¿Es hora de que desaparezcan las policías municipales?

Las corporaciones municipales llevan tiempo en la mira. Las razones: incapacidad para enfrentar al crimen organizado, corrupción, empleo desmedido y arbitrario de la fuerza. Pero en Ayotzinapa las cosas llegaron demasiado lejos: todo indica que la policía y el presidente municipal intervinieron en un crimen atroz. Así, la pregunta es hoy impostergable: ¿llegó la hora de terminar con los cuerpos municipales y apostar a una estrategia de mando único? ¿No es esa medida insuficiente por sí sola? ¿Puede aplicarse a rajatabla, como una fórmula mágica? ¿No será que la crisis es más profunda, y que no basta con atacar los síntomas?

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Una política de seguridad a contrapelo

Ernesto  López Portillo Vargas

Director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia.

A México no le sobra la función policial municipal, más bien le falta la voluntad política necesaria para sanear a fondo a la policía en los tres órdenes de gobierno. Algo anda muy mal cuando un país se coloca exactamente en contra de las recomendaciones aceptadas en el orden internacional. Quienes hoy promueven la desaparición de las policías municipales, al parecer ni siquiera se dan cuenta de que configuran una especie de anomalía de la historia. No me extraña que no lo sepan; los tomadores de decisiones en materia de seguridad pública no suelen estar informados por el conocimiento y la experiencia internacional. He probado infinidad de veces esta afirmación. Por ejemplo, justo cuando escucho a algún político u operador institucional proponer la reforma constitucional que termine con las competencias municipales en seguridad pública, pregunto a esa persona o a sus asesores si conoce un influyente documento que desde múltiples enfoques se posiciona de manera contundente por el fortalecimiento de las autoridades y competencias locales en materia de seguridad. Me refiero al Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuesta para América Latina, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Jamás la respuesta ha sido afirmativa. Es como si un decisor en política fiscal no conociera el más reciente reporte de hallazgos y recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. O bien, sería lo mismo si quien decide en política social no estuviera enterado del último diagnóstico y las nuevas propuestas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

La calidad de las políticas públicas, afirma la teoría, es una función directa del conocimiento teórico y empírico que la soporta. En la seguridad pública en México esto generalmente se queda justo en la teoría. Cualquier persona, posea o no la más mínima noción en la materia, accede a altos cargos desde donde se toman decisiones que nos afectan a todos. Recuerdo que hace un par de años, al terminar de impartir una conferencia, una persona se aproximó a mí con la siguiente frase: “Me acaban de designar responsable de la política contra la violencia en el estado. Por favor dime qué leo. No se nada al respecto, yo soy empresario”.

Pero nada de esto es nuevo; quien quiera comprobarlo, acuda al capítulo diagnóstico del Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000. Muchos de los graves problemas en la materia en México fueron reconocidos por primera vez de manera oficial en ese documento; lo dramático es que, luego de un simple ejercicio de contraste, cualquier lector podrá comprobar que el país lleva 20 años estacionado en déficits institucionales y problemáticas sociales iguales o peores. Va un breve recordatorio de algunos de los principales problemas en materia policial ya señalados en 1995: carencia de criterios racionales de planeación que faciliten la administración y operación de los servicios policiales; presupuestos precarios; asignación de recursos sin criterios específicos; inexistencia de criterios adecuados en la asignación de salarios; escasa remuneración salarial; inestabilidad laboral que no permite la racionalización de los recursos a mediano y largo plazos, ni el diagnóstico sobre necesidades de actualización y ceses o destituciones injustificadas o arbitrarias. También sufren recambio constante del personal entre unas y otras instituciones a lo largo del país; disparidad y desproporción en la tasa de policía por habitante; ingreso de los anteriores policías al mercado de trabajo criminal; carencia de sistemas de coordinación adecuados; que la estructura escolar, salarial y laboral no corresponde a las características constitucionales, sociales, profesionales y funcionales mínimas para nuestra sociedad, y que se observa una distorsión de tipo estructural en el modelo de seguridad pública. Sostengo sin asomo de duda que estos problemas aplican más o menos de igual manera, dos décadas después. En la administración del presidente Ernesto Zedillo se documentó de manera oficial la crisis nacional en seguridad pública y policía y se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuatro sexenios después, la evidencia empírica en manos del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) y de muchas otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas apunta hacia un estado de descomposición aún mayor en las instituciones policiales, asociado a la combinación de su condición estructural de debilidad y la expansión del crimen organizado. El uso de la policía como brazo operativo armado de la delincuencia organizada es una práctica presente en los tres órdenes de gobierno, fenómeno a su vez cobijado por una atmósfera de impunidad en la que se encuentra el 96% de los delitos, según reporta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014.

Veinte años de colapso policial documentado en la mayor parte del país se van a resolver con la desaparición de la policía municipal, nos ofrecen. Estamos en realidad frente a una declaración política, no ante una propuesta de política pública fundada en el conocimiento. Cuando se va a fondo en el estudio del comportamiento policial, existen casos donde la policía estatal es mucho más conflictiva y perniciosa que la municipal; así lo pudimos demostrar, por ejemplo, en La Montaña de Guerrero. Es crítico entender que, en las esferas estatal y federal, las violaciones a la ley y a los derechos humanos, muchas veces graves, por parte de la policía, forman parte de las prácticas regulares en el desempeño, dada la debilidad crónica y extrema de los esquemas internos y externos de control, los cuales operan lejos, muy lejos de las recomendaciones avaladas por la Organización de las Naciones Unidas.

Sí: a México no le sobra la función policial municipal, más bien le falta la voluntad política necesaria para sanear a fondo a la policía en los tres órdenes de gobierno. Pero además le falta vincular las decisiones al conocimiento disponible. Nadie entre quienes proponen la supresión de las policía municipal sabe explicar por qué, mientras aquí disminuimos al municipio, en el mundo se acepta y recomienda profusamente hacer justamente lo contrario, es decir, empoderar a la autoridad más próxima al ciudadano, precisamente para construir soluciones locales, integrales y operadas desde plataformas altamente participativas. En marzo pasado, Insyde fue uno de los convocantes a los Diálogos por la Seguridad Ciudadana en Brasil, donde decenas de expertos de múltiples países confirmaron que invertir en capacidades municipales por la seguridad es prioritario, dado que ahí están las autoridades más cercanas al terreno y los fenómenos a enfrentar ocurren en los hogares, los vecindarios, el trabajo, etcétera. En noviembre será el segundo Diálogo, esta vez en México; será la oportunidad para invitar a alguien que nos pueda explicar la justificación para colocar a México a contrapelo de las tendencias dominantes a favor de la seguridad.