¿Cómo podemos frenar la desaparición de personas?

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares: un nombre largo para una ley con resultados cortos, dado que tiene apenas unas semanas de vida. Pero ¿es la ley acuciosa, viable, eficaz, amplia de miras? ¿Contempla todas las aristas de la tragedia, sus mil matices de tiempo, espacio o género, el crecimiento continuo de las estadísticas funestas? ¿Basta, pues, para enfrentar unas cifras igual de largas: 25 mil desaparecidos y sumando, como hemos visto recientemente en las noticias de Guerrero, el Estado de México, Chihuahua?

REGRESAR
    1. Lydia Cacho

      Infancia desaparecida

      Periodista y defensora de los derechos ...
    2. Alfonso Valenzuela

      Visibilizar a los ...

      Director del Observatorio de Seguridad ...
    3. Antonio López Ugalde

      La permanente impunidad

      Miembro del Consejo Asesor del Instituto ...
    4. Jessica Zarkin

      La necesidad de la ...

      Politóloga.
    5. Arturo Alvarado

      La responsabilidad de muchos

      Investigador del Colmex.

La ley que necesitamos

Humberto Francisco Guerrero Rosales

Coordinador de Derechos Humanos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La realidad no se transforma a golpe de ley, pero como una manifestación de política pública puede ser un buen principio para reconocer y atajar los problemas que aquejan a un país. México vive una grave crisis de derechos humanos, pocas personas dudan ya de ello: negarlo es contrafáctico. En el contexto de esta crisis, uno de los más grandes flagelos ha sido el de la desaparición forzada, cometida siempre con algún tipo de intervención por parte de agentes estatales, y el de la desaparición por particulares. En esta última no es que el Estado no tenga responsabilidad. A pesar de ser cometida por particulares, la autoridad es responsable de la investigación de los hechos y el esclarecimiento del paradero de las personas.

Para responder a este flagelo, el Ejecutivo Federal presentó, en diciembre de 2015, una iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. Esta ley era un compromiso ineludible a partir de la reforma constitucional de julio de ese mismo año, que facultó al Congreso para legislar en materia de desapariciones y tortura. De hecho, el plazo establecido en los transitorios para desarrollar la legislación secundaria en ambas materias se encuentra vencido.

Si se quiere resolver el problema de fondo, esta nueva ley general no puede ignorar la voz de las víctimas y sus propuesta, plenamente atendibles y realizables (para conocer las propuestas de los familiares de personas desaparecidas véase "Elementos esenciales para la elaboración de la Ley General sobre Personas Desaparecidas en México", disponible aquí. Son varias las propuestas desde las perspectivas de las víctimas, organizadas en diversos colectivos, entre los cuales destaca el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM); sin embargo, algunos elementos son prioritarios. El primero de ellos tiene que ver con una mayor responsabilidad y liderazgo de la Federación en el impulso de la aplicación de la nueva legislación. La crisis actual de desapariciones se ha caracterizado por el hecho de que, en varios de los casos, existen motivos fundados para creer que las autoridades locales están involucradas o coludidas con los responsables de las desapariciones. Por tanto, la nueva legislación debe prever un rol para la Federación que vaya más allá de la mera coordinación y que implique un papel de supervisión en el proceso de implementación y aplicación de la ley a nivel local. Asimismo, justo por la existencia de contextos donde las instituciones de justicia de las entidades federativas pueden estar involucradas en las desapariciones, la nueva legislación debe establecer supuestos adicionales para que la Federación pueda atraer la búsqueda e investigación de casos. Medidas similares ya se han tomado en otras situaciones –los ataques y asesinatos de periodistas son un buen ejemplo–, y bien podrían utilizarse como referente los supuestos de atracción previstos para esos casos.

Un segundo elemento urgente y prioritario para ser contemplado en la ley es la creación de un verdadero Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que vaya más allá de lo existente en la actualidad. Este nuevo mecanismo no puede ser sólo un conjunto de fiscalías especializadas en la Federación y los estados. Esta nueva instancia de búsqueda debe equilibrar tres elementos básicos: 1) Procedimientos diferenciados de búsqueda de desapariciones recientes y desapariciones que se han prolongado en el tiempo, acompañados de análisis de contextos; 2) que este sistema pueda acceder libremente a cualquier tipo de expedientes y registros previamente unificados; y 3) que el sistema permita la participación y supervisión de los familiares en la elaboración y ejecución de estrategias de búsqueda, con la posibilidad de emitir lineamientos vinculantes y no sólo de carácter orientador.

Cualquier ley que pretenda estar a la altura de las circunstancias de la crisis actual de desapariciones debe contemplar estos elementos, como mínimo. La propuesta presentada por el Ejecutivo Federal es una buena base para arrancar la discusión general, pero en los temas que hemos abordado su planteamiento es aún muy limitado.