¿Hay un cambio de fondo en la política de drogas?

Cómo cambian las cosas. El presidente Enrique Peña Nieto, que en algún momento anunció que no asistiría a la Sesión Especial sobre Drogas de la ONU, no sólo fue sino que volvió con una serie de anuncios que marcan un cambio rotundo en la política de drogas, al menos en lo que respecta a la mariguana. Anuncios que van de la despenalización de hasta 28 gramos, contra los cinco contemplados hasta ahora, hasta la aprobación del uso medicinal del cannabis. ¿Marcan esos anuncios un cambio real en la política de drogas? ¿Son suficientes? ¿Están bien planteados o exigen una revisión a fondo?


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Lo bueno, lo malo y lo feo

Jorge Javier Romero

Investigador de la UAM. Coordinador del diplomado de Política de Drogas en el CIDE.

Después de un extraño titubeo, que incluyó la cancelación de su presencia en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas y su posterior rectificación, Peña Nieto dio en Nueva York un discurso importante para colocar a México en el grupo de países que cuestionaron seriamente la vigencia del prohibicionismo como estrategia mundial para enfrentar el tema de los riesgos asociados al consumo de sustancias sicotrópicas. En su intervención, el presidente anunció también una serie de cambios en la política hacia la mariguana que concretó con la presentación de una iniciativa de reformas legales para aumentar el umbral de posesión para el consumo de cannabis de cinco a 28 gramos, despenalizar efectivamente, dentro de los umbrales establecidos, la posesión para el consumo de todas las sustancias prohibidas por la ley y los tratados internacionales, y para permitir los derivados farmacéuticos de la planta.

Lo mejor de lo planteado por Peña Nieto es el reconocimiento del fracaso de la prohibición como estrategia y la consideración de las medidas propuestas al congreso como un primer paso para transitar del control de las sustancias con base en las fuerzas de seguridad del Estado y la justicia penal a un modelo basado en criterios sanitarios y en el respeto a los derechos humanos. También ha sido bueno que la declaración en la ONU se vincule a medidas concretas en la dirección correcta. No se debe escatimar el reconocimiento a que, incluso contra sus convicciones íntimas, expresadas antes de que comenzaran los foros del debate nacional sobre la mariguana a los que convocó el gobierno, el presidente impulse un cambio que puede tener consecuencias muy positivas sobre la vida de muchas personas.

Si se aprueba lo propuesto por Peña, muchos usuarios de sustancias tendrán un margen mayor para ejercer su libertad para consumirlas sin ser considerados delincuentes. También se reparará la injusticia de mantener en prisión a un numero importante de personas que están encarceladas sólo por posesión de pequeñas cantidades de mariguana; saldrán de la cárcel mujeres a las que se les ha destrozado la vida tan solo por transportar la hierba. También podrán acceder a tratamientos con medicinas basadas en la cannabis personas que no han encontrado otras opciones para padecimientos de diverso tipo. Se trata de avances relevantes, que es debido reconocer.

Sin embargo, la iniciativa de Peña Nieto es apenas un cambio en el margen que no modifica lo central de la política de drogas fallida que se ha aplicado en México, como en el resto del mundo. Lo malo de lo propuesto es que no toca ni tangencialmente al mayor mal provocado por la prohibición: la existencia de un mercado negro gestionado por organizaciones delictivas, que se han beneficiado enormemente de la existencia de una demanda que no ha sido inhibida por la criminalización ni ha sido adecuadamente atendida por los programas de prevención y de tratamiento existentes. La prohibición ha servido, sobre todo, para enriquecer a los especialistas en mercados clandestinos, que han usado los recursos obtenidos por el tráfico de sustancias sicoactivas para comprar armas y reclutar ejércitos con los cuales han podido retar al Estado incluso en el control territorial y el gobierno de poblaciones enteras.

El principal objetivo de una nueva política de drogas debería ser arrancar de las manos de los delincuentes el negocio, no sólo para debilitarlos sino para garantizar de mejor manera la salud de los usuarios y prevenir el consumo de niños y adolescentes, pues las sustancias potencialmente riesgosas lo son mucho más cuando quienes las regulan no tienen escrúpulos para adulterarlas, aumentar su toxicidad o vendérselas a menores. Los vendedores callejeros no le piden su credencial del INE a sus compradores y tienen incentivos para diversificar su oferta, con lo que los consumidores de sustancias relativamente menos peligrosas, como la mariguana, se ven expuestos al contacto con drogas de mayor riesgo.

Hoy en México no existe una epidemia de consumo de drogas; sin embargo sí tenemos una epidemia de homicidios, muchos de los cuales están directamente vinculados al mercado clandestino de drogas. La violencia es un problema de salud inmensamente mayor que cualquiera provocado por el consumo de sustancias ilícitas. Así, un enfoque de salud en la política de drogas implica reducir la violencia derivada del tráfico. Las reformas de Peña no abordan ninguna medida para reducir el mercado negro, por lo que no tocan el centro del problema generado por la prohibición fallida.

Lo feo que se deriva de lo anterior es que con las nuevas reglas los consumidores de mariguana podrán tener consigo hasta 28 gramos, pero tendrán que comprárselo a los mismos delincuentes de siempre, o seguirán siendo considerados delincuentes, con penas desproporcionadas, si optan por sembrarla en su casa. La iniciativa de Peña tampoco recoge el cultivo para el autoconsumo, como –en cambio– la Suprema Corte autorizó a las cuatro personas a las que concedió el amparo en noviembre.

También está muy feo que la tabla de umbrales siga siendo un marco para la extorsión, pues con 29 gramos automáticamente el usuario se transforma en narcomenudista. El cambio de umbral no garantiza que las policías abandonen las prácticas de sembrarle más mariguana a los detenidos para justificar su chantaje. Sólo si se eliminara completamente el delito de posesión simple la descriminalización de los usuarios sería efectiva.

Otra fealdad del proyecto es que sólo sean accesibles los derivados farmacéuticos del cannabis y que no se puedan aprovechar sus propiedades terapéuticas directas, como ocurre en buena parte de los estados de EEUU donde se le ha regulado con fines médicos. Si bien con la reforma saldrán beneficiados los pacientes con enfermedades raras que pueden ser tratadas con derivados del cáñamo, seguirá siendo ilegal, por ejemplo, preparar tinturas de mariguana con alcohol, como las que tradicionalmente se han usado en México "para las reumas", tan comunes que hasta algún obispo ha confesado que se da sus friegas.

La iniciativa de Peña se queda muy lejos de representar un cambio de fondo en la política fracasada de drogas, pero ha roto la inercia y eso es importante.