¿Es posible blindar a los candidatos?

El caso de Iguala, que desnudó la complicidad del alcalde con el crimen organizado, fue otra confirmación de una antigua sospecha: que la política mexicana está permeada por las mafias. Para contrarrestar esa enfermedad de nuestro sistema es que se promueve desde hace unos días el “blindaje” de los candidatos a puestos de elección, lo que parecería una iniciativa simplemente irreprochable, con una importante cantidad de procesos electorales en puerta. Lejos de ello, se multiplican las dudas sobre su viabilidad e incluso su pertinencia. A continuación, un análisis de posibilidades e imposibilidades, pros y contras, que servirá sobre todo para documentar su escepticismo, estimados lectores.

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    1. Luis Carlos Ugalde

      Entre la fantasía y la ...

      Ex consejero presidente del IFE. Director ...
    2. Guillermo Valdés Castellanos

      Hasta no ver...

      Ex director del CISEN.

Sin novedad en el frente

Eduardo Guerrero Gutiérrez

Director de Lantia Consultores.

A raíz de los trágicos sucesos de Iguala --que exhibieron los vínculos del alcalde y su esposa con el crimen organizado--, muchas voces se han alzado para exigir un “blindaje” de las elecciones del próximo año de la influencia del crimen organizado. Sin embargo, al hablar de “blindaje” cada quien entiende algo distinto. Por lo tanto, comienzo con una precisión. Una cosa es blindar a los candidatos, es decir, evitar que las personas que sean postuladas por los partidos políticos sean objeto de ofertas y presiones non sanctas. Como señaló el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, éste es un tema que compete en primer lugar a los partidos. El INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda pueden contribuir con la tarea, principalmente por medio de la fiscalización de los recursos que se ejercen en las campañas.

Y otra cosa, más complicada, es blindar al país contra candidatos del crimen organizado. Los líderes de las principales fuerzas políticas han manifestado su voluntad de apoyar este esfuerzo. No obstante, es necesario señalar que para los partidos políticos es extremadamente difícil asumir tal responsabilidad. Si no lo han hecho en el pasado, no necesariamente se debe a que no conocieran el perfil de los candidatos, sino más probablemente a que hubiera implicado prescindir de liderazgos locales que, al final del día, eran los que podían atraer más votos.

En realidad no hay mejor blindaje que la simple aplicación de la ley, que establece que la seguridad nacional incluye “la preservación de la democracia” y “el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno”. El CISEN, como la agencia responsable de desarrollar tareas de inteligencia orientadas a preservar la seguridad nacional, tiene atribuciones plenas para indagar sobre los vínculos de los candidatos con el crimen organizado y, en su caso, dar vista a la PGR para que inicie una investigación formal.

El principal desafío para este blindaje no es técnico. En el ámbito local se sabe quién es quién, y el CISEN cuenta con recursos para allegarse información sobre las andanzas de los aspirantes (que por lo general no son muy discretas que digamos). El desafío político es mayor. ¿Cómo lograr que las distintas fuerzas políticas, y la opinión pública, reconozcan la imparcialidad en los actos de autoridad que se desprendan de labores de inteligencia? ¿Qué garantía de neutralidad podría ofrecer el ejecutivo federal? Otra pregunta relevante consiste en definir hasta dónde deben llegar las investigaciones. ¿Dónde termina la preservación de la seguridad nacional y dónde empieza la cacería de brujas? Lo anterior es una preocupación central en entidades como Michoacán, donde no parece exagerado suponer que prácticamente la totalidad de las autoridades en funciones colaboraron con el crimen organizado --ya sea voluntariamente o bajo amenazas.

Estas preguntas no se responden con declaraciones retóricas sino con compromisos concretos. De parte de las autoridades, describir puntualmente los objetivos y alcances de las investigaciones (qué conductas o ilícitos específicos se incluirán), así como las medidas para el resguardo de la información personal de los candidatos. Lo anterior resultará prioritario sobre todo si se decide aplicar pruebas de control de confianza (el temido polígrafo o detector de mentiras), a lo que dudo mucho que accedan los partidos políticos.

En resumen, en el actual contexto parece central que el Estado mexicano desarrolle una política para evitar que personas que colaboren con el crimen organizado ocupen cargos de elección popular. Desafortunadamente, no hay razones para ser optimistas en este renglón. Nuestras agencias de inteligencia y de procuración de justicia no cuentan todavía con los niveles de profesionalismo y autonomía indispensables para desarrollar esta tarea de manera imparcial y creíble. Estas agencias fueron pensadas para operar en otros tiempos, y no han cambiado mucho a pesar de la transición política.

@laloguerrero