no menciona ninguna especificación al respecto.

Queda por último la cuestión del aumento del umbral de posesión no penal a 28 gramos (actualmente de cinco gramos) como LA medida para descriminalizar al usuario no medicinal. En principio, pareciera ser una propuesta sensata, o por lo menos más próxima a la realidad de los mercados de mariguana en el país. Y sin duda lo es, ya que éste margen resulta francamente ridículo.

Pero la realidad es que ni siquiera éstos cinco gramos están plenamente descriminalizados, toda vez que si una persona es sorprendida con esa cantidad –o incluso con menos– es obligación de la policía presentarla ante un juez calificador que tendrá que determinar si la mariguana es, o no, para consumo personal.

Esta disposición no solo anula la supuesta legalidad de la posesión, sino que se convierte en el incentivo principal para la extorsión de los usuarios: la policía tiene la costumbre de “sembrar” un poco más del material para hacer que el usuario traspase el límite permitido, y de esta forma se convierta, al menos a los ojos de la ley, en un delincuente.

Como además se trata del eslabón más débil de la cadena, la policía puede extorsionar al usuarios fácilmente (la 1a Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales de la Ciudad de México señala que siete de cada 10 usuarios de drogas ilegales en la capital han sido extorsionados por la policía con ese motivo). Si no lo logra, simplemente lo presenta ante la autoridad, y con ello satisface las estadísticas de su trabajo. Y lo más importante: evita entrar en conflicto con las verdaderas redes criminales que controlan el negocio, mismas que suelen ser mucho más peligrosas que los simples usuarios.

Conclusión preliminar: elevar el umbral es sin duda mejor que lo que existía antes, pero también es altamente probable que tal medida no proteja al usuario del ejercicio arbitrario de la ley, especialmente en todo aquello relacionado con la posesión.

La importancia de la figura penal de la posesión es tal, al menos en México, que descriminalizar a los usuarios –y trabajar con ellos desde una perspectiva de salud y derechos– tendría no solo que incluir a todas las sustancias ilícitas que éstos usan –como en Portugal y al menos en cantidades razonables si es que se sigue utilizando el sistema de umbrales–, sino, muy probablemente, eliminar por completo la posesión simple, de cualquier droga, como un delito.

Bajo este supuesto, nadie tendría que ser presentado ante la autoridad por la mera posesión, a menos que existieran indicios creíbles, inmediatos y comprobables de comercio o distribución con fines de lucro, comercio, etc.

Queda señalar sobre este punto, finalmente, la posibilidad de excarcelar a todas aquellas personas que se encuentren en la cárcel por posesión menor a los 28 gramos propuestos.

Desde luego, ésta podría ser una medida muy positiva, pero lamentablemente lo más seguro es que resulte sumamente limitada, toda vez que no incluye a la posesión de otras sustancias distintas a la marihuana, ni podría contemplar a aquellas personas que se encuentren por encima de estos límites, aun cuando muchas de ellas sean, por ejemplo, mujeres jefas de familia que deben mantener a sus hijos de cualquier manera y que han cometido delitos menores de mercado, o no violentos –por ejemplo, como mulas.

En conclusión:

Resulta positivo, en sí mismo, el viraje en la retórica general hacia las drogas, ya que se reconoce a los usuarios como sujetos de derechos, se deja un poco de lado el concepto erróneo de que todo uso es abuso, y se propone que sean las políticas de salud las que tengan un papel más importante en la acción del Estado frente al consumo de drogas.

Igualmente, es positivo el que se reconozca que el mundo está cambiando con respecto a las rígidas normas impuestas hasta el momento por el sistema internacional de control de las drogas, y que México no puede mantenerse al margen de esta discusión.

En el plano práctico e inmediato, sin embargo, las medidas propuestas tendrán un impacto sumamente limitado en áreas críticas para la vida cotidiana de los usuarios, en las dinámicas de control sobre ellos y en su mercado: el sistema de umbrales modificado no incluye otras sustancias, y mantiene el incentivo policiaco hacia la extorsión.  

Y finalmente, lo más grave e importante de todo: la iniciativa del presidente no hace alusión alguna la producción de la planta, ni a a la sentencia de noviembre pasado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al derecho de las personas adultas a tener una acceso seguro y legal a ella; misma que limita al cultivo privado –personal o asociado– siempre y cuando no tenga éste fines de comercio y excluya a los menores de edad.

Debido a tal omisión –o más bien, LA OMISIÓN–, nadie sabe de dónde saldrá la marihuana destinada a la investigación, ni quién la producirá para los usuarios médicos que la demanden en forma de planta, el uso más popular, barato y eficaz.

Así, los usuarios comunes y corrientes tendrán un margen mayor de portación semilegal, pero seguirán sin alternativas para evitar el mercado ilegal para conseguirla, con lo cual las estructuras delictivas que lo controlan no se verán afectadas en nada; y los usuarios, todos, tendrán que seguir entrando en contacto con las redes del crimen organizado y cometiendo delitos… Para ejercer su derecho.