¿De qué sirven las declaraciones en lo oscurito?

Escondan relojes y escrituras: ser un representante popular, un servidor público o un líder sindical y mantenerte fuera de los reflectores es cada vez más difícil, como muestran los recientes escándalos inmobiliarios que rodearon al gobierno federal. A eso responde la multiplicación de disposiciones para fomentar la transparencia y combatir la corrupción, de la vieja declaración patrimonial, a la fiscal y a la reciente declaración de conflicto de intereses. ¿Se sienten optimistas, estimados lectores? Suspendan el juicio hasta leer la Tribuna de esta semana. Hacer las declaraciones es obligatorio; hacerlas públicas, decisión de cada declarante. ¿Tiene sentido hacer declaraciones secretas, o hablamos de una ley (otra) que se dispara en el pie?

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    1. Eduardo  Bohórquez

      Vamos a contar mentiras…

      Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana ...
    2. Guillermo M. Cejudo

      El arte de la declaración ...

      Profesor investigador del CIDE.
    3. Ernesto Villanueva

      Cambiar para empeorar

      Investigador del Instituto de Investigaciones ...
    4. David Arellano Gault

      El largo camino

      Editor de la revista “Gestión y Política ...

¿Simulación o acción?

Lourdes Morales Canales

Directora de la Red por la Rendición de Cuentas.

Tener intereses y actuar a favor de los mismos es algo bastante natural en cualquier sociedad. Lo malo es cuando el juicio o actuación de una persona o gobierno está nublado por intereses particulares y no por las obligaciones que otorga un cargo o función, ya sea en el ámbito público o inclusive al interior de una empresa.

En los últimos años, los procesos de privatización y las alianzas entre sector público y privado, así como la movilidad laboral, han urgido a los diferentes gobiernos a tomar cartas en el asunto. Los escándalos de corrupción, muchas veces develados al público por medios de comunicación independientes, han sido un buen catalizador para modificar marcos normativos y adherirse a tratados internacionales en materia de combate a la corrupción. Así, en varios países se ha avanzado en la delimitación de los conflictos de interés sabiendo que no todo conflicto de interés es sinónimo de corrupción y que los conflictos de interés pueden ser tanto evidentes, y por lo tanto propicios para actos de corrupción (por ejemplo, incompatibilidad de cargos y funciones), como aparentes (dar una candidatura a un familiar) y potenciales (acceso a información privilegiada que en un futuro pueda ser usada para una consultoría). Si delimitar los conflictos de interés es relativamente sencillo, generar una política que pueda darles cauce de manera eficiente es bastante espinoso.

En el caso mexicano existen varios problemas. En primer lugar están las herramientas para identificar casos. Hacer negocios y obtener beneficios personales desde el poder ha sido la norma durante años. Es relativamente reciente la exigencia social para tomar medidas de largo plazo que deben de empezar por reconocer que, en efecto, ciertas acciones constituyen un conflicto de interés y que esto es un problema que mina la credibilidad y la legitimidad de los gobiernos. El riesgo es que ante la presión social, y más en tiempos electorales, la tentación de tomar medidas paliativas es enorme. Hasta ahora, el marco normativo al respecto es débil y disperso, con una definición genérica del conflicto de interés en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y sin una forma efectiva de prevenir y darles salida a los conflictos de interés. Se ha señalado que la publicidad de las declaraciones patrimoniales, así como la declaración de intereses recientemente incorporada, sería una buena forma de autocontención de los funcionarios. Sin embargo, la realidad es que limitar las acciones a códigos de ética y obligar a todos los funcionarios a publicar su declaración patrimonial y de intereses no evitará simulaciones, será difícil de monitorear y tendrá efectos limitados.

En segundo lugar, hasta ahora no existe una ruta para resolver situaciones de conflicto de interés. Las acciones más visibles son punitivas: o renuncia el funcionario increpado o se aplica algún tipo de sanción, lo cual no evita que se siga presentando el problema.

En tercer lugar, brilla por su ausencia una política de monitoreo de la gestión. Hasta ahora no existen esfuerzos, como en otros países, para incluir a actores sociales, fuera del gobierno, en el monitoreo de la gestión pública. La inclusión formal de medios de comunicación independientes, organizaciones sociales y organizaciones empresariales, es decir, los famosos whistleblowers, pueden ser efectiva en la detección de áreas de riesgo y en la corrección de problemas. Finalmente, es necesario que exista certeza en las consecuencias. Si los conflictos de interés se siguen resolviendo con base en declaraciones espectaculares, investigaciones que no llegan a nada o con medidas diferenciadas (a los amigos gracia, a los enemigos castigo), el problema se seguirá repitiendo en todos los ámbitos.

El Sistema Nacional Anticorrupción recientemente aprobado ofrece la oportunidad para resolver este y otros problemas. Los desafíos culturales y organizacionales son titánicos pero sin duda, si se va más allá de lo inmediato, en la ola de exigencia y hartazgo ciudadano se pueden concretar los avances que tanto necesitamos.