¿Es hora de despenalizar la mariguana?

¿Y si permitimos que los consumidores cultiven la mariguana que se van a fumar, beber o comer en sus casas? La idea, muy repetida por los medios en días recientes, no es de un activista, un congresista de izquierdas o un teórico con tendencias liberales, como es habitual, sino de un ministro, Arturo Zaldívar, que al formularla logró regresar a la arena pública un debate, el de la despenalización o legalización frente a la prohibición, que tiene muchas aristas –económicas, médicas, neurológicas, policiacas, económicas– y que en realidad no es nuevo ni en México ni en países como Uruguay o Estados Unidos, donde las políticas de apertura y tolerancia han ganado posiciones en los últimos años, pero que en realidad apenas empieza.  

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Cinco argumentos para la despenalización

Lisa  Sánchez

Coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia.

En los últimos días, mucho se ha dicho sobre el “proyecto que busca legalizar la mariguana por la puerta de atrás” y el juicio de amparo promovido ante la Suprema Corte por un puñado de individuos que “lo único que quieren es consumir mota”. Se ha dicho que quienes apoyamos la despenalización del consumo, la posesión y el autoabastecimiento de cannabis sin fines comerciales somos unos irresponsables y en respuesta, el gobierno federal nos ha respondido que no van a “convertir al Chapo en empresario” ni a “fomentar un país de adictos”. Sobran los pronunciamientos de funcionarios en activo (y de inactivos convertidos en editorialistas) que dándose golpes de pecho o aires de santidad apelan a la desinformación de la sociedad mexicana para perpetuar una política desastrosa. Curiosamente, lo único que no sobran son argumentos.

Aprovechando la escasez de razones dadas por quienes tendrían la obligación de informarnos sobre el tema, propongo cinco cosas que la aprobación del amparo promovido por SMART (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante) y miembros de México Unido contra la Delincuencia permitiría:

 

  • Aceptar la realidad e iniciar el proceso terapéutico para curarnos de la prohibición. En México prohibir la mariguana no ha evitado que se consuma. Luego entonces las políticas públicas deberían conocer dicha realidad y aspirar a reducir al máximo los riesgos asociados sin intentar negar la realidad ni cambiarla a palos. Permitir una fuente de abastecimiento segura, cerrada y libre de lucro a aquellos adultos que buscan disponer de la propia salud y consumir cannabis es una forma de hacerlo sin obstruir libertades.
  • Introducir la perspectiva de Derechos Humanos a las políticas de drogas. Si hay algo que rescatar del proyecto elaborado por el ministro Zaldívar es su carácter garantista que entiende que al imponer prohibiciones absolutas, la Ley General de Salud nos somete innecesariamente a un régimen restrictivo que impide el ejercicio nuestros derechos. Y esa defensa, ni niega al Estado ni le cuestiona su legítima potestad de prevenir las adicciones. Todo lo contrario, le presenta medidas alternativas para hacerlo sin entrometerse en la vida privada de las personas.
  • Proteger a la ciudadanía evitando su interacción con el crimen organizado. Dejando claro que la prohibición es la causante de que El Chapo sea el empresario más exitoso de este país, autorizar el autocultivo permitiría precisamente que las y los usuarios de cannabis NO recurrieran más al mercado ilícito para abastecerse. Obviamente la medida no solucionaría de un plumazo la crisis de seguridad y gobernabilidad del país, pero sí evitaría que miles de personas interactuaran con dealers de dudosa honorabilidad y se vieran criminalizados por procurar un acto meramente individual.
  • Apurar a los poderes ejecutivo y legislativo para pasar de los dichos a los hechos. La aprobación del proyecto de sentencia permitiría agilizar lo que por sexenios y sexenios legisladores y funcionarios han utilizado como técnica dilatoria para posponer las reformas: decir sí al debate sin decirle cuándo a las acciones. Y eso no es usurpación de funciones por más que la opinocracia le dé vueltas al asunto. Regular en positivo lo que la Corte declaró inconstitucional le corresponde al legislativo, pero el tiempo se les agota.
  • Divulgar la evidencia científica respecto a la mariguana educando a la población. Finalmente, este juicio de amparo nos ha permitido debatir con la sociedad y derribar con información todos y cada uno de los mitos que se repiten ad nauseam. Que si la puerta de entrada, que si la diversificación del crimen organizado, que si los mariguaneros roban. Y esto en sí mismo, ha sido un deleite.