¿Es hora de despenalizar la mariguana?

¿Y si permitimos que los consumidores cultiven la mariguana que se van a fumar, beber o comer en sus casas? La idea, muy repetida por los medios en días recientes, no es de un activista, un congresista de izquierdas o un teórico con tendencias liberales, como es habitual, sino de un ministro, Arturo Zaldívar, que al formularla logró regresar a la arena pública un debate, el de la despenalización o legalización frente a la prohibición, que tiene muchas aristas –económicas, médicas, neurológicas, policiacas, económicas– y que en realidad no es nuevo ni en México ni en países como Uruguay o Estados Unidos, donde las políticas de apertura y tolerancia han ganado posiciones en los últimos años, pero que en realidad apenas empieza.  

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Cultivo sí, mercado no

Jorge  Hernández Tinajero

Presidente de Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas e integrante de la Asociación Mexicana de Estudios de Cannabis.

El próximo miércoles 28 de octubre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinará y votará un proyecto de resolución elaborado por el magistrado Arturo Zaldívar relativo al cultivo de cannabis para uso privado y personal. El proyecto necesita tres de cinco votos para ser aprobado. 

Mucho se ha comentado sobre este proyecto en particular. Apenas se hizo público, una marea de comentaristas comenzó a inundar todos los medios de comunicación con toda clase de opiniones. Sin embargo, pocos de ellos han podido explicar con precisión en qué consiste esta decisión, y cuáles son sus alcances, limitaciones e implicaciones. 

De aprobarse, el proyecto ofrece nueva oportunidad para reformar nuestra relación con la planta de la cannabis en un modo sumamente positivo para toda la sociedad, no solo para sus usuarios. De no aprobarse, en cambio, México seguirá a la zaga de cambios importantes que están sucediendo a nivel mundial. 

Primero, un poco de antecedentes. Si bien es novedoso para la opinión pública, este asunto ha llevado un proceso largo, de al menos dos años, en los que una sociedad civil sin fines de lucro (SMART) creada ex-profeso para este litigio se dio a la tarea de plantear la contradicción jurídica que existe en cuanto al consumo de sustancias hoy consideradas ilegales, frente a los límites de acción del Estado en cuanto a los derechos y el ejercicio de la autonomía personal de los ciudadanos con mayoría de edad.

La contradicción estriba en que el consumo en sí mismo no puede ser penalizado, y no lo está, al menos en nuestras leyes. A cambio, tipifica como delito todo acto consustancial al consumo (posesión, cultivo, etcéteraz). Por ello, dicen los reclamantes, el Estado debe considerar alguna alternativa para no cometer delitos si es que alguien decide consumir mariguana. La sentencia no se dirige, como se ha dicho equivocada o maliciosamente, a “permitir el consumo recreativo”. El consumo es consumo, y no importan sus motivos, ni siquiera los medicinales. Nótese que tales delitos no constituyen amenaza alguna a la integridad o bienes de terceros, ni afectan a alguien en específico, excepto, en todo caso, a la supuesta víctima: el usuario. Lo que hace el proyecto de sentencia es abrir la posibilidad de que el consumo pueda realizarse sin cometer ningún delito, siempre y cuando éste no sea público, no afecte a terceros, ni provenga de transacciones de mercado.  

Si algo llama la atención (aunque no sorprende) en el debate público es la paupérrima argumentación de los que están en contra de la decisión propuesta por el ministro Zaldívar. Los argumentos esgrimidos se reducen a invocar al miedo en abstracto, a profecías catastrofistas, a la preocupación de que el “interés superior de los niños” se vea afectado por adultos que ejercitan su autonomía sin afectar a otras personas, a que significaría la claudicación de una lucha, o peor aún, a que la medida volverá respetables a los actuales narcotraficantes (al respecto he oído quejas contradictorias: por un lado, que la medida no volverá “bueno" al Chapo (¿qué lo haría?) pero también, al mismo tiempo, que lo convertirá en una empresario respetable... ¿Por fin entonces?) 

 Estos agoreros de la catástrofe han obviado, en este mismo sentido, explicar que uno de los alcances más importantes de esta resolución es que limita la disponibilidad de la cannabis haciéndola legal única y exclusivamente cuando está dirigida al consumo adulto y la planta se obtiene mediante el cultivo privado. Es decir, la sentencia impide, de manera clara, hacerla disponible legalmente mediante mecanismos de mercado en los que es el lucro, y no los derechos de las personas, el principal motor.   

 Por ello, los anteriores comentarios revelan el miedo y el prejuicio que una parte importante de nuestra sociedad aun tiene con respecto al consumo de drogas, de forma tal que no hay argumento racional que valga para ellos. Se menciona, por ejemplo, que el consumo de drogas promueve la delincuencia (algo que nadie ha podido probar de forma causal, simplemente porque esa relación es inexistente). Quienes así opinan, alegan que si una persona quiere consumir alguna droga, lo hará así sea cometiendo delitos. Pero además, una vez que la haya conseguido y consumido, también los cometerá por estar “bajo la influencia”. Es decir que el usuario es, para estas personas, un delincuente a priori y jamás una persona de plenos derechos, mucho menos alguien que pueda decidir racional y responsablemente sobre su propia vida. Ya me imagino qué dirían estas mismas voces, muchas de las cuales consumen alcohol o tabaco, si se les acusara de ser delincuentes por ese solo hecho: si no tienen alcohol, saldrán a robarlo a como dé lugar o bien a asaltarán a alguien para conseguirlo. Pero ya que bebieron una copa, en cambio, se convertirán con toda seguridad en un demonio violento y peligroso que la sociedad –y la represión del Estado– deben controlar a toda costa. Es decir: si falta, porque le falta, si tiene, porque la tiene. Si escupe baboso, si no, reseco. La prohibición para ellos es legítima en función de lo que piensan que podría pasar, no de lo que realmente sucede.

En el fondo, los que están en contra del proyecto del juez Zaldívar están en contra de la pluralidad y del respeto al derecho de los otros, especialmente porque esos otros son una minoría. Viene a cuento, entonces, la respuesta que le dio la juez Ruth Bader Ginsburg de la Corte Suprema de los Estados Unidos a uno de los detractores de  la constitucionalidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo: ante el argumento de que permitirlo afectaría la estructura de la familia “tradicional", ella contestó: “Todos los incentivos, todos los beneficios que el matrimonio conlleva seguirán vigentes para todos. Las parejas gay no están quitando nada a las parejas heterosexuales, ya que éstas seguirán teniendo los mismos incentivos para casarse que tienen hoy”. 

Y lo mismo pasa con esa minoría de personas que decide, con base en su derecho a la autonomía, consumir mariguana. Simplemente podrán gozar de los mismos derechos que el resto, sin por ello afectar a los demás. El que no quiera consumir mariguana, por la razón que sea, simplemente no lo hará. El que sí lo haga, en cambio, podrá contar con que su derecho es igual de respetado y respetable que el de los demás. El ministro Zaldívar lo que ofrece es, al final, una sola cosa: no tener que volverse delincuente por el hecho de ejercer esa autonomía, y propone una vía razonable –y acorde con los tratados internacionales de drogas– en relación a la planta de la cannabis: que ellos mismos la puedan cultivar, siempre y cuando el cultivo no llegue al mercado o a ningún circuito comercial. Algo que, por otro lado, es de gran importancia para la salud pública, ya que en los hechos se impide que grandes compañías, motivadas únicamente por el lucro, ingresen al mercado de la cannabis. Además, deja intacta la obligación del Estado de impedir que alguien lucre con la planta. Es decir que aquellos que vendan en el mercado abierto, seguirán siendo considerados delincuentes. 

Por último, vale la pena recordarle a los detractores de este proyecto que la ley actual promueve justamente lo que ellos dicen combatir. Bajo el esquema actual, un usuario tiene más incentivos para recurrir el mercado negro que cultivar sus propias plantas, ya que si acude al mercado ilegal y es sorprendido en posesión de cannabis por encima de los cinco gramos, se hará acreedor a una sanción de 10 meses a dos años de cárcel según las circunstancias de esa posesión (si no hay otros elementos que indiquen comercio, es decir, posesión simple). En cambio, si ese mismo usuario decide cultivar unas plantas para evitar el mercado ilegal y sus riesgos, la ley considera su cultivo como producción, por lo que la pena de cárcel alcanza los diez años. Es decir, la ley promueve al mercado negro, en lugar de desincentivarlo.

Por eso, si los ministros que votarán este proyecto se ajustan a los principios elementales del derecho, a la normatividad internacional, y al sentido común, el resultado no podrá ser otro que su aprobación. Muchos esperamos que así sea.