¿Dónde hay que recortar el gasto?

El tren se detuvo, literal y figuradamente: quedó cancelado uno de los proyectos estrella del presidente Peña Nieto, el tren rápido México-Querétaro. Pero eso es sólo el inicio. Cayeron los precios del petróleo y predecible, inevitablemente, el gobierno tuvo que recortar el gasto público, eso en año electoral y con la imagen del presidente muy, pero muy mermada. El recorte es de consideraciones: nueve mil millones de dólares, que sufrirán fundamentalmente Pemex, la CFE, la SCT y, dicen, el gasto corriente de la administración federal. Pero, ¿eso será todo? ¿Es suficiente ese recorte? ¿Cómo afectará al ciudadano común? Sobre todo, ¿se aplicará en las áreas adecuadas, o la administración de Peña Nieto acierta en el diagnóstico, pero no en la receta?

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Historia de un fracaso

Gerardo Esquivel

Economista. Profesor de la UNAM.

El viernes pasado la Secretaría de Hacienda anunció una reducción en el gasto público de poco más de 124 mil millones de pesos, es decir, de cerca del 0.7% del PIB. Esta es la respuesta del gobierno a la caída de los ingresos públicos que se observará en 2015 como resultado de la drástica caída de los precios del petróleo a nivel mundial. Este ajuste refleja, una vez más, el rotundo fracaso de la política fiscal cortoplacista que ha seguido el país durante varias décadas. Por un lado, evidencia el fracaso de una política de ingresos que depende en buena medida de un mercado tan volátil como el petrolero (entre 30 y 40% del total, dependiendo del precio del petróleo) y que ha sido incapaz de fortalecer de manera estructural la capacidad recaudatoria del Estado. Por el otro, evidencia también el fracaso de una política de gasto que ha optado por derrochar los recursos de los ingresos petroleros mediante aumentos significativos en el gasto corriente, y que ha destinado muy pocos de los recursos extraordinarios de la reciente bonanza petrolera al ahorro o a la inversión en infraestructura económica.

En algún sentido, este ajuste pone en evidencia también los errores y bandazos de política fiscal que han caracterizado a la presente administración. Una administración que primero cometió graves retrasos en el ejercicio del gasto público en 2013 (que contribuyeron de manera muy significativa a la desaceleración de la economía en ese año), y que luego realizó una reforma fiscal mal diseñada que dio lugar a un aumento mucho más significativo en el lado del gasto que en el de los ingresos. Posteriormente, y como una forma de tratar de atenuar los reclamos del sector privado ante la reforma tributaria, el gobierno se comprometió de manera prácticamente unilateral a no volver a aumentar los impuestos mediante el llamado Acuerdo de Certidumbre Tributaria. Este absurdo e innecesario compromiso le ató las manos y restringió de manera clara sus posibilidades de reacción frente a choques inesperados. Por otra parte, el casi nulo impacto del gasto público en el crecimiento económico de 2014 también reveló la ineficiencia de mucho de ese gasto y contribuyó a su cuestionamiento. Posteriormente, los escándalos de corrupción y conflicto de interés que afectaron al gobierno a finales de 2014 y los problemas con la licitación del tren México-Querétaro terminaron por aumentar la desconfianza de la sociedad respecto a la necesidad, calidad y eficiencia del gasto público en el país. Debido a esa combinación de factores, el ajuste en el gasto público ante el choque de los precios del petróleo se convirtió en algo prácticamente inevitable.

Por otra parte, con respecto a las características del ajuste anunciado en el gasto cabe hacer un par de consideraciones y/o precisiones. Primero, es falso que el grueso del ajuste se vaya a dar en el gasto corriente. Las cifras que reportó la Secretaría de Hacienda en el sentido de que el 65% del ajuste sería en el gasto corriente y el 35% restante en el gasto de inversión corresponden únicamente a la parte relativa a las dependencias del Gobierno Federal (52 de los 124 mil millones de pesos). En realidad, cuando se incluye el hecho de que el ajuste en los presupuestos de Pemex y CFE será de 62 y 10 mil millones de pesos, respectivamente, es muy posible que el ajuste en el gasto de inversión llegue a ser cercano a los 90 mil millones de pesos, es decir, casi el 75% del ajuste total. Esto se debe a que el grueso del gasto de Pemex y CFE es de inversión y que seguramente será lo más fácil de recortar. En particular, es casi un hecho que la mayor parte del ajuste en Pemex afectará en las áreas de exploración y producción de petróleo, debilitando aún más las posibilidades de Pemex de enfrentar satisfactoriamente la nueva etapa de competencia a la que se enfrentará como resultado de la Reforma Energética.

En segundo lugar, resulta francamente absurda la posición de la Secretaría de Hacienda de mantener la expectativa de crecimiento de la economía para 2015 en un rango que va de 3.2 a 4.2%. De entrada, cabe señalar que la expectativa promedio de los analistas del sector privado ya era de sólo 3.5% a finales de diciembre. Ahora, con el ajuste al gasto público, las expectativas de crecimiento se deberán ajustar a la baja por razones obvias. Incluso tomando en consideración un efecto multiplicador del gasto público relativamente pequeño (es decir, el hecho de que este tipo de gasto tiene efectos directos e indirectos sobre la economía), es posible que el impacto en el crecimiento sea de por lo menos un punto porcentual del PIB. Esto implica que un pronóstico de crecimiento para 2015 cercano al 2.5% sea quizá mucho más realista que el rango establecido por el gobierno federal. Al parecer a la Secretaría de Hacienda no le han bastado dos años consecutivos de notables fracasos en sus pronósticos económicos y en sus respuestas de política; siguen sin aprender la lección.

   @esquivelgerardo

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