¿De qué sirven las declaraciones en lo oscurito?

Escondan relojes y escrituras: ser un representante popular, un servidor público o un líder sindical y mantenerte fuera de los reflectores es cada vez más difícil, como muestran los recientes escándalos inmobiliarios que rodearon al gobierno federal. A eso responde la multiplicación de disposiciones para fomentar la transparencia y combatir la corrupción, de la vieja declaración patrimonial, a la fiscal y a la reciente declaración de conflicto de intereses. ¿Se sienten optimistas, estimados lectores? Suspendan el juicio hasta leer la Tribuna de esta semana. Hacer las declaraciones es obligatorio; hacerlas públicas, decisión de cada declarante. ¿Tiene sentido hacer declaraciones secretas, o hablamos de una ley (otra) que se dispara en el pie?

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    4. Ernesto Villanueva

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El largo camino

David Arellano Gault

Editor de la revista “Gestión y Política Pública”. Investigador del CIDE. 

Los recientes escándalos de conflicto de interés y  corrupción en que se han visto envueltos diversos personajes en las altas esferas del gobierno tienen un denominador común: escandalizan pero no son en realidad sorpresivas. Todo ciudadano intuye que estos sucesos hablan de prácticas ilegales y poco éticas,  pero, al final de cuentas, prácticas comunes; en el fondo vistas como “normales”, aceptables por la propia clase política. Muchas de estas prácticas poco éticas están realmente arraigadas en la cultura administrativa del país. Una cultura patrimonialista donde los políticos y servidores públicos asumen que un puesto en la administración otorga derechos casi absolutos sobre los recursos, y dota  directamente de privilegios y acceso a beneficios colaterales. Esta cultura (entendida como una suerte de tejido que abarca formas sociales, históricas, mentales, estructurales y simbólicas que se cristalizan en prácticas y comportamientos compartidos) está enquistada desde hace décadas, tal vez siglos, en la función pública mexicana.

Eliminar y modificar esa cultura que “normaliza” las prácticas ilegales y poco éticas tomará años. Los instrumentos que tenemos a la mano son limitados y exigen repensarse constantemente. Un ejemplo es la declaración patrimonial, y ahora la declaración de intereses, a las que están obligados los servidores públicos de la administración pública federal. La primera, instituida hace ya mucho, es obligatoria de presentar por todos los mandos medios y superiores: al ingresar al puesto, cada año que se mantiene dicho cargo y al salir del mismo. Esta declaración se realiza en línea bajo el formato que la Función Pública ha instrumentado. Así, los servidores públicos declaran sus propiedades, bienes, acciones, cuentas de banco, entre otras cosas. Patrimonio de ellos y ellas, de sus parejas e hijos. La segunda, la declaración de intereses, ha sido creada recientemente a raíz de los escándalos antes referidos. En esas nuevas declaraciones, los servidores públicos deberán informar de las relaciones, acciones e intereses empresariales, o de otro tipo, que puedan llegar a afectar su juicio o sesgar sus decisiones.

En el camino para cambiar la cultura patrimonialista algo se tiene avanzado entonces: ya están algunos de sus  instrumentos. Los que sumados al sistema nacional anticorrupción y a la nueva ley general de transparencia, parecen dar visos de que el camino está marcado.

Sin embargo, una cuestión que es importante cuidar y seguir discutiendo es cómo se van a implementar en la práctica estos instrumentos. En el caso concreto de las declaraciones patrimoniales se tiene un buen ejemplo de esta necesidad. ¿Qué se hace con toda esta información? Primero habrá que discutir el asunto de la publicidad de las declaraciones. Invocando cuestiones de seguridad y de protección de datos personales, es decisión del funcionario hacerlas pública o no. Si bien esto puede justificarse en varios sentidos, no es algo que genere confianza  en la ciudadanía. Pero más importante todavía sería comprender qué se puede hacer, de forma realista, con toda la información que está en las declaraciones. Existen aproximadamente 36 mil servidores públicos que en la APF tienen que rendir estas declaraciones. Multipliquemos, como dijimos, estas declaraciones por  cada año en el cargo y con cada entrada o salida del puesto. Visto así, las preguntas prácticas aparecen: ¿quiénes, con qué capacidades, procedimientos y criterios  monitorean las declaraciones? ¿Con qué criterios se tratan y califican? ¿Qué acciones detonan? ¿Cuánto cuesta analizar y procesar esta información?

Es claro que procesar y dar sentido, en forma inteligente, a esta cantidad de información no es trivial. La Secretaría de la Función Pública requiere a hacer transparentes los criterios de cómo se trata esta información dentro de la administración pública. ¿Hace seguimientos aleatorios, tiene sistemas que levantan “banderas” de alarma? ¿Cruza información con el SAT? ¿Tiene protocolos preventivos para que un servidor público sepa qué hacer en caso de enfrentarse a un posible conflicto de interés? ¿Tiene protocolos distintos para tratar los casos de los mandos medios, a diferencia de las altas esferas administrativas? Hacer creíble, legítimo y operativo el sistema de declaraciones requiere todavía de mucho trabajo. Tener instrumentos como las declaraciones patrimoniales y de intereses es importante, pero no suficiente. Se requiere de una visión práctica, que comprenda los costos y los límites de los instrumentos, que proponga soluciones razonables y concretas ante el tamaño de la labor y los límites de recursos con que se cuentan.  

Parece que se ha comenzado en México, por fin, un camino serio para reducir la corrupción y cambiar la cultura patrimonialista que ha caracterizado a los gobiernos en México. Pero el camino todavía es largo.