¿Es posible blindar a los candidatos?

El caso de Iguala, que desnudó la complicidad del alcalde con el crimen organizado, fue otra confirmación de una antigua sospecha: que la política mexicana está permeada por las mafias. Para contrarrestar esa enfermedad de nuestro sistema es que se promueve desde hace unos días el “blindaje” de los candidatos a puestos de elección, lo que parecería una iniciativa simplemente irreprochable, con una importante cantidad de procesos electorales en puerta. Lejos de ello, se multiplican las dudas sobre su viabilidad e incluso su pertinencia. A continuación, un análisis de posibilidades e imposibilidades, pros y contras, que servirá sobre todo para documentar su escepticismo, estimados lectores.

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Guillermo Valdés Castellanos

Ex director del CISEN.

Una caricatura que vi en alguna red social presentaba el diálogo entre un papá y su hijo adolescente. Éste le informaba a su padre que no quería ser ingeniero, sino dedicarse al crimen organizado, a lo que el primero, sin mostrar ninguna sorpresa por la propuesta, se limitó a preguntarle si lo iba a hacer en el sector privado o en el público. Lo cómico no le quita lo grave, pues el nexo entre narcotráfico y política es antiguo. Sin embargo, la preocupación del gobierno y los partidos por encontrar mecanismos que impidan que personajes vinculados al crimen organizado se conviertan en candidatos y luego en autoridades es bastante reciente.

Iguala es solo el último caso, uno de los más trágicos, de la facilidad del paso fluido entre ambos mundos. Tiene el triste mérito de haber actuado como la gota que derramó el vaso y provocado algunos pronunciamientos que permiten entrever, por fin, algún acuerdo entre los partidos y el gobierno para tratar de cerrar ese hasta ahora amplio y libre cruce entre crimen organizado y política. El proceso no será fácil si es que de verdad llegan a concretarlo (aún soy escéptico de la voluntad real de los involucrados).

El primer asunto –que no tiene respuestas claras– es definir el criterio para vetar precandidatos. Es obvio que no se trata de personajes con antecedentes criminales comprobados, pues la ley ya les impide serlo. Para saber esto, basta con incluir en los requisitos para inscribirse como candidatos, si es que no está ya considerado, los comprobantes de no antecedentes penales expedidos por la PGR, la Policía Federal y/o las policías y procuradurías locales.

Por tanto, el veto aplicaría a personajes con sospecha de vínculos con el crimen organizado. Y aquí comienzan los problemas. Vínculos es un concepto demasiado amplio: pueden ser familiares, profesionales, de amistad o meramente circunstanciales. Por ejemplo, si la línea se traza por tener algún pariente que tenga nexos con alguna organización criminal, las preguntas obvias son ¿pariente en qué grado? ¿Hermanos, primos directos o segundos, cuñados? Lo mismo del nexo del pariente o amigo: ser un sicario implica un tipo de nexo evidente con la organización, pero quien le vendió celulares a una organización criminal también tienen un nexo con ella. Las posibilidades de vínculos y nexos son amplísimas. ¿Dónde van a trazar las líneas, sabiendo que los vínculos no necesariamente significan complicidad?

Segundo problema. Una vez definidos los criterios de veto, se tiene que fundamentar jurídica y/o administrativamente que ese criterio sea causal para que los partidos nieguen el registro, pues de lo contrario el precandidato puede impugnar ante el Tribunal Electoral la decisión de su partido y muy probablemente ganarla. No soy abogado, pero sé que ese aspecto también debe considerarse, y no sé si a nivel de reglamento interno de los partidos o se tiene que cambiar la ley electoral.

En tercer lugar, está el asunto de quién va a investigar y con qué métodos para poder tomar la decisión. Lo obvio es que las instituciones que investiguen sean la PGR con el apoyo de la Policía Federal y del CISEN. El problema deriva de los recursos y el tiempo que implicará investigar a alrededor de 40 mil precandidatos (dos mil puestos de elección en disputa, por diez partidos, por dos precandidatos por puesto). Eso cuesta y mucho. ¿Los partidos están dispuestos a pagar el costo? Y tomará bastante tiempo, lo cual supondría adelantar la fecha de registro de precandidatos. Si no lo hacen antes, ya para qué.

Otro aspecto relevante. El proceso necesitará que los precandidatos acepten voluntariamente ser investigados y proporcionen información personal y familiar y, en algunos casos, ser sometidos al polígrafo. ¿Estarán dispuestos a hacerlo? ¿Se les puede obligar? Tampoco es menor el asunto de que los precandidatos confíen en los resultados y en su confidencialidad (habrá que darles certeza de que no serán mal utilizados, ni se sesgarán en favor de algún otro precandidato), lo cual supondría una carta firmada previamente de aceptación de los resultados y mecanismos de seguridad muy serios por parte de las instancias investigadoras.

Además de la investigación de los candidatos, el monitoreo de los fondos de campaña –en especial de los flujos de efectivo que los partidos juran no utilizar, pero que todo mundo sabe que fluyen abundantemente– será igual de importante para blindar de manera más eficaz las campañas y detectar a los malosos. ¿A qué se comprometerán los partidos en este tema que dicen que no existe?

Como se ve, el proceso no sería sencillo, pero todos esos problemas pueden ser solucionables si hay la voluntad real de parte de todos los involucrados. ¿De verdad se aventarán el tiro? Hasta no ver no creer.