¿Es hora de que desaparezcan las policías municipales?

Las corporaciones municipales llevan tiempo en la mira. Las razones: incapacidad para enfrentar al crimen organizado, corrupción, empleo desmedido y arbitrario de la fuerza. Pero en Ayotzinapa las cosas llegaron demasiado lejos: todo indica que la policía y el presidente municipal intervinieron en un crimen atroz. Así, la pregunta es hoy impostergable: ¿llegó la hora de terminar con los cuerpos municipales y apostar a una estrategia de mando único? ¿No es esa medida insuficiente por sí sola? ¿Puede aplicarse a rajatabla, como una fórmula mágica? ¿No será que la crisis es más profunda, y que no basta con atacar los síntomas?

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¿Para quién trabaja la policía?

Lisa María Sánchez

Investigadora de México Unido contra la Delincuencia.

Ninguna frase refleja mejor la indiscutible fractura que existe entre policía y sociedad como aquella que sugiere que ante la actual crisis de inseguridad “lo mejor sería deshacernos de las policías municipales”. Casos indignantes como el de Ayotzinapa, en el que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecieran tras un enfrentamiento a balazos con la policía local, sirven para alimentar la desconfianza y recordarnos que en nuestro país no existe tal cosa como el imperio de la ley, y que esta última es igualmente violada por grupos criminales que por aquellos encargados de prevenir el delito y proteger a la población.

La doble tragedia de Ayotzinapa (la primera ocurrió en 2011, cuando una protesta de estudiantes del mismo plantel fue dispersada por agentes federalesy estatales dejando un saldo de dos estudiantes muertos, tres heridos, 42 detenciones arbitrarias y cero autoridades investigadas y sancionadas) se suma a un sinfín de sucesos traumáticos en los que la ciudadanía ya no sólo se reconoce azotada por la delincuencia, sino victimizada por el Estado. Y es ahí donde el clamor por la desaparición de corporaciones policiales corruptas y cómplices del crimen organizado encuentra su mayor eco. Sin defender lo indefendible, es decir la simbiosis que existe entre policías y criminales, me parece que más allá de las formulaciones simplistas la actual coyuntura debe invitarnos a reflexionar sobre lo que realmente necesitamos hacer con nuestras policías, todas.

Primero, aceptando el hecho de que ninguna sociedad se puede acostumbrar a vivir con policías incapaces de someterse a la legalidad, lo que debemos cuestionar es la errónea confianza con la que como sociedad creemos que la seguridad mejorará si entregamos el control de lo local a las fuerzas federales y autorizamos respuestas de “mano dura” dirigidas por corporaciones de tipo militar. Centralización y militarización de la seguridad pública son dos de los riesgos que se esconden detrás de la aparentemente inocua pregunta sobre el destino de las policías municipales. Gravísimo planteamiento que, como demuestra Ayotzinapa, no resuelve el problema de la indefensión de la ciudadanía frente a sus propias autoridades.

Segundo, si bien la reforma policial en México ha apuntado durante décadas a la profesionalización de las fuerzas del orden en los tres niveles de gobierno, los esfuerzos realizados hasta ahora han fallado en alcanzar el objetivo principal de democratizar a las policías y continúan privilegiando el uso político de las mismas. Modificaciones legales, procedimentales y presupuestales van y vienen desde la década de los 80 sin que ningún gobierno, incluyendo el del actual presidente Peña Nieto, logre completar el cambio estructural necesario para posibilitar el pleno ejercicio de sus funciones.

Por el contrario, la supuesta reestructuración de las policías ha favorecido en la práctica la creciente participación del sector de seguridad nacional en tareas de seguridad pública que, dicho sea de paso, no le corresponden y no sabe hacer. Esta tendencia, preocupante en sí misma por sus nocivos efectos en materia de Derechos Humanos, se ha visto acompañada por otros procesos de centralización que minan aún más la profesionalización de elementos estatales y municipales y contribuyen a la exclusión de estos últimos de los mecanismos formales de toma de decisión a nivel nacional (como lo demuestra el caso de aquellas localidades que no reciben fondos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios).

Así pues, resulta difícil abogar por la permanencia de las policías municipales cuando en casos como este lo que se investiga es si los agentes que participaron del enfrentamiento con los normalistas trabajaban para el gobierno o para el crimen organizado. Sin embargo, la reflexión de fondo que nos invito a realizar nunca fue más pertinente dada la incapacidad nacional de respondernos por qué nuestras policías trabajan para todos menos para la ciudadanía.

México ha realizado importantes avances en materia policial, sin duda. Pero donde aún nos queda mucho por hacer es en la definición de estrategias y metas proactivas de prevención; en la democratización de la toma de decisiones, que debiera hacerse de abajo hacia arriba y en conjunto con la ciudadanía; y en la ampliación de los espacios participativos y de comunicación entre ciudadanos y policías. Queda mucho por avanzar también en materia de transparencia, rendición de cuentas y regulación del uso de la fuerza. Pero donde más tareas pendientes tenemos es en la aplicación de la ley a lo largo del continuo de prevención del delito, procuración y administración de justicia y ejecución de sentencias. Y es que la peor infiltración criminal que vivimos en el país es la impunidad.