¿Es hora de reinventar la CNDH?

La Comisión Nacional de Derechos Humanos no es exactamente Miss Popularidad. La administración de Raúl Plascencia, que concluye en noviembre, ha vivido acompañada de críticas de alto octanaje por la suavidad de sus intervenciones en casos que sacudieron a la sociedad entera (recordemos el de la muerte del menor José Luis Tehuatlie), su contrastante propensión a torpedear a otras instituciones, por ejemplo la UNAM, su adicción a los medios y, en suma, su incapacidad para defender… Los derechos humanos, nada menos. Al cierre de caja, con la elección en puertas, se disparan las preguntas. Más allá de la conveniencia de que Plascencia cumpla otro ciclo, ¿qué reformas de fondo necesita la CNDH? ¿Ha llegado el momento de pensar en un rediseño institucional, una reingeniería capaz de volverla más eficaz y más inmune a las componendas con el poder político? Pasen y lean, queridos lectores. Sobre todo, escriban. Somos todo ojos.

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Pintados de gris

Javier Cruz Angulo

Director de la Clínica de Interés Público del CIDE.

La situación de los derechos humanos en México es gris y de pronóstico reservado. En México están el Poder Judicial de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Nacional para prevenir la Discriminación, el IFAI y un largo listado de comisiones estatales para proteger los derechos humanos. Sin embargo, seguimos así, pintados de gris.

Los actores mencionados tienen una labor propia, y cada uno de ellos es responsable de sus aciertos y errores. En este momento, tendríamos que observar a la Comisión de Derechos Humanos bajo la gestión del doctor Raúl Plascencia Villanueva. Sus labores esenciales son la investigación y en su caso la sanción de las violaciones a derechos humanos por funcionarios federales; la atracción de violaciones a derechos humanos en el ámbito estatal y municipal; y la interposición de acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales o federales que se estiman violatorias de la Constitución o los tratados internacionales.

La gestión de nuestro ombudsman comenzó en 2009. Lo primero que nos salta es un aumento considerable de las acciones de inconstitucionalidad interpuestas desde entonces. En efecto, entre los años 2013 y 2014 el actual ombudsman interpuso más acciones de inconstitucionalidad que el resto de sus predecesores juntos. La más conocida de todas es la de geolocalización. Este medio de control constitucional cuestionó que los ministerios públicos pudieran saber dónde estamos y en qué momento sin previa autorización judicial. El debate en la Suprema Corte se nutrió de diversas posturas y ésta reglamentó --por decirlo de alguna manera-- la facultad de los ministerios públicos para saber dónde estamos.

Por otro lado, el ombudsman no ha ejercido su función ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas límite como la interrupción del embarazo o la defensa del matrimonio igualitario. Lo anterior nos indica que en los temas en que la sociedad mexicana se puede dividir en opinión, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no quiere entrar, dicho esto sin desconocer que es de la mayor relevancia lo debatido en la acción de inconstitucionalidad de la geolocalización. Asimismo, debemos notar que el ombudsman y el IFAI no interpusieron acción de inconstitucionalidad de ley en un tema donde había amplio consenso de la sociedad civil. A saber: las normas sobre privacidad y telecomunicaciones.

Por otro lado, el doctor Plascencia Villanueva tiene un problema de difusión de su trabajo. Algunas de las recomendaciones que deberían debatirse, como la de las Islas Marías, no están en los medios de comunicación y menos aun en el debate académico o de los círculos de defensores de los derechos humanos.

Por último, los conflictos de los ombudsman con la Universidad Nacional Autónoma de México son una cuestión que se debe tocar. La CNDH no puede ser un ariete contra la máxima casa de estudios del país. La celeridad y fuerza de las recomendaciones en contra de la UNAM dan qué pensar. Mientras algunas medidas cautelares o recomendaciones de los ciudadanos de a pie tardan meses, las recomendaciones o medidas cautelares contra la UNAM se despachan en cuestión de horas. En conclusión, hay una discriminación en contra de los ciudadanos que quieren interponer una queja contra una institución del Estado que no sea la UNAM.

Así las cosas, la gestión del doctor Raúl Plascencia Villanueva tiene aspectos positivos, en términos de estadística. El comportamiento del ombudsman se basa en llevar una continuidad en la Comisión y mejorar la estadística, digamos que la eficiencia de la CNDH, pero no en entrar a debates de frontera y al mismo tiempo en descarrilar el núcleo de la institución en problemas con cariz político. La persona que ocupe el cargo de ombudsman nacional debe ser muy activa ante cualquier violación a los derechos humanos. Es decir, no se trata de buenos números, sino de que los derechos humanos se hagan escuchar. Su actividad implica siempre llevar adelante el tema, impulsarlo, y no reaccionar sobre qué sale o no en los periódicos. En ese caso, los medios de comunicación serían la mejor Comisión Nacional de Derechos Humanos que podríamos tener.