¿Corresponde a los senadores “defender” a la familia?

Tuvimos una semana de significados únicos: la FIFA dijo que “puto” sólo puede traducirse como “gay” y José María Martínez aseguró que la única familia digna del título es la de un hombre y una mujer casados que procrean hijos. Evidentemente, con esa definición dejó fuera del diccionario a varios millones de personas. Pero tal vez la pregunta que debemos responder es: ¿Debe ser atribución del Senado “defender” a la familia? ¿Es procedente, pues, la existencia misma de una Comisión destinada a tal fin?

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       Escritora.
    2. Angélica De la Peña

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      Senadora por el PRD.
    3. Eduardo Garza

      La familia como comunidad

      Editor de Ixtus. Autor de El reto de humanizar.

Familia y derechos humanos

Hugo S.  Ramírez García

Investigador de Derecho de la UP.

El intenso debate en torno a la calidad democrática e incluso sobre la existencia misma de la Comisión Ordinaria de la Familia y Desarrollo Humano del Senado de la República es necesario. Hagamos a un lado las intenciones y cuestiones coyunturales y pongamos atención a lo importante: ¿son incompatibles las deliberaciones públicas en torno a los derechos humanos que buscan su mayor desarrollo y garantía con las que suscita el tratamiento jurídico del fenómeno familiar? La pregunta viene a cuento porque buena parte de los cuestionamientos a la Comisión de la Familia proceden de otra comisión senatorial, concretamente la de Derechos Humanos.

Es un error justificar la disolución de la Comisión de Familia argumentando que sus trabajos pueden poner en riesgo los avances que nuestro país ha logrado en los últimos años en materia de derechos humanos, y ello básicamente por dos razones.

La primera se fundamenta en la lectura de documentos internacionales relativos a los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se puede comprobar que la familia es reconocida como un lugar privilegiado en la construcción de la vida social. No sólo se admite que su existencia representa un valor, sino que también se toma en cuenta, por ejemplo, para definir el contenido del derecho humano al alimento; para determinar la remuneración justa para el trabajador, y no sólo el tipo de trabajo realizado; para fijar el derecho a determinado estándar de vida: sus miembros, con excepción del varón adulto, reciben una protección especial, en concreto la mujer, los niños, los adultos mayores.

De esta forma, en los últimos sesenta años se ha consolidado una relación entre familia y derechos humanos, aquella como contenido de éstos. Tanto en el plano internacional como en el nacional se protegen dos aspectos concretos de tal relación: por un lado, el derecho a fundar una familia a partir de una edad mínima; y por otro, el derecho a vivir en una familia. Para ambos casos se pretende la ausencia de injerencias arbitrarias que inhiban la convivencia familiar; la igualdad de responsabilidades de sus miembros; la garantía de condiciones dignas de vida en familia, atendiendo sus necesidades como un nuevo sujeto de derecho.

La generación de un entorno propicio para el desarrollo familiar representa un foco de responsabilidad para los estados reconocido por varias instancias, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha señalado, a través de una opinión consultiva, que “el Estado se halla obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de protección de los niños, sino también a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar”. De lo anterior se desprende un par de ideas concretas: la experiencia familiar es un bien humano que merece protección jurídica; y al mismo tiempo el entorno familiar tiene la capacidad para propiciar el goce de otros derechos.

La segunda razón que motiva mi punto de vista tiene que ver con el impacto que el fenómeno familiar tiene en el ámbito social en general. Y es que la familia lleva a cabo una serie de funciones de tal importancia que merece un espacio público de deliberación representativo que recoja todas las opiniones, y con el cual puedan definirse las políticas que mejor acompañen su desarrollo. Para ilustrar esto pensemos en los servicios que la familia ofrece a la sociedad cuando propicia la corresponsabilidad intergeneracional, facilitando labores de cuidado, principalmente al inicio de la vida y durante la vejez; así, algo que sucede de manera privilegiada en el ámbito familiar impacta en la vida pública al permitir que la sociedad tenga conciencia de su tiempo: reconociendo a los que nos antecedieron y trabajando por el futuro.