En las redes sociales, ¿justicia o escarnio?

Cuando Arne aus den Ruthen fue agredido por aquellos guardaespaldas, Periscope nos permitió ver, sí, la enésima prueba de la ética funesta de un cierto mirreynato. Pero vimos algo más, también inquietante, y es el poder de las redes sociales en términos de repulsa pública: algo sonaba a linchamiento, como dejó caer Derechos Humanos, aunque no por ejemplo la dirigencia panista. La polémica quedó sentada, y con ella la idea de regular el uso de esa app. ¿Se puede hacer justicia por esa vía? ¿Tenemos una herramienta novedosa de emparejamiento democrático o, como se pregunta en un libro notable el periodista inglés Jon Ronson, hemos dado un salto atrás, a la era de la exhibición pública, a través de la innovación tecnológica?

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    1. Francisco Porras

      Gobernando con Periscope

      Profesor-investigador del Instituto Mora. ...
    2. Rodrigo Cornejo

      Mejor que la privacidad

      Coordinador de Wikipolítica Jalisco.
    3. Édgar E. Ramírez de la Cruz

      ¿Regular para quién?

      Profesor del CIDE.

El que agandalle que batalle

Mara I. Hernández

Es doctora por el MIT, especializada en negociación política y deliberación. Obtuvo el título de maestría en la Universidad de Harvard y es ...

El éxito mediático y político de los operativos del city manager ha sido rotundo en un país carcomido por la corrupción y la impunidad. Somos muchos los que hemos admirado la valentía de Arne y hemos expresado indignación cuando ha sido abusado por ciudadanos prepotentes y abusivos. Incluso entre quienes reconocemos lo cómodo que puede ser el anonimato para esconder esas conductas poco cívicas en las que podemos incurrir cuando estamos con prisas, la mayoría celebramos que también para los poderosos se esté volviendo un poco más riesgoso pasar por encima de otros ciudadanos.

Más allá de la simpatía que nos pueda despertar el arrojo de Arne y su carácter justiciero, los operativos también han cumplido con un importante propósito pedagógico. Las grabaciones son una suerte de espejo en donde nos reflejamos millones de mexicanos formados en la cultura de "El que agandalla no batalla" o "El que no transa no avanza". Este espejo ha servido para alimentar millones de discusiones de sobremesa en las que estamos sometiendo esta falta de cultura cívica a una revisión crítica, resignificando el papel de la autoridad y su valor como regulador de la convivencia ciudadana.

Se trata, pues, de una estrategia eficaz desde muy distintos puntos de vista.

Sin embargo, en democracia no es suficiente que el actuar de gobierno sea eficaz. Vivir en democracia significa esperar y exigir que todo acto de autoridad se ciña al marco legal. Y para ello no basta con que la autoridad diga, o incluso crea, que está actuando conforme a la norma. En todos las democracias maduras existen mecanismos para que los ciudadanos nos podamos inconformar frente a lo que consideremos actos de autoridad violatorios de nuestros derechos. Sin este tipo de mecanismos operando de manera efectiva y confiable, estaríamos condenados a vivir bajo la ley de la selva, donde seguirá privando el más fuerte, el más rico o el más poderoso.

De ahí que el valor y la trascendencia de que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal haya salido en defensa de los derechos de los infractores filmados y exhibidos en los operativos. Se trata de la otra cara de la moneda. Una cara que es importante tomar en cuenta para que el uso de las tecnologías no sea objeto de abuso por parte de las autoridades.

Incluso quienes vemos en Arne a un funcionario valiente que está protegiendo el interés público, debemos pensar en los riesgos del uso indiscriminado de la tecnología en manos de funcionarios públicos y en los derechos de los infractores si queremos que la tecnología realmente sirva para crear una cultura de legalidad. ¿Qué caso tiene que los operativos sirvan para proteger los derechos de unos si para ello se va a pasar indiscriminadamente por encima de los derechos de otros?

Por tratarse de un asunto de interés público que la autoridad realmente haga bien su trabajo y sancione a los infractores de la ley, los operativos encuentran un fundamento legal bajo el principio de máxima publicidad que rige al derecho a la información pública en nuestro país. Es decir, los ciudadanos tenemos derecho a verificar que el city manager realmente esté haciendo su trabajo. Sin embargo, estos operativos no pueden conducirse con el objetivo de "exhibir" ni "castigar" a los infractores, como incitó el Partido Acción Nacional en su posicionamiento al respecto. Esto sería equivalente a aceptar como legítimo que la autoridad promueva linchamientos públicos.

Para evitar caer en esta tentación, la autoridad debe establecer protocolos de actuación, es decir, reglas claras que rijan los operativos. La delegación ya hizo un primer saque de protocolo, pero éste no satisface a quienes están defendiendo los derechos de los infractores. Me parece que la clave está en que estos protocolos realmente estén orientados a promover que los operativos tengan un efecto disuasivo de conductas contrarias a la ley y/o poco cívicas, que puedan derivar en el escarnio del ciudadano infraccionado. También es fundamental que se protejan los datos personales de los infractores y que estos sepan que están siendo grabados. Por último, sería importante asegurar que los delitos, el lugar y las personas sujetas a los operativos no se definan a discreción del city manager, y que en lugar de ello respondan a criterios objetivos. ¿Porqué no fueron "periscopeados" Xóchitl Gálvez y otros panistas que se estacionaron en la banqueta el pasado fin de semana en el homenaje a Manuel Gómez Morín, por ejemplo?

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, México adoptó un nuevo paradigma legal que obliga a las autoridades a poner los derechos humanos en el centro de todo acto de gobierno. Estos derechos con frecuencia entran en conflicto unos con otros. Mi apunte a este respecto es sólo un esbozo de dónde están esas tensiones en este caso en particular y desde qué perspectiva podrían resolverse. Pero esta tarea de armonización requiere de la intervención de las instancias encargadas de proteger derechos y procurar justicia, en diálogo con la autoridad a cargo de los operativos, y de una amplia deliberación pública. En este sentido, celebro el acuerdo alcanzado entre la titular de la CDHDF y la delegada Xóchil Gálvez para promover este diálogo con la participación de expertos independientes. El camino por recorrer es largo y, si realmente queremos un Estado de Derecho, más nos vale no caer en maniqueísmos.