¿De veras es tan listo el Chapo?

Asómense las redes sociales, lean a los articulistas en la prensa, escuchen a los especialistas en la radio o la TV. Las explicaciones a la fuga del Chapo Guzmán, oscilantes entre el conspiracionismo más demencial y predecible –aquello de que el capo es realmente parte del sistema–, el análisis mesurado pero siempre perplejo y el escarnio satírico de las autoridades, ofrecen, más allá de la fuga misma, un diagnóstico del país y del modo en que lo percibimos, es decir, de la medida de nuestra confianza en los guardianes del orden, de nuestro respeto por los que diseñan políticas o leyes, de las sensación creciente de que la corrupción ya no deja resquicios. De ahí la pertinencia de la pregunta de esta semana en Tribuna: ¿de veras es tan listo el Chapo?

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Entre la prohibición y la corrupción

Mónica Serrano

Investigadora del Colmex. Coordinadora (con Arturo Alvarado) de Los grandes problemas de México. Seguridad nacional y seguridad interior.

Las huidas espectaculares no son monopolio de estados débiles o de países en la periferia. Gracias a artimañas y planes pacientemente ejecutados –como la transformación de una barra de jabón en una pistola falsa, la fabricación de herramientas rudimentarias para perforar los muros de sus celdas o la confección de una escalerilla de tela– delincuentes de la talla de John Dillinger, de la inteligencia de Frank Lee Morris y sus secuaces Allen West y los hermanos Anglin, o de la fama legendaria de Ronnie Biggs, consiguieron escapar de cárceles inexpugnables como Alcatraz o el penal de Wandsworth en el sur de Londres.

Con la evidencia acumulada no sólo podemos descifrar las claves del plan de fuga de Joaquín Guzmán Loera, sino identificar la secuencia de fallas y omisiones de las autoridades competentes y confirmar, por supuesto, la tesis de la colusión y la complicidad.

Podemos, por ejemplo, encontrar en una cadena de episodios los signos de un plan de fuga. Con un poco de astucia e imaginación las agencias de inteligencia habrían identificado e investigado el baile de música grupera que, financiado por el Chapo, tuvo lugar en las inmediaciones del penal en septiembre de 2014. Habrían visto con suspicacia tanto la cadena de recursos y amparos interpuestos por Guzmán Loera contra la extradición y su posible traslado a otro penal, como el requerimiento sobre los planos del presidio que recibió Segob en mayo de 2014. Además, la capacidad de ingeniería acumulada por el Chapo en la construcción de más de 100 túneles para trasiego de drogas y guaridas debía haber advertido a las autoridades sobre la posibilidad de una fuga subterránea. Y, desde luego, la activación de la solicitud de extradición en Estados Unidos para su presentación en una corte federal del distrito sur de California debía haber prendido alarmas y reforzado las medidas de seguridad.

Las fallas son, tal y como presagió el presidente Peña Nieto, imperdonables e involucran a autoridades dentro y fuera del penal. En la zona aledaña al penal, no obstante la presencia del Octavo Regimiento Motorizado del ejército, los trabajos pesados de mantenimiento del sistema Cutzamala, realizados a un costado de la barda del penal, o la construcción, sin permiso, de una casa-bodega a 1.5 km de la celda de Guzmán Loera, pasaron inadvertidos por sistemas de vigilancia y monitoreo. Las fallas internas son igualmente inexcusables: nombramientos de directivos y personal inexperto, una sobrepoblación de cerca de 30% de la capacidad máxima de 836 reos autorizada para el penal, escasez de personal de custodia y jornadas laborales de hasta 24 horas. Y habría que mencionar también las anomalías físicas, como el espesor de la cimentación del penal, que pasaron desapercibidas en la certificación que la Asociación de Correccionales de América otorgó al penal en 2011.

La evidencia de colusión y complicidad se muestra a todas luces, ya sea que miremos las condiciones que permitieron a Guzmán Loera tener privilegios y evadir reglas como el corte a ras del pelo, la rotación e inspección exhaustiva y sorpresiva de su celda o que tomemos nota de la visita de personas con documentación falsa o de su capacidad para organizar protestas internas en demanda de derechos humanos. Pero como ha sugerido el propio secretario de Gobernación, para lograr su fuga "Joaquín El Chapo Guzmán tuvo que contar con la complicidad de personal y funcionarios del penal de El Altiplano". Sin duda la indolencia de los encargados de monitorear los sistemas de video-vigilancia, ya sea en el propio penal o en los sistemas remotos del CISEN y de la División de Inteligencia de la Policía Federal, como la demora de 18 minutos en la reacción de los custodios, constituyen las pruebas más convincentes de omisión, colusión y/o complicidad.

La mayoría de los análisis de la estampida del Chapo parecen llegar a una conclusión obvia: sin la corrupción de la estructura y de los operadores la fuga resulta inexplicable. Aunque parcialmente acertada, esta conclusión tiende a mezclarlo todo y a confundir el abuso de autoridad y la apropiación de recursos públicos, en economías de mercado, con la extracción de rentas y acumulación predatoria en economías ilegales, es decir con formas violentas de corrupción. El factor decisivo aquí es la prohibición y el argumento central consabido: la imposición de normas prohibitivas, en entornos de baja institucionalidad estatal o en transición, propicia el surgimiento de economías ilícitas, la competencia violenta por el control de estos enclaves, la penetración política y la eventual criminalización del propio Estado. En Colombia, como en México, este entorno prohibicionista no sólo contribuyó a configurar el ascenso criminal y violento de figuras como Pablo Escobar y Joaquín el Chapo Guzmán, sino la claudicación de la propia autoridad estatal. Y en esas circunstancias habrá voces, desde luego en Estados Unidos, que propondrán la extradición como la única solución viable.