¿Es posible blindar a los candidatos?

El caso de Iguala, que desnudó la complicidad del alcalde con el crimen organizado, fue otra confirmación de una antigua sospecha: que la política mexicana está permeada por las mafias. Para contrarrestar esa enfermedad de nuestro sistema es que se promueve desde hace unos días el “blindaje” de los candidatos a puestos de elección, lo que parecería una iniciativa simplemente irreprochable, con una importante cantidad de procesos electorales en puerta. Lejos de ello, se multiplican las dudas sobre su viabilidad e incluso su pertinencia. A continuación, un análisis de posibilidades e imposibilidades, pros y contras, que servirá sobre todo para documentar su escepticismo, estimados lectores.

REGRESAR
    1. Guillermo Valdés Castellanos

      Hasta no ver...

      Ex director del CISEN.
    2. Eduardo Guerrero Gutiérrez

      Sin novedad en el frente

      Director de Lantia Consultores.

Entre la fantasía y la demagogia

Luis Carlos Ugalde

Ex consejero presidente del IFE. Director general de Integralia Consultores.

Es ingenuo, demagógico e incluso irresponsable promover que una entidad de gobierno ­--sea el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) o una nueva fiscalía-- certifiquen a los candidatos para las elecciones de 2015 a fin de evitar vínculos con el crimen organizado.

Ingenuo porque las agencias de seguridad e inteligencia son endebles y limitadas para detectar la penetración del crimen en las esferas políticas. En 2015 habrá 2,159 puestos en disputa (sin considerar a los regidores) y más de 20 mil candidatos considerando a 10 partidos nacionales. No hay institución con la información requerida para conocer el perfil de ese número de personas. Ciertamente las candidaturas problemáticas se ubican en gubernaturas y alcaldías de ciertas regiones del país, pero el ejercicio no podría restringirse sino ser total.

Imaginemos que tuviéramos una CIA y una KGB omniscientes y apoyadas por Google. En ese mundo idílico de información cuasi perfecta, baste recordar que para el crimen organizado siempre es más fácil cooptar gobernantes electos que reclutar precandidatos y recorrer la ruta de las precampañas, campañas y la jornada electoral. ¿Para qué hacerlo cuando pueden "cooptar" a los ganadores una vez en la silla? ¿De qué serviría certificar candidatos honestos que luego serían amenazados y reclutados?

La propuesta de blindaje electoral también es demagógica porque genera expectativas que no pueden cumplirse. ¿Acaso el escaneo de candidatos es la ruta para blindar a la política del narcotráfico? La única ruta real para que no haya narco-candidatos es que el Estado mexicano gane la lucha contra el crimen organizado y ello tardará al menos una generación si todo sale bien. Por ello preocupa la poca imaginación para atacar problemas y la manía de pensar que por arte burocrático pueden combatirse problemas tan graves.

Finalmente, la propuesta es irresponsable porque busca trasladar una obligación al gobierno en lugar de que la asuman los propios partidos políticos. Cuando se descubra al siguiente alcalde o diputado con nexos con el crimen organizado, los partidos podrán lavarse las manos y decir que es culpa del gobierno que no los alertó.

Ciertamente las agencias de inteligencia cuentan con más información global que los partidos en materia de delincuencia organizada; pero los partidos en el ámbito local y comunitario tienen más redes políticas para indagar el pasado y presente de sus candidatos.

El caso del ex alcalde de Iguala es un ejemplo. No se necesitaba el apoyo del gobierno o de la DEA para saber que José Luis Abarca tenía nexos con el crimen organizado. Militantes del PRD se lo advirtieron en 2012 tanto a Andrés Manuel López Obrador como a la dirigencia del partido. No fue un problema de falta de información sino de oportunismo: promover al candidato que trajera más dinero a la campaña y al partido, no aquel más íntegro o con más méritos partidarios.

Para mitigar el riesgo de narco-candidatos, los partidos deben respetar la militancia y contar con órganos funcionales de justicia interna que garanticen condiciones equitativas de competencia. Se podría sugerir que el Estado solo revisara los antecedentes de aquellos candidatos ganadores --lo cual reduciría los requerimientos informativos a una décima parte: por ejemplo, si alguno de los ganadores tuviese antecedentes penales o vínculos evidentes, resultaría inelegible.

Pero entonces el problema sería político. Los partidos cuyos candidatos fueran desechados acusarían a la autoridad de manipular los expedientes para desplazarlos. Como la mayoría de la información se basaría en reportes de inteligencia que no han recorrido el camino de un proceso penal, la evidencia no tendría bases jurídicas. Cualquier candidato señalado impugnaría la decisión.

Creo que lo más que debe hacerse es que los partidos cuenten con una ventanilla de consulta cuando tengan dudas de ciertos candidatos, pero no mediante un mecanismo formal que los haga "irresponsables" de la selección de candidatos.

Frente a las dificultades informativas, políticas y jurídicas, lo más sensato y responsable es que los partidos sean responsables de sus candidatos y paguen los costos en caso de tolerar o permitir, por omisión o comisión, que algunos de ellos tengan vínculos con el crimen organizado. Lo demás es fantasía y retórica.

@LCUgalde