¿Debemos regular las manifestaciones?

La Suprema Corte dio hace unos días validez constitucional a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, lo que significa, entre otras cosas, que es necesario notificar de cualquier manifestación 48 horas antes de que ocurra y sobre todo que las manifestaciones quedan prohibidas en las llamadas vías primarias, lo que significa que pueden ser disueltas con la fuerza pública. Derecho de libre circulación contra derecho de manifestación, choque de libertades, esta disposición nos recuerda que las democracias implican la ambigüedad y la contradicción, lo que significa: invitan al diálogo y la reflexión. Bienvenidos sean, como todas las semanas.

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La contracultura de la marcha

Roberto Gil Zuarth

Presidente del Senado de la República.

Los derechos de las personas se encuentran potencialmente en conflicto. La ley –en el sentido formal y material del concepto– debe establecer los resortes orgánicos y procedimentales para construir situaciones de equilibrio, de tal modo que el ejercicio de un derecho no excluya o impida de manera definitiva la vigencia de otro. En el Estado constitucional los derechos tienen "prima facie" el mismo valor, entran en tensión no de manera abstracta sino en el caso concreto, se ponderan a través de razones que justifican que uno ceda frente al otro para pacificar la situación que motivó dicha tensión.

El problema de las marchas se suele abordar desde la perspectiva de conflicto entre, por un lado, la libertad de manifestación como concreción de la libertad de expresión y, por otro, las libertades ambulatorias, los derechos de libre tránsito o de movilidad. Sin embargo, no debe perderse de vista que por las características y fines de la protesta, la condición de los sujetos o por sus implicaciones, otros derechos pueden entrar en conflicto. En el caso de los plantones o protestas de duración ilimitada, por ejemplo, se pone en juego la esfera de las libertades económicas, esto es, el derecho a la propiedad, al trabajo, la libre empresa, entre otros. Cuando esas expresiones de protestas responden a una cuestión gremial o se relacionan con el desarrollo de una industria, actividad o servicio público, se activa la tensión con los valores, intereses o derechos que gravitan en las relaciones subyacentes. Es el caso de las movilizaciones contra la reforma educativa: el derecho a la protesta no sólo incide en las libertades de tránsito o económicas de los afectados, sino también en el derecho a la educación de los miles de niños y jóvenes que no reciben el servicio en los términos y condiciones que la Constitución tutela.

Otra simplificación es común en el abordaje del problema de las marchas: la idea de que para regularlas basta con establecer las dimensiones de realización del derecho, es decir, fijar los requisitos, la duración y, en general, los modos de ejecución de las conductas a través de las cuales se expresa una posición política. Bajo esta lógica, la regulación pretende disminuir o atenuar los efectos en los derechos de otros: se debe notificar con anticipación para informar a la población sobre alternativas, se puede usar dos carriles del Paseo de la Reforma, por dos horas, de un punto al otro, etcétera. Esto se oye bien, pero es sólo parcialmente cierto. La regulación de las marchas no es otra cosa que determinar los supuestos de licitud y de ilicitud en el ejercicio del derecho a la manifestación y, en particular, el conjunto de habilitaciones para que el Estado aplique grados de coacción y module, en consecuencia, la incidencia de ciertas conductas en el goce o disfrute de otros derechos. Sí, en efecto, regular las marchas es disciplinar, en última instancia, el cómo, el cuándo y el cuánto en la aplicación de la fuerza pública. Si carece de este elemento, cualquier pretensión regulatoria no pasará de buenas intenciones.

Al final de cuentas, la nuez del problema de las marchas estriba en la capacidad efectiva de una sociedad de gestionar institucionalmente los conflictos políticos. La recurrencia de las marchas, su agudización y el vacío crónico de salidas, no se explica de manera determinante por la ausencia de regulación, sino por los incentivos y prácticas que nuestro modelo de gobernabilidad ha gestado. Las marchas son la expresión más sofisticada de la contracultura del chantaje: "movilización-negociación-movilización", tal y como afirma la consigna gremial de la CNTE. Acarreos para conseguir la cita con el secretario o para intercambiar una gestión; bailes de encuerados para obtener un fondo o una partida presupuestal. (Alguna vez un líder campesino me confesó en la Secretaría de Gobernación que la marcha le costó cuatro millones de pesos y que no podía levantarla por menos de 40). La marcha se ha convertido en la profesionalización del clientelismo político, el capital que invierten los rentistas para aumentar sus rendimientos, el negocio de los sectores para conservar y recrear los privilegios que administran. La torre que pone al Estado en jaque porque ha demostrado, con creces, su eficacia intimidante.

No habrá solución eficaz a la contracultura de la marcha sin mecanismos de solución y de desmovilización de los conflictos, sin instituciones para atender sus causas y para desactivar sus consecuencias. La aproximación a la cuestión de las marchas debe hacerse desde la perspectiva de reducir la lucrativa industria de la movilización rentista y de fortalecer, al final del camino, el Estado de Derecho: Estado con legitimidad para prevenir y arbitrar tensiones pero, sobre todo, para aplicar la ley a través de la fuerza.