¿En qué te afecta el matrimonio igualitario?

La sorpresa fue mayor. Nadie esperaba que el presidente Enrique Peña Nieto mandara al congreso una propuesta para prevenir la discriminación contra las personas LGTBI que ciertamente incluye varios cambios de importancia a la Constitución y el Código Civil Federal, el más mencionado de los cuales es, sin embargo, el reconocimiento explícito en todo el país al llamado matrimonio igualitario. ¿Qué explica esta decisión notable? ¿Es el símbolo de lo mucho se ha ganado en el país en estos terrenos o, por el contrario, apenas el primer paso en un camino todavía larguísimo? ¿Qué apoyos y qué oposiciones encontrará la propuesta? ¿Es suficiente?

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Una deuda histórica

Alexandra Haas Paciuc

Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Las personas son libres de autodeterminarse y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia de acuerdo a sus propias opciones y convicciones, entre las que se encuentran la expresión de su identidad de género, así como la decisión de a quién amar y con quién compartir la vida. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora, con una serie de decisiones e iniciativas, el Estado mexicano.

Nunca antes había ocurrido que un presidente de México conversara, escuchara y propusiera medidas para atender las inquietudes de representantes de los colectivos lésbico-gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI). El intercambio de ideas y propuestas que tuvo lugar el 17 de mayo pasado en Los Pinos constituye un logro de todas las organizaciones de la sociedad civil y líderes sociales que han luchado por la diversidad sexual durante décadas.

Hacia el final de este encuentro, el titular del Ejecutivo firmó dos iniciativas que ha hecho llegar a la Cámara de Diputados para combatir la discriminación a las personas LGBTI en nuestro país. Una de ellas consiste en reformar la Constitución; la otra en realizar diversos cambios al Código Civil Federal. Cada iniciativa, en lo que le corresponde, reconoce de manera importante la diversidad que nos rodea, sin limitarse exclusivamente a la diversidad sexual.

En principio, la reforma constitucional conducirá, en caso de ser aprobada, a que el artículo 4º reconozca de manera explícita el derecho de toda persona mayor de edad a contraer matrimonio sin discriminación, en congruencia con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de junio de 2015. Así, la propuesta señala que nadie puede ser discriminado para celebrar una unión de este tipo con base en su origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales, o cualquier otra característica.

La reforma al Código también reconoce que todas las personas tienen derecho al matrimonio. La nueva redacción del artículo 146 lo define como la unión libre de dos personas –ya no sólo un hombre y una mujer– que gozan la mayoría de edad y pretenden tener una vida en común. En su redacción actual, este ordenamiento transmite un mensaje excluyente.

Por otra parte, la reforma a otro artículo del Código Civil Federal (390, fracción III) reconocería que cualquiera tiene el derecho a adoptar. Explícitamente se señalaría que la orientación sexual y la identidad o la expresión de género no son criterios admisibles para juzgar la aptitud de las personas para este propósito. Por tanto, cualquier prejuicio en contra de la diversidad (particularmente la diversidad sexual) no podría ser impedimento para la realización de este derecho.

En relación con el derecho a la identidad, la propuesta presentada permitiría a las personas trans solicitar una nueva acta de nacimiento que reconozca su identidad de género. Recordemos que el ejercicio de derechos depende generalmente de trámites específicos, la mayoría de los cuales requiere una identificación oficial. Sin un acta que valide la identidad de las personas, el disfrute de prerrogativas se complica reiteradamente.

Cabe resaltar que la reforma también elimina otros contenidos discriminatorios que tienen que ver con otros grupos sociales. El Código actual, por ejemplo, se refiere a quienes viven con discapacidad intelectual como individuos con “notorio atraso”. Señala también que cualquier hijo o hija de una mujer casada debe registrarse como descendiente del marido, aunque no sea el caso, y que las mujeres no pueden contraer nuevas nupcias (con un hombre) sin que transcurran 300 días después de haberse divorciado –salvo que, cumpliendo con su rol de género, den a luz a un hijo o hija, quien requerirá de un padre. Las modificaciones, en conjunto con una futura revisión de la normatividad en los tres órdenes de gobierno, llevarán al Estado mexicano a subsanar con una importante deuda histórica.

Este nuevo capítulo en la historia de los derechos apenas empieza. El Poder Legislativo y las entidades federativas tienen en sus manos la posibilidad de concretar estas posibilidades. Las luchas federal y locales por el acceso equitativo a los derechos no han terminado. Tampoco, de un plumazo, ha terminado la homofobia. Pero la conversación entre los poderes públicos federales y las personas LGBTI comienza a reflejar un compromiso más consistente en el reconocimiento de los derechos.