¿Es hora de reinventar la CNDH?

La Comisión Nacional de Derechos Humanos no es exactamente Miss Popularidad. La administración de Raúl Plascencia, que concluye en noviembre, ha vivido acompañada de críticas de alto octanaje por la suavidad de sus intervenciones en casos que sacudieron a la sociedad entera (recordemos el de la muerte del menor José Luis Tehuatlie), su contrastante propensión a torpedear a otras instituciones, por ejemplo la UNAM, su adicción a los medios y, en suma, su incapacidad para defender… Los derechos humanos, nada menos. Al cierre de caja, con la elección en puertas, se disparan las preguntas. Más allá de la conveniencia de que Plascencia cumpla otro ciclo, ¿qué reformas de fondo necesita la CNDH? ¿Ha llegado el momento de pensar en un rediseño institucional, una reingeniería capaz de volverla más eficaz y más inmune a las componendas con el poder político? Pasen y lean, queridos lectores. Sobre todo, escriban. Somos todo ojos.

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Lo que ningún ombudsman había logrado

Luis de la Barreda Solórzano

Coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Ex titular de la CDHDF.

El ombudsman debe ser la conciencia moral y jurídica de las autoridades, a tal punto que cuando un servidor público sienta la tentación de incurrir en abuso o negligencia (aunque, bien visto, la negligencia de los funcionarios es también una forma de abuso) lo reconsidere diciéndose a sí mismo: “El ombudsman me mira”.

Desde luego, el ombudsman no es un enemigo de las autoridades sino del abuso de poder, que debe no sólo señalar sino demostrar con pruebas, lo cual requiere que él mismo y todo su equipo sean altamente profesionales y objetivos, y, por supuesto, que actúe invariablemente con plena autonomía no únicamente frente al gobierno sino también ante los partidos políticos y cualquier grupo de presión. La autonomía supone que las resoluciones del ombudsman obedezcan a las probanzas del expediente analizado y jamás a cálculos de conveniencia política. Como lo apuntó certeramente nuestro primer ombudsman nacional, Jorge Carpizo --que logró la proeza de erigir una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) respetable y respetada--, un ombudsman es autónomo o no es verdaderamente un ombudsman.

A un mes del proceso de designación del titular de la CNDH, y ante la posibilidad legal de que el doctor Raúl Plascencia sea reelegido, es imperativo preguntarse, y responder con toda honestidad, si el actual presidente del organismo ha cumplido su tarea con la prestancia y el compromiso exigibles. En este breve espacio voy a mencionar solamente unos cuantos episodios --podrían reseñarse muchos más-- que ejemplifican el proceder de ese defensor público de los derechos humanos.

El doctor Plascencia se pronunció por que se negara el amparo a Florence Cassez: era de esperarse un fallo --dijo-- que no favoreciera a la delincuente. Juzgar así a la enjuiciada sólo era posible desconociendo el expediente, las groseras y gigantescas contradicciones de las supuestas víctimas. Pero si desconocía las constancias de la averiguación previa y del proceso, incurrió con su postura por lo menos en ligereza ética. Tal veleidad no se remedió, sino fue puesta aún más en evidencia, con su tardía denuncia contra los funcionarios que armaron o consintieron el famoso montaje --minimizado por él mismo durante mucho tiempo--, denuncia presentada una vez que los denunciados dejaron de ser servidores públicos, más de siete años después de que se descubrió la farsa, más de tres años después de que el denunciante asumiera la presidencia de la Comisión y cuando la acción penal respecto de los delitos posiblemente cometidos había ya prescrito.

El doctor Plascencia se apresuró a emitir una recomendación contra el abogado general de la UNAM --uno de los probables aspirantes a presidir la CNDH-- en un caso que la máxima casa de estudios ya había atendido con apreciable rapidez pues el profesor que acosó a una alumna había sido despedido --la máxima sanción que se puede imponer a un académico o a un trabajador administrativo-- a unos pocos días de los hechos. En cambio, su recomendación en un asunto tan grave como el de la matanza de San Fernando demoró 40 meses, y otras han tardado hasta tres años no obstante el numeroso personal de la CNDH.

El doctor Plascencia no presentó acción de inconstitucionalidad contra el nuevo arraigo, mucho más abusivo que el anterior --es aplicable sin límite de tiempo a cualquier delito--, previsto, aunque sin llamarlo por su nombre, en el código nacional de procedimientos penales.

Todo mundo sabe --los propios favorecidos lo alardean-- que varios de los nombramientos que ha hecho en altos cargos de la Comisión han obedecido a peticiones de legisladores que negociaron favorablemente su elección hace cinco años.

Su actuación cotidiana ha conseguido lo que ningún ombudsman anterior había logrado: más de 100 organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos han solicitado al Senado juicio político en su contra. Debo decir que no simpatizo con la idea de que un ombudsman sea llevado a un procedimiento de esa naturaleza, entre otras cosas porque se sienta un precedente riesgoso: en el futuro podría hacerse lo mismo con un defensor público de los derechos humanos no por una labor deficiente sino por ser incómodo a un gobierno del mismo partido que la mayoría parlamentaria. El juicio a que debe ser sometido el ombudsman es el del análisis desprejuiciado de su comportamiento, sobre todo cuando hay la opción de que sea reelegido porque ese examen debe ser el que determine la decisión que se tome al respecto.

Las comisiones públicas de derechos humanos deben jugar un papel de enorme relevancia para la consecución de uno de los objetivos más relevantes en una sociedad democrática que quiere seguir avanzando en su proceso civilizatorio: la vigencia efectiva de los derechos humanos. La designación del ombudsman, por tanto, es una asignatura de la mayor importancia.