¿Cómo podemos frenar la desaparición de personas?

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares: un nombre largo para una ley con resultados cortos, dado que tiene apenas unas semanas de vida. Pero ¿es la ley acuciosa, viable, eficaz, amplia de miras? ¿Contempla todas las aristas de la tragedia, sus mil matices de tiempo, espacio o género, el crecimiento continuo de las estadísticas funestas? ¿Basta, pues, para enfrentar unas cifras igual de largas: 25 mil desaparecidos y sumando, como hemos visto recientemente en las noticias de Guerrero, el Estado de México, Chihuahua?

REGRESAR
    1. Lydia Cacho

      Infancia desaparecida

      Periodista y defensora de los derechos ...
    2. Alfonso Valenzuela

      Visibilizar a los ...

      Director del Observatorio de Seguridad ...
    3. Antonio López Ugalde

      La permanente impunidad

      Miembro del Consejo Asesor del Instituto ...
    4. Jessica Zarkin

      La necesidad de la ...

      Politóloga.
    5. Humberto Francisco Guerrero Rosales

      La ley que necesitamos

      Coordinador de Derechos Humanos de Fundar, ...

La responsabilidad de muchos

Arturo Alvarado

Investigador del Colmex.

El problema de violencia que abruma a los mexicanos hace más de dos décadas tiene muchas vertientes. Una de las más sensibles es el fenómeno de los desaparecidos.

Hacia marzo de 2015, se enlistaron "oficialmente" cerca de 25 mil personas "no localizadas" en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, uno de los registros públicos que han sido motivo de disputa con las asociaciones de desaparecidos y de derechos humanos. La mayoría corresponde a víctimas entre las administraciones de Calderón y Peña Nieto (40%), pero este problema no es nuevo, pues existen varias centenas de casos originados en el período de los años 60 y 70, ocurridos durante la llamada "guerra sucia".

La CNDH y Amnistía Internacional han elaborado reportes de estos crímenes, vinculados a la noción de "desaparición forzada". En 2003 Amnistía Internacional realizó un estudio más amplio en Ciudad Juárez. En los años recientes y con los trágicos eventos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Guerrero, el año antepasado, así como las recientes casos ocurridos en Veracruz, sugieren la idea de que el fenómeno está creciendo de manera irresistible en todo el país.

¿Qué son los desaparecidos? El primer problema que enfrentamos es que la noción más utilizada para tratar de enmarcar este crimen refiere a la desaparición forzada, entendida como el arresto, la detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad, ya sea por agentes del Estado o con autorización de estos actores o por personas o grupos que actúan en nombre o con autorización o aquiesencia del Estado. Está acompañada por lo general por la negativa a reconocer el hecho criminal por distintas autoridades. Sin embargo, no todos los fenómenos que estamos experimentando son desapariciones forzadas, pues algunos delitos son cometidos por organizaciones criminales no estatales o por particulares, producto de venganzas o mandatos de otras personas u organizaciones.

Al registro de desaparecidos hay que sumarle en México otra macabra serie de hechos delictivos que manifiestan una forma emergente de violencia estructurada en los cada vez mayores hallazgos de fosas clandestinas en cerca de 17 entidades del país. Este autor realizó un estudio sobre fosas o cementerios clandestinos en México, varios de los cuales tiene más de diez años de existencia, acorde con el estado en que fueron encontrados los restos humanos. Son cuerpos sin nombre ni identificación. Otro gran problema ha ocurrido en Ciudad Juárez con las mujeres desaparecidas desde los 90 y en los años más recientes en otras entidades como el Estado de México. Estos restos humanos de desaparecidos son parte de otro amplio fenómeno de violencia extrema. ¿Y qué decir de los migrantes encontrados muertos en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010? Son parte de los migrantes desaparecidos en México. ¿Y los casi 350 desaparecidos en Ciudad Cuauhtémoc a lo largo de casi ocho años (reportado por MILENIO)? A estas víctimas sin nombre ni rostro no se agregarían los "levantados" por organizaciones criminales ni los "desplazados" producto de la migración forzada, lo que nos lleva a cuestionar la calidad de la información pública sobre los homicidios en México.

La tasa oficial de homicidios es de cerca de 21 muertos por cada 100 mil habitantes. El gobierno actual ha manipulado las cifras y aduce que disminuyeron, pero la evidencia en contra emana de todas partes. Si sumamos todos los desaparecidos y las fosas clandestinas, la mortalidad por agresiones en el país se encontraría entre las más altas de la región y nos hablaría de una violencia organizada, de una confrontación bélica que viola los derechos humanos y a la cual el gobierno no tiene idea, capacidad ni voluntad para enfrentar.

El siguiente problema es que en estas desapariciones no hay evidencia de actores estatales involucrados. Tenemos crímenes como las desapariciones de mujeres, o las de estudiantes, o las numerosas desapariciones de personas jóvenes dentro de una localidad, o las desapariciones de migrantes. ¿De quién han sido víctimas? Y otro problema es que algunas personas han desaparecido sin motivo aparente. A casi todos esos casos los acompaña la impunidad. ¿Cuántas personas han sido juzgadas y sentenciadas por estos crímenes?

El tercer problema es que el Estado no ha reconocido plenamente la crisis y no ha asumido la responsabilidad de protegernos. La mayoría de las autoridades federales y estatales son omisas. Primero, se niegan a reconocer que existen los casos, a definirlos como crímenes en las leyes mexicanas; el siguiente paso es o "dejar de actuar", o manipular los procesos de investigación, o producir averiguaciones falsas. La peor faceta de esta conducta la protagonizaron las autoridades que construyeron investigaciones con resultados alejados de la realidad y de los hechos verídicos, como ocurrió con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y con los feminicidios.

A la lista de víctimas hay que agregar a los familiares. Miles de personas han concurrido ante las autoridades y varios se han organizado en diversas formas, ya sea como asociaciones de derechos humanos o de búsqueda de sus familiares en territorios diversos, que arrancan en Tijuana y se extienden a otras partes del territorio, con lo cual han surgido algunas organizaciones nacionales. Así surgió un "movimiento" por las víctimas que desde 2011 obligó al gobierno a crear la Ley General de Víctimas.

El Estado mexicano no ha brindado la atención correcta al problema, no obstante que el presidente Peña Nieto haya enviado al Congreso una iniciativa de ley contra las desapariciones en diciembre pasado. No existe una política pública comprensiva. La legislación actual es incompleta e inconsistente, y la estatal es deplorable. Los gobernadores tratan de protegerse más que de ayudar a las víctimas; enfrentan numerosos problemas de actuación ilegal de ellos y sus policías federales, estatales y municipales. Las comisiones de derechos humanos han estado a la zaga y algunas han actuado también en forma incorrecta.

¿Cómo solucionar el problema? Reconocer, diagnosticar juzgar.

La solución empieza por convencer a las autoridades estatales de reconocer el problema, definir una política legislativa y construir las instituciones para enfrentar el reto. La definición de "desaparecidos" requiere ajustarse a la realidad que vivimos, en virtud de que muchas personas desaparecidas no son o han sido víctimas de la participación de agentes del Estado o el delito no ha sido cometido únicamente por agentes estatales, sino por una serie imprecisa de otros actores criminales, por actos que deberían ser también definidos como crímenes de lesa humanidad.

Hasta ahora el problema no ha sido definido con propiedad ni amplitud por parte del gobierno, como tampoco por ninguno de los numerosos actores de la sociedad civil, de organismos de derechos humanos y otros internacionales. El problema debe ser atendido en el más amplio contexto de la violencia criminal y social que vive el país en estos años, y no tratarse como una dimensión aislada del proceso que vivimos los mexicanos. En este sentido, es necesario reconocer que las desapariciones, los homicidios y las numerosas formas de violencia criminal, sexual, de género e institucional, son parte de un mismo proceso histórico de violencia social y política.

Es necesario atender las recomendaciones internacionales sobre la legislación, como también los acuerdos nacionales con organizaciones civiles. El delito debe mantenerse vigente hasta que no se tenga conocimiento del paradero de la persona desaparecida. Esto pasa por una revisión completa de la legislación para tipificar las desapariciones no sólo cometidas por actores estatales, sino por otro conjunto no estatal de organizaciones y personas. Por garantizar la integración de una denuncia y el inicio inmediato de una averiguación exhaustiva, sistemática, conforme al debido proceso. Debe incluirse además el derecho de los familiares a participar en la investigación. En el caso de que haya indicios de involucramiento de actores estatales, debe crearse un mecanismo especial. Hay que reformar los códigos de justicia militar para que todos los cuerpos castrenses involucrados en estos casos sean procesados por la justicia civil.

Hay que Integrar una base de datos pública comprensiva, que incluya no sólo los reportes de los desaparecidos. Estos organismos, junto con el INEGI, deben colaborar para construir una estadística completa, con definiciones precisas y completas de los desaparecidos, así como de las características, situación y momento donde ocurrieron los hechos. Deben incluirse los reportes de fosas clandestinas, los reportes de migrantes desaparecidos, de las mujeres, y hay que mejorar la estadística de mortalidad.

Habrá, en fin, que diseñar un programa nacional adecuado a las dimensiones del problema, crear la capacidad institucional para procesarlo y garantizar la reparación integral para encontrar la verdad, la justicia y la paz.