¿De qué sirven las declaraciones en lo oscurito?

Escondan relojes y escrituras: ser un representante popular, un servidor público o un líder sindical y mantenerte fuera de los reflectores es cada vez más difícil, como muestran los recientes escándalos inmobiliarios que rodearon al gobierno federal. A eso responde la multiplicación de disposiciones para fomentar la transparencia y combatir la corrupción, de la vieja declaración patrimonial, a la fiscal y a la reciente declaración de conflicto de intereses. ¿Se sienten optimistas, estimados lectores? Suspendan el juicio hasta leer la Tribuna de esta semana. Hacer las declaraciones es obligatorio; hacerlas públicas, decisión de cada declarante. ¿Tiene sentido hacer declaraciones secretas, o hablamos de una ley (otra) que se dispara en el pie?

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    1. Lourdes Morales Canales

      ¿Simulación o acción?

      Directora de la Red por la Rendición de Cuentas.
    2. Guillermo M. Cejudo

      El arte de la declaración ...

      Profesor investigador del CIDE.
    3. Ernesto Villanueva

      Cambiar para empeorar

      Investigador del Instituto de Investigaciones ...
    4. David Arellano Gault

      El largo camino

      Editor de la revista “Gestión y Política ...

Vamos a contar mentiras…

Eduardo  Bohórquez

Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana (@integridadMX). Impulsa la iniciativa #3de3.

En la elección de 2012, el Instituto Federal Electoral lanzó una plataforma para que cada uno de los candidatos de todo el país –se cuentan por miles– publicara su currículum. La idea parecía sencilla y a la vez prometedora. Conocer un poco más de la persona que aspira a gobernarnos. Extraer, entre los pendones y los banderines, algo de información sobre lo que antes de postularse había hecho en la vida la candidata o el candidato. La autoridad electoral pronto descubrió que la propuesta fue atendida sólo por un número limitado de postulantes, los electores nos quedamos sin el currículum de los candidatos y la historia cayó en el olvido.

Cada año, en mayo, un número inmenso de servidores públicos –300 mil en el caso del Gobierno Federal– tiene que actualizar una declaración sobre su patrimonio (inversiones y propiedades del servidor público y su familia cercana). La declaración patrimonial es entregada para su revisión a los órganos internos de control de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno. No todo servidor público debe presentarla. Los trabajadores sindicalizados, por ejemplo, han logrado evitarlo. De cualquier forma, se trata de un procedimiento de rutina para el control de la administración pública y alrededor de la declaración patrimonial se ubica el mayor número de sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública. En 2014, más de la mitad de las sanciones impuestas por el gobierno federal a servidores públicos (13,363 de 16,736 sanciones) tuvo fundamento legal en la omisión de información (8,736) o en la presentación extemporánea (4,627) de esta declaración.

Se argumenta que la declaración patrimonial puede estar llena de prestanombres y mentiras. Es posible, y en muchos casos es cierto. Pero también constituye una prueba sólida en un procedimiento administrativo de responsabilidades: si un servidor público omitió informar sobre una propiedad a su nombre, las probabilidades de ser inhabilitado crecen, y el escándalo político también. Por eso la fotogalería periodística de relojes de lujo en eventos públicos o de casonas de políticos en el registro público de la propiedad ha sido parte de nuestra vida pública por tantos años. Estos registros "prueban" que hay inconsistencias entre lo declarado y los bienes usufructuados o en posesión.

Este año, derivado de los escándalos que tocaron a la figura presidencial y como una de las ocho acciones ejecutivas que instruyó el presidente de la República para enfrentar la crisis política, los servidores públicos federales (cerca de 300 mil) tendrán que presentar junto con su declaración patrimonial una declaración de posibles conflictos de interés. Ambas serán públicas sólo si de forma voluntaria el funcionario público decide hacerlo así.

Para la elección 2015, el Instituto Nacional Electoral volvió a convocar a los y las candidatas a publicar su currículum. Al mes de abril, el número de candidatos participantes era menor al 5% del total de candidatos. Desde la sociedad civil, la iniciativa de Transparencia Mexicana e IMCO, Candidato Transparente, que pide a los candidatos publicar sus declaraciones patrimonial, de intereses e impuestos, reportaba al 10 de mayo 184 candidatos que habían presentado voluntariamente sus "3de3" en la plataforma cívica creada para tal propósito. Ambas iniciativas, la del INE y #3de3, reportan una participación muy por debajo de número aceptable. Aunque se prevé que ambos números crezcan, es poco probable que rebasen el 10% del total de los candidatos que participan en la elección.

Dos preguntas son ineludibles. ¿Sirven estas declaraciones para algo o son un mero ejercicio de simulación? ¿Qué debemos hacer para que resulten realmente efectivas?

La presentación y publicación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, es decir, el paquete llamado #3de3, es indispensable en una democracia funcional. En las primeras dos declaraciones, el funcionario o candidato asume formalmente responsabilidad sobre su patrimonio y el de su familia, pero sobre todo asume formalmente que tiene intereses personales o privados que pueden estar en conflicto con sus decisiones públicas. Con estas declaraciones, en particular la de intereses, que resulta la más novedosa para el caso mexicano, admitimos que toda decisión tiene sesgos potenciales y que necesitamos un mecanismo que reduzca el riesgo de que los intereses personales priven sobre los públicos. La declaración pública de impuestos tiene un carácter simbólico en términos de justicia fiscal al ilustrar que quienes nos gobernarán están contribuyendo también al presupuesto que van a ejercer; pero en términos de control democrático ayuda a formar una trilogía con los otras dos declaraciones: patrimonio, impuestos e intereses deben ser congruentes entre sí.

Presentar las tres declaraciones, sin embargo, no es suficiente. Aunque se espera que la Función Pública y el SAT hagan uso de las declaraciones para reducir la corrupción y la impunidad, la realidad es que su diseño no les permite hacer un uso óptimo de este instrumento. Ejemplo de ello es el número de investigaciones que llegaron al ministerio público a partir de la revisión de las 300 mil declaraciones patrimoniales de funcionarios federales en 2014: ocho casos. Pese a la debilidad institucional que este indicador ilustra, no presentarlas o suspender el debate sobre su publicación obligatoria sería absurdo. Sin la existencia de las declaraciones, ningún control interno sería posible.

Esto abre espacio a la segunda pregunta: ¿cómo hacemos que funcionen? La razón por la que desde la sociedad civil se ha convertido en clamor la exigencia de publicar las declaraciones patrimoniales, y ahora la de intereses, es por los efectos de control democrático que la máxima publicidad tiene. Durante esta campaña, quienes han publicado versiones incompletas de sus declaraciones patrimoniales, han sufrido el embate de sus adversarios o de periodistas que inmediatamente señalan vacíos o ausencias.

Al descentralizar la revisión de la veracidad de las declaraciones, hay más observadores atentos al contenido de la declaración patrimonial o de intereses, pero sobre todo hay una actitud diferente a la revisión de las mismas. Me explico. Para muchos de nosotros, lo que ocurra en el municipio ficticio de "Epazotes Grandes" es algo relevante sólo en términos estadísticos y noticiosos. Pero para esa comunidad, confirmar que el candidato es accionista de la agencia local de automóviles es un elemento de vigilancia social central para la compra de las patrullas o las camionetas del ayuntamiento. Lo mismo ocurre con terrenos privados y caminos rurales, acciones en farmacéuticas y compra de medicamentos, o con relaciones estrechas con proveedores de tecnología y la modernización de los sistemas del municipio. Como prueba el caso Korenfeld, el control democrático por crowdsourcing –es decir, descentralizado entre multitudes– resulta muchas veces más efectivo que el control centralizado por una agencia gubernamental.

La publicidad de las declaraciones no es, sin embargo, la única tarea pendiente. En términos de reducción de corrupción e impunidad, el Estado tiene una asignatura pendiente. En las sociedades donde estos mecanismos funcionan, el delito más duramente sancionado no es el enriquecimiento ilícito sino el perjurio. En una democracia, mentir en una declaración o mentirle al público es doblemente sancionado. La sanción puede llegar a ser de carácter penal. Pero tal vez la más dura es la sanción social. No en vano la cultura mediática se deleita cuando el político miente. En las democracias consolidadas, mentirle al Estado –a la sociedad y al gobierno– es duramente castigado y es la piedra angular de sus sistemas de control. En México, lamentablemente, mentirle al gobierno sigue siendo ejemplo de astucia, y mentirle a la opinión pública, razón permanente para la interminable frustración nacional.