¿Cómo podemos frenar la desaparición de personas?

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares: un nombre largo para una ley con resultados cortos, dado que tiene apenas unas semanas de vida. Pero ¿es la ley acuciosa, viable, eficaz, amplia de miras? ¿Contempla todas las aristas de la tragedia, sus mil matices de tiempo, espacio o género, el crecimiento continuo de las estadísticas funestas? ¿Basta, pues, para enfrentar unas cifras igual de largas: 25 mil desaparecidos y sumando, como hemos visto recientemente en las noticias de Guerrero, el Estado de México, Chihuahua?

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La necesidad de la perspectiva de género

Jessica Zarkin

Politóloga.

Últimamente me he preguntado cómo explicar que en México desaparezcan en promedio 10 personas al día. Que en los últimos nueve años hayan desaparecido 26 mil 670 mexicanos y el problema parezca agudizarse conforme pasa el tiempo. Que la tasa de desaparecidos haya crecido 553% entre 2007 y 2014. Que tuviera que pasar una tragedia nacional para que cobráramos conciencia de una cifra que poco más de un año antes el gobierno y los medios recitaron como normal. Que la desaparición de 43 estudiantes normalistas no sea una anomalía en el trayecto violento de Iguala (previo a su desaparición ya se tenían 11 casos registrados en el año), y menos en el trayecto que ha tomado este país. Y que nuestro Legislativo y nuestro Ejecutivo, en una visión completamente reduccionista, hayan optado por reconocer únicamente la problemática de desaparición forzada que no sólo ignora a un considerable porcentaje de casos y patrones evidentes en los datos, sino que además tiene consecuencias en el tipo de política pública que proponen, como el mando único, para abatir este problema.

Si queremos saber hacia dónde debemos movernos en el futuro lo primero que debemos hacer es ver los datos. Aunque el propósito de este texto no es hacer una radiografía de los desaparecidos en México (los interesados pueden consultar una aquí, existen patrones importantes de tiempo, geografía y género que se deben subrayar.

En términos de tiempo, no hay una clara tendencia a la baja en el número de desapariciones. En el RNPED hoy se tienen contabilizados a 13,047 desaparecidos durante el sexenio de Felipe Calderón contra 12,010 desaparecidos en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. Si bien hay que tomar las cifras de este sexenio con algo de cautela, por la naturaleza de la base de datos que está siendo constantemente actualizada, datos preliminares indican que éste no es un fenómeno anclado en el pasado. Con cuatro desapariciones por cada 100 mil habitantes, 2014 es el año con la mayor tasa de desaparecidos en los últimos nueve años.

El incremento sustancial en la tasa de desapariciones entre 2012 y 2014 se debió principalmente al crecimiento en el número de mujeres desaparecidas. Es cierto que siete de cada 10 desaparecidos en México son hombres, cifra similar a la de homicidios con ocho de cada 10, pero lo en verdad interesante es que mientras que 2011 fue el pico de desapariciones entre hombres (3,093 en total), 2014 lo fue para las mujeres (1,548).

No solo encontramos diferencias en tiempo, también las hay en sus características. La edad promedio de una mujer desaparecida es de 23 años (75% de ellas tenían entre cero y 29 años), mientras que la edad promedio de los hombres es 33 (76% de ellos tenían entre 15 y 44 años). Adicionalmente, los hombres y las mujeres no desaparecen en los mismos lugares. Los datos demuestran que si bien existe una concentración geográfica de desapariciones, 40% de los 2,457 municipios registraron al menos una desaparición, y que las tasas más altas para ambos las encontramos en Tamaulipas (particularmente en los municipios de Guerrero y Mier), pero entre las mujeres la concentración se mueve a otras zonas poco noticiosas. No solo nos quedamos con los estados que ya todos conocemos por sus niveles altos de violencia en los últimos años, sino que entran al diálogo otros como el Estado de México. Por ejemplo, son dos los estados que registraron de 2007 a 2015 una tasa promedio de mujeres desaparecidas mayor a la tasa promedio de hombres desaparecidos, Oaxaca y Quintana Roo, y son ocho estados donde encontramos que en el sexenio de EPN la tasa de mujeres desaparecidas viene a la alza (Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Sinaloa).

Estas diferencias no tan sutiles en tiempo y espacio por género presentan una historia completamente distinta entre quienes hemos denominado los desaparecidos de México. Si algo nos están contando los datos es que no podemos agrupar a los desaparecidos al momento de proponer una política pública resolutiva, sino que las claras diferencias entre mujeres y hombres demandan una solución heterogénea. Patrones en los datos revelan que la desaparición de mujeres posiblemente esté más arraigada en la problemática de trata de mujeres, mientras que la desaparición de hombres lo está en la violencia asociada con el crimen organizado.

Es por eso que la crítica más grande que se le puede hacer hoy al gobierno federal es que no solo no ha volteado a ver los propios datos que está publicando y que por lo tanto tornarían la discusión de lo público hacia estrategias con tintes de género, sino que además ha convertido esta discusión en una de desaparición forzada. La reacción a Ayotzinapa fue decir que todo el problema recaía en las policías municipales, de ahí que la iniciativa de reforma en seguridad y justicia de EPN se concentrara únicamente en modificar las constituciones estatales para introducir el mando único. No obstante, la evidencia empírica preliminar (no conclusiva debido a la falta de datos públicos sobre mando único a nivel municipal), muestra que no hay una relación significativa y robusta entre la introducción de mando único y caídas en la tasa de desaparecidos a nivel estatal.

No cabe duda de que nos faltan mejores datos para poder evaluar las medidas que ha tomado el gobierno para disminuir el problema de los desaparecidos en México. No obstante, un análisis meramente descriptivo indica que el camino que han tomado no ha sido el óptimo. Al descartar diferencias por género y las desapariciones por parte de particulares, el gobierno volverá a gastar millones de pesos en políticas grises que resuelven en forma y no en fondo.