¿Es hora de que desaparezcan las policías municipales?

Las corporaciones municipales llevan tiempo en la mira. Las razones: incapacidad para enfrentar al crimen organizado, corrupción, empleo desmedido y arbitrario de la fuerza. Pero en Ayotzinapa las cosas llegaron demasiado lejos: todo indica que la policía y el presidente municipal intervinieron en un crimen atroz. Así, la pregunta es hoy impostergable: ¿llegó la hora de terminar con los cuerpos municipales y apostar a una estrategia de mando único? ¿No es esa medida insuficiente por sí sola? ¿Puede aplicarse a rajatabla, como una fórmula mágica? ¿No será que la crisis es más profunda, y que no basta con atacar los síntomas?

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Iguala: como muestra, basta un botón

Eduardo Guerrero Gutiérrez

Socio fundador de Lantia Consultores.

Hace diez años, antes de que iniciara la actual crisis de violencia del crimen organizado, en muchos lugares del país se consideraba —con algo de razón, desde la perspectiva de aquellos tiempos— que la capital era un lugar inseguro. Esta percepción comenzó a cambiar a partir de 2008. Mientras que en muchas otras ciudades se multiplicaban las ejecuciones, las balaceras y los narcobloqueos, el Distrito Federal permaneció relativamente tranquilo. A pesar de los hechos trágicos de violencia que se han registrado de forma aislada en la capital, la tasa de homicidios y la incidencia delictiva no se dispararon, y el crimen organizado no desarrolló una penetración sustancial ni de las autoridades ni de las actividades económicas.

Un aspecto que hace excepcional al DF respecto al resto del país es la ausencia de policías municipales. El jefe de Gobierno, por conducto del secretario de Seguridad Pública, tiene el mando de los cerca de 100 mil elementos policiales que vigilan las calles del DF. Los jefes de las 16 delegaciones pueden hacer solicitudes, pero no tomar decisiones en materia de intervención policial. Desde 2010, algunos observadores concluyeron que esa centralización del mando era la clave de la aparente inmunidad del DF frente al crimen organizado, y que el modelo debía replicarse en el resto del país. 

En realidad, el mando único de la policía capitalina es sólo uno entre varios factores que contribuyen a explicar que el crimen organizado no haya desarrollado en el DF la capacidad de operación que se ha observado en otras entidades. La estrecha vinculación del PRD con organizaciones gremiales, vecinales y sociales en toda la ciudad probablemente ha desempeñado un papel igual de importante. Sin embargo, la idea del mando único entusiasmó al presidente Calderón, que presentó una iniciativa de reforma constitucional en la materia; y a los gobernadores, quienes han buscado implantar el modelo. Por regla general, los alcaldes se han resistido.

En algunas de las entidades más seguras del país, como Querétaro, tiene más sustento la posición de los alcaldes, quienes argumentan que sus corporaciones han demostrado capacidad para mantener la seguridad. Contribuye a su argumento que la mitad de los queretanos dicen confiar “mucho” o “algo” en los policías de sus municipios (de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2014, del INEGI). En contraste, la resistencia a la implantación del mando único (que ha sido una de las principales políticas impulsadas por el gobierno del estado) por parte de algunos alcaldes es menos comprensible en Morelos, uno de los estados más violentos e inseguros del país, donde menos del 28% de la población dice confiar en la policía municipal.       

En los países con sistemas federales, como México, la seguridad pública es una función que en condiciones ordinarias corresponde al orden de gobierno más cercano a la población. De esta forma se propicia una mayor rendición de cuentas y una mejor vinculación con los ciudadanos. Desafortunadamente, en amplias regiones del país las condiciones distan de ser ordinarias. En concreto, no parece viable que las policías municipales poco profesionales y con un número reducido de elementos —que son la norma fuera de las grandes ciudades— puedan hacer frente a las mafias y los grupos armados ilegales de diversa índole que proliferan en zonas de alta conflictividad. En estos casos es preferible la implantación inmediata del mando único. En estos casos, la oposición por parte de un alcalde inevitablemente levanta sospechas (además de la intimidación por parte del crimen organizado o el contubernio con los criminales, ¿qué razón podría tener el alcalde de un municipio sometido por los criminales para querer conservar el mando de la policía?). Como muestra, basta un botón. En mayo pasado, el gobierno de Guerrero acordó con varios ayuntamientos implantar el mando único policial. El alcalde de Iguala, ahora prófugo, se negó a sumarse.

@laloguerrero